Fuente: Umoya num. 98 – 1er trimestre 2020                                           Aline Hubert (Dakar, Senegal). Asistente técnica en Gestión integrada de recursos hídricos de la ONG Gret.
Fotos cedidas por Gret

En Senegal, la ONG Gret ha puesto en marcha una iniciativa para que los actores locales, incluyendo a los usuarios, gestionen y decidan sobre el manejo de sus recursos hídricos, un bien escaso y valioso sobre el que la comunidad debería tener derecho a opinar.

Por una dialéctica del agua y de la democracia: la experiencia de Gret en Senegal

Dakar, diciembre 2019: se produce un corte de agua en varios barrios de la capital. A algunos kilómetros de allí, varios pueblos ni siquiera tienen acceso a la red de aguas. En 2015, en África subsahariana solo un 24% de la población tenía acceso a una fuente segura de agua potable . Pero el agua potable solo supone 12% de las extracciones de agua del planeta frente al 19% de la industria y al 69% de la agricultura y la ganadería.
Falta de inversiones, problemas técnicos, mala gestión, contaminación, derroche, agotamiento de recursos y, además, conflictos… Frente a tan compleja situación, los Estados recurren a expertos o a sociedades privadas de distribución de agua como prestatarios del servicio público olvidando de esta manera dos dimensiones fundamentales.

Por un lado, la gestión del recurso en sí mismo puesto que las situaciones de sobreexplotación se multiplican y, por otro lado, su aspecto político, tanto más importante cuanto que las situaciones de penuria implican un reparto del recurso y eso conlleva seleccionar. En Senegal, la zona de Niayes concentra precisamente un gran número de desafíos ligados al agua. Ecosistema situado en la orilla del litoral entre Dakar y Saint Louis es el teatro de intensas actividades hortícolas y mineras que agotan y contaminan los acuíferos provocando daños medioambientales y conflictos sociales condenados a intensificarse en los próximos años debido al incremento demográfico y al cambio climático.
En 1968, Garett Hardin desarrolla la teoría de «La tragedia de los bienes comunes»: un proceso de sobreexplotación que amenazaría cualquier recurso compartido de acceso libre. ¿Estaría la zona de Niayes viviendo tal fenómeno? Las conclusiones de Hardin fueron más tarde desechadas y, en 1990, Elinor Ostrom calificó como «comunes» los recursos compartidos cuya gestión colectiva aseguraría su perennidad y cuyas reglas de uso serían definidas por un modelo de gobernanza escogido por la comunidad misma. Los trabajos de Ostrom (re)afirman que, más allá del mercado o del Estado, la perspectiva de una gestión local y democrática de los recursos es posible.
Bajo esta aproximación se crearon, en la zona de Niayes y con el apoyo de la ONG Gret, las «Plataformas Locales del Agua» (PLE por sus siglas en francés). Se trata de asociaciones con un innovador sistema de gobernanza que reúne a actores locales a fin de gestionar con eficacia, pero sobre todo de manera duradera y equitativa, los recursos de agua actuales. La iniciativa plantea al menos dos cuestiones. Para empezar, ¿cuál es la legitimidad procesal de estas instituciones de interés general? En segundo lugar, ¿cuál es su legitimidad científica a la hora de gestionar con sensatez los recursos de agua del territorio? La primera identificación de actores la llevó a cabo Gret entre usuarios, servicios técnicos y autoridades administrativas y tradicionales. A lo largo del tiempo su composición evolucionó hasta reunir al final a los actores más comprometidos y a los más disponibles, que son quienes constituyen el órgano decisorio de la asociación. Pero este dinamismo de las estructuras tiene un precio: esta composición no puede garantizar una representatividad a todos los niveles. Para equilibrar la relación de fuerzas entre los distintos grupos de interés, Gret propuso poner en marcha un sistema de ponderación de voces. Propuesta que fue rechazada por las PLE bajo el argumento: «en democracia, una persona = una voz».
Otra barrera de legitimidad procesal de las PLE es la rigidez del marco legislativo senegalés que, de momento, no reconoce este tipo de instituciones. Aunque en Senegal el proceso de descentralización está teóricamente en curso, la herencia colonial francesa de corte jacobina sigue manteniendo su impronta y el poder de decisión de las PLE queda muy mermado. La reforma del código del agua iniciada en 2014 deja, sin embargo, la puerta abierta a una mejora de la situación de las PLE en el futuro.
Pero ¿podría dejarse la gestión de los recursos del agua en manos de los actores locales? Algunos responderán que no, argumentando que es necesario tener conocimientos científicos y técnicos, comprender los desafíos, las limitaciones, los riesgos e incertidumbres así como tener capacidad de planificación, seguimiento y evaluación. La experiencia de las PLE se creó justo con la intención opuesta: no dejar en manos de los expertos (o supuestos expertos) el derecho a decidir de los ciudadanos, estos últimos tienen que ser capaces de decidir por sí mismos con conocimiento de causa. Por medio de juegos, representaciones teatrales, presentaciones y debates, las PLE han instruido en ámbitos tan dispares como hidrogeología, criterios y test de calidad del agua, agroecología, legislación sobre el uso del agua, etc. De esta forma los ciudadanos desarrollan un mayor sentido crítico y aprenden a justificar mejor sus argumentos.
En definitiva, la historia de las PLE puede considerarse un ejemplo de construcción de acción pública. Ya sea como instrumento de emancipación territorial, medio de aprendizaje colectivo o experimentación democrática, estas estructuras de gobernanza local siguen los pasos necesarios para conseguir transformar los recursos hídricos de su zona en un auténtico «común». En el contexto mundial actual, la necesidad de establecer el vínculo entre democracia y medio ambiente debe, ahora más que nunca, reafirmarse.