Fuente: Civio                                                                                   09/03/24

Periodismo y acción para vigilar lo público

De aquellos barros, estos lodos

Intermediarios dándose el festín a costa de la pandemia. Administraciones públicas eludiendo sus controles. Asesores poco discretos campando a sus anchas. En Civio nos proponemos ver más allá del ruido, abrir el campo de visión y fijarnos en algunos de los puntos ciegos que facilitan que sucedan casos como estos, y quizá otros en el futuro.

El caldo de cultivo de todo lo que estamos conociendo a cuentagotas hace años que está ahí, lo hemos investigado y denunciado insistentemente, y te lo vamos a contar. Porque tenemos mucho que decir.

Un procedimiento justificado | En situaciones como la pandemia de 2020, las administraciones públicas podían contratar a dedo, sin abrir expediente e incluso solo con hablarlo, o por teléfono, sin firmar nada. Y la contratación de emergencia estaba plenamente justificada en casos así. Pero, como siempre, el diablo estaba en los detalles. Entre miles de adjudicaciones exprés, algunos organismos echaron mucha imaginación para colar, entre cientos de miles de contratos, concesiones de tele pública, piscinas, compra de pistolas táser y hasta camellos para la cabalgata de Reyes. Sí, se trata de ejemplos reales que hemos sacado a la luz.

Muchos contratos en muy pocas manos | El procedimiento de emergencia -a dedo y con mínimos controles y transparencia- se usó en 16.589 contratos adjudicados y publicados a lo largo del año 2020. Sumaron un total de 6.445 millones de euros. Esa es la envergadura de nuestra base de datos, la más completa que conocemos sobre contratos de la pandemia. Cuatro empresas se llevaron el 10% de ese dinero. La que más, ni siquiera se dedicaba a asuntos sanitarios antes de la pandemia. Extraer, limpiar, estructurar, completar e investigar llevó meses, pero mereció la pena: la base de datos de contratación de emergencia más exhaustiva en España -y que sirvió para radiografiar, aun con sus lagunas, cómo contrataron nuestras instituciones- está a disposición de cualquiera. Incluso con un sencillo buscador.

• Un festín | A medida que transcurría la pandemia y escaseaba el stock de suministros, se desató una guerra de precios que derivó millones de euros a intermediarios avispados. Mientras unas administraciones adquirían mascarillas FFP2 a 25 céntimos, otras compraban el mismo producto y al mismo proveedor a 8 euros la unidad. El Ministerio de Sanidad llegó a pagar más de seis euros por cada bastoncillo con tubo para hacer pruebas PCR. Ayuntamientos y comunidades llegaron a desembolsar más de cien euros por una garrafa de cinco litros de gel hidroalcohólico. Los precios de algunos suministros se multiplicaron por 10 en semanas. Hubo empresas que se aprovecharon, que vendieron los mismos productos a unas administraciones más caros, y a otras más baratos, incluso en el mismo día. Hubo organismos públicos que pagaban de más, incluso cuando los precios ya habían bajado. Todo eso se intuía, pero en Civio fuimos los primeros en poner los datos sobre la mesa.

El tiempo juega en contra | Incluso durante una pandemia hay normas de la contratación pública que, a posteriori, son de obligado cumplimiento. Y la más importante es la de la transparencia: las adjudicaciones, aun siendo exprés, se debían publicar a los 15 días. No fue así: pusimos en marcha el cronómetro y demostramos que más de la mitad incumplieron esa regla. Los contratos que se publicaron tardaron una media de 43 días. Y otros los hemos conocido después, a raíz de un pufo. Los tres contratos del Servicio Canario de Salud con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía investigada ahora, se publicaron más de un año después.
Errores en la materia prima | Hubo un problema de base: muchos de los datos de contratos que publicaban las administraciones estaban mal. NIFs mal escritos, identificadores de producto o servicio que no encajan, nombres de empresas escritos de 40 formas diferentes… Que el Ayuntamiento de Oviedo publicase la adjudicación del mantenimiento de seis vehículos por 251.000 millones de euros (143 veces el presupuesto de Sanidad de toda Asturias, un error evidente) y nadie se diera cuenta lo refleja. Ni los propios entes públicos ni las plataformas de contratación detectaban ni corregían los casos más obvios. No era un problema puntual, era un fallo sistémica que afectaba, y aún lo hace, a todo el proceso.

Lo que no se mide no se puede controlar | Pusimos nuestros datos y métodos de análisis a disposición de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), de Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de Antifrau (Cataluña), la AVAF (Comunidad Valenciana), la OAIB (Baleares), reguladores de la competencia, tribunales de recursos contractuales, interventores… Entonces, ¿por qué no se detectaron todos los abusos? Información incompleta, pocos recursos para analizarla sistemáticamente, para cruzarla con otras fuentes de datos y obstáculos para conocer quiénes son los beneficiarios últimos de cada empresa son algunas de las causas que hemos identificado. Los casos burdos -adjudicar de emergencia la gestión de la piscina municipal o alquilar tres camellos para la cabalgata de Reyes- eran fáciles de ver, pero los más sutiles pasan bajo el radar.

Asesores, un secretismo que viene de lejos | La figura del eventual es perfectamente lícita siempre que se cumpla la ley. Pero, dado que es una vía de acceso a la función pública discrecional -coloquialmente, a dedo-, sin concurso de méritos ni anuncio público, desde 2013 investigamos y reclamamos el derecho a saber quiénes son, si están cualificados para el puesto, si existen posibles conflictos de interés o vinculaciones familiares o laborales anteriores con quienes les designan, como lo sabemos del resto del personal público. Parece lógico, pero si estás en el Gobierno seguramente no pienses así. La Ley de Transparencia obliga a hacer pública la estructura orgánica, la trayectoria profesional y las funciones de sus altos cargos, pero no incluye a los asesores. En 2014, llevamos al Ministerio de Presidencia más de 51.000 firmas para que esos nombres salieran del oscurantismo, y fruto de ello, el Gobierno de Mariano Rajoy sacó a la luz 130 asesores, entre los que no faltaban, claro, familiares y miembros del partido. Pero nunca más, desde entonces, se ha vuelto a hacer.

Una sentencia a favor, un gobierno en contra | Cada cierto tiempo reclamamos a todos los gobiernos la identidad de sus asesores, y todo han sido pegas. El Gobierno del PP se negó a darnos todos los nombres y, en 2019, ya con Sánchez en el Gobierno, solo cinco de 17 ministerios identificaron a todo su personal eventual. Incluso el Consejo de Transparencia rebajó sus exigencias de siempre y daba por bueno que se ocultasen los nombres de los asesores con un nivel inferior al 28. En 2019 se produjo un hito: Civio ganó en el Tribunal Supremo un proceso que llevó al Consejo de Transparencia a redefinir su criterio. El fallo del Alto Tribunal era contundente: los organismos públicos, incluidos los ministerios, deben identificar a todos sus eventuales del mismo modo que a cualquier funcionario público. Pero si piensas que esta sentencia iluminaría un camino de rosas, no ha sido así. El Gobierno de Sánchez ha seguido oponiéndose sistemática y absurdamente en los tribunales a ser transparente sobre quiénes le asesoran.

Aprender a afrontar los dilemas de la transparencia | Hoy no sabemos la identidad de la mayoría de los 869 asesores que actualmente trabajan para el Gobierno de coalición, pero sí quiénes han sido todos los que han estado en activo entre 2010 y 2020 en ministerios y en Patrimonio del Estado. Son 2.247 personas en total. Conforman la base de datos más completa que se ha publicado sobre este tema hasta la fecha y, seguramente, la mayoría esté cualificada para el cargo público que ocupa. Lo que tenemos meridianamente claro es que tenemos derecho a comprobarlo y a vigilar y denunciar posibles conflictos de interés o fraude en su contratación. Recuerda: el Supremo lo ha ratificado. Porque nadie que trabaje en lo público, y menos en puestos relevantes, puede permanecer en el anonimato. Porque trabajan para nosotros, aunque a veces a todos los gobiernos, de todos colores, se les olvide.
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