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Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall
Por primera vez en casi veinte años, el Tribunal Superior de Justicia de Senegal juzgará a exministros acusados de malversación de fondos relacionados con el fondo Covid. Una decisión emblemática que refleja la voluntad del presidente Bassirou Diomaye Faye de romper con la impunidad, pero que divide profundamente a la clase política.
Se trata de un procedimiento excepcional en la historia de Senegal. Por primera vez en casi dos décadas, el Tribunal Superior de Justicia será activado para juzgar a ex miembros de un gobierno. Cinco exministros del presidente Macky Sall están en la mira, acusados de malversación de fondos públicos, principalmente vinculados a la gestión del fondo anti-Covid. Esta decisión, fruto del voto mayoritario de los diputados, marca un punto de inflexión político en la era de Bassirou Diomaye Faye, recién elegido con una promesa clave: la lucha sin cuartel contra la corrupción.
Un procedimiento muy raro en la historia judicial senegalesa
Desde la independencia en 1960, el Tribunal Superior de Justicia sólo ha sido convocado dos veces. La primera vez fue en 1963 con el juez Mamadou Dia, entonces presidente del Consejo, y la segunda en 2005 con el ex primer ministro Idrissa Seck. La activación de esta jurisdicción especial, competente únicamente para juzgar a jefes de Estado y ministros por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, da testimonio de la gravedad de las acusaciones actuales. Esta vez, los nombres de Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Salimata Diop e Ismaïla Madior Fall estarán en el centro de los debates.
Las acusaciones son graves. La mayoría de los acusados son sospechosos de haber malversado sumas colosales del fondo «fuerza Covid-19», estimado en 1 billón de francos CFA, que debía reforzar el sistema sanitario y ayudar a los hogares durante la pandemia. Moustapha Diop habría gastado 2.500 millones de dólares en efectivo en la producción de mascarillas, violando las normas contables. Mansour Faye, cuñado del ex presidente, está acusado de un excedente injustificado de 2.700 millones de dólares en compras de arroz. En cuanto a Gladima y Salimata Diop, deben justificar respectivamente gastos de 193 y 57 millones de FCFA para proyectos relacionados con la crisis sanitaria.
Ismaïla Madior Fall, un caso especial
El ex ministro de Justicia Ismaïla Madior Fall se distingue del resto. No está siendo procesado por su gestión del fondo Covid, sino por presuntos actos de corrupción y cohecho. Un promotor inmobiliario le acusa de haber exigido 250 millones de francos CFA para la adjudicación de un contrato, suma de la que habría abonado un depósito de 50 millones antes de la rescisión del contrato. Afirmaciones que él refuta categóricamente. Su caso podría sentar un precedente delicado porque llega al corazón del propio sistema judicial.
Bajo el liderazgo de Bassirou Diomaye Faye, elegido en marzo de 2024, este proceso forma parte de una vasta operación de «rendición de cuentas» propugnada por el nuevo poder. Con una mayoría parlamentaria detrás de su coalición, el régimen está intensificando sus investigaciones contra ex dignatarios de la administración de Sall. Para sus partidarios, se trata de restaurar la transparencia y la integridad del Estado. Pero la oposición denuncia una «jurisdicción excepcional», una «caza de brujas» y teme un deslizamiento hacia una justicia instrumentalizada.
Una sociedad senegalesa dividida pero atenta
Este proceso altamente simbólico promete ser seguido muy de cerca por la opinión pública. En un país donde los escándalos financieros a menudo han dejado un sabor a impunidad, muchos esperan ver el surgimiento de una nueva era de responsabilidad. Para otros, la decisión del Tribunal Superior de Justicia, sin apelación ni recurso, suscita temores respecto de los derechos de la defensa. En cualquier caso, este momento judicial podría redefinir las líneas de poder y responsabilidad política en Senegal para los próximos años.