Fuente: A Fondo 1/2019/Encarni Castillo/Canarias3puntocero/Amnistía Internacional

Aunque normalmente los procesos judiciales son lentos y en algunas ocasiones adolecen de muchas irregularidades, estamos asistiendo a una serie de sentencias judiciales que se posicionan del lado de las comunidades locales y reconocen sus derechos. Este es el caso de dos sentencias, una en Sierra Leona y otra en Sudáfrica, que dan esperanza a todas aquellas familias que esperan recuperar sus tierras.
La sentencia judicial en Sierra Leona ha ordenado a una compañía
internacional de aceite de palma devolver una gran cantidad de tierras a sus propietarios originales. En 2011, el Gobierno de Sierra
Leona arrendó esas tierras en el norte del país a Siva Group, una
compañía con sede en Singapur cuya principal actividad es el aceite
de palma. Los propietarios de las tierras se vieron obligados a aceptar la imposición del Gobierno sin estar de acuerdo con ella.

Las tierras que cultivaban para su propio sustento fueron destruidas para permitir la plantación de miles de palmeras de aceite. Pero cuando la compañía dejó de pagar las rentas acordadas durante tres años, los campesinos vieron la oportunidad de reclamar lo que era suyo y, al final, lo han obtenido. El juez ha ordenado a la empresa restituir las 41.500 hectáreas a la comunidad y una multa de 250.000 dólares para la empresa.
En Sudáfrica, el Tribunal Superior de Gauteng Septentrional ha señalado que el gobierno no puede conceder una licencia para la extracción de titanio, un mineral muy importante en la fabricación de ordenadores o aviones, en el territorio de Xolobeni sin el consentimiento de la comunidad local. Esta sentencia judicial es una victoria para el pueblo de Xolobeni, que ha librado una larga lucha
por su derecho a decir NO a la minería en sus tierras ancestrales. La sentencia envía un mensaje claro a las empresas mineras multinacionales de que no pueden pisotear los derechos de las personas en su búsqueda de beneficios. Asimismo, insta al gobierno a garantizar que se celebra una consulta informada con las comunidades afectadas antes de conceder futuras licencias de explotación minera.
Todo empezó cuando una filial de la empresa minera australiana MRC solicitó en 2008 el derecho a extraer titanio en el distrito de Umgungundlovu, situado en la costa oriental de Sudáfrica. Los habitantes de Xolobeni fundaron el Comité Amadiba de Crisis para impugnar el proyecto minero, argumentando que constituía una privación de sus tierras ancestrales que amenazaba con arrebatarles
su historia y sus medios de subsistencia. Han sido necesarios 10 años de lucha y mucho sufrimiento hasta llegar al dictamen de este tribunal.
La inversión extranjera ha experimentado un gran auge en las últimas décadas en toda África. El patrón se repite en casi todos los países, los diferentes gobiernos arrendan miles de hectáreas, muchas veces sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, a grandes grupos internacionales. Estos terrenos son destinados a cultivos para la exportación, como pueden ser palma de aceite,
caña de azúcar, arroz, piña… o a explotación minera. Las compañías prometen crear muchos empleos y rehabilitar la infraestructura local; promesas que nunca se cumplen. Desde un primer momento, las comunidades locales suelen oponerse a este tipo de contratos opacos y se organizan para resistir, pero con la ayuda de la policía y el ejército, los campesinos suelen ser expulsados de sus tierras y comienza un camino de impotencia y desesperación en el que solo tienen una alternativa: RESISTIR.
Estas sentencias marcan un cambio de actitud de la judicatura concerniente a los temas de usurpación de tierras. No se trata sólo de una victoria para una comunidad en concreto, sino que nos encontramos ante decisiones históricas, pues son de las primeras sentencias en reconocer los derechos de las comunidades a recuperar las tierras arrendadas a empresas extranjeras. De ahí que el fallo de estos tribunales venga cargado de esperanza para todos los campesinos que luchan por recuperar sus tierras en tantos y tantos países.