El 11 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional de Senegal aprobó una ley que eleva las penas por relaciones homosexuales a entre cinco y diez años de prisión y criminaliza la «apología» de cualquier vínculo afectivo entre personas del mismo sexo. El resultado de la votación fue de 135 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. La sesión duró diez horas. El Gobierno decidió que fuera el ministro del Interior quien defendiera la propuesta ante la Asamblea, elevando así lo que debería ser una cuestión de derechos humanos a un asunto de seguridad nacional. Mientras tanto, la legisladora Diaraye Ba pronunció ante el pleno, en medio de aplausos, la siguiente declaración: «Los homosexuales ya no respirarán en este país.»
Esta frase merece ser leída despacio. No como metáfora. Como proyecto político.
La reforma modifica el artículo 319 del Código Penal senegalés, impulsada a petición del primer ministro, Ousmane Sonko, una figura que llegó al poder con un discurso de ruptura anticolonial y soberanía popular. El texto también aumenta las multas hasta 10 millones de francos CFA —más de 15.000 euros— y persigue a quien haga apología de las relaciones homosexuales. La ley debe ser promulgada por el presidente Bassirou Diomaye Faye. Tanto ONUSIDA como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, le han pedido que no firme. La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, advirtió que leyes así agravan el estigma y el miedo, dificultan el acceso a tratamientos vitales y empujan a las personas a la clandestinidad, alejándolas de los servicios médicos que pueden salvarles la vida.
Desde el pensamiento afrofeminista, este tipo de decisiones se leen como la superposición de violencias que se retroalimentan y que solo se pueden desmantelar si se analizan juntas. No existe jerarquía entre las opresiones. Combatir el racismo y el colonialismo mientras se tolera la homofobia en la comunidad negra no es coherencia política, es complicidad. La jurista y afrofeminista ugandesa Sylvia Tamale, en sus estudios sobre sexualidades africanas, ha documentado cómo la criminalización de la diversidad sexual en el continente es, en su raíz, una herencia del proyecto colonial. Las potencias coloniales —el Imperio británico en particular— introdujeron un régimen normativo que regulaba la sexualidad de los africanos. Ese control legal sobre el sexo fue una herramienta de disciplina colonial. Lo que hoy se presenta como defensa de la cultura africana fue, en muchos casos, la internalización de un código moral victoriano importado a la fuerza, tal y como documenta el legado colonial de la fobia LGTBIQ+ estudiado por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Aquí, el caso de Senegal exige una precisión. A diferencia de países como Ghana, Tanzania o Sierra Leona, las normas contra la homoxesualidad en Senegal no son una herencia directa del derecho colonial francés. En los territorios colonizados por Francia, el Código Napoleónico no penalizaba explícitamente las relaciones homosexuales consentidas entre adultos —despenalizadas en Francia en 1791—, aunque la administración colonial utilizó otras figuras legales y prácticas policiales para controlar la sexualidad. Cuando Senegal se independizó en 1960, la legislación francesa que regía el territorio no incluía criminalización por orientación sexual. Fue el propio Estado postcolonial senegalés, bajo la influencia creciente del clero musulmán, quien adoptó la criminalización en la reforma del código penal de 1965. La tradición wolof —pueblo mayoritario en Senegal— reconocía incluso la figura del gor-digen, un hombre con identidad de género femenina que ejercía un rol social aceptado. Ese reconocimiento desapareció con la consolidación del Estado nación y la presión religiosa. Lo que los legisladores senegaleses llaman «cultura» es, con rigor histórico, una construcción política poscolonial que borró diversidades preexistentes.
La trampa del argumento soberanista funciona así: se invoca la resistencia al imperialismo occidental para justificar una ley que persigue a los cuerpos más vulnerables de la sociedad. Se presenta la homofobia como autenticidad africana para silenciar a quienes cuestionan al poder desde adentro. En ese juego retórico, el Gobierno de Sonko no defiende ninguna raíz ancestral. Usa la violencia contra las personas LGTBIQ+ como espectáculo de legitimación política. El pánico moral es siempre una herramienta de distracción eficaz: mientras se criminaliza el amor entre personas del mismo sexo, se desplazan del debate público la corrupción, la pobreza o la represión política. No es la primera vez que un Gobierno del continente recurre a este mecanismo.
Hay, además, una capa que desmonta el discurso soberanista desde adentro. El islam tradicional en Senegal se construyó históricamente en torno a las cofradías sufíes, la Tijaniyya y la Mouridiyya, un islam sincrético, integrado en la cultura wolof, que normalizó las relaciones con los cristianos y otros grupos y funcionó durante generaciones como red de cohesión social. Ese no es el islam que empuja esta ley. El movimiento And Samm Jikko Yi —la red de organizaciones religiosas conservadoras que presionó para la aprobación de la norma y que instó públicamente al presidente Faye a firmarla cuanto antes— expresa una corriente bien distinta y de origen muy concreto. A partir de 1970, gracias al dinero de las exportaciones de petróleo, el gobierno saudita empezó a financiar mezquitas y escuelas donde estudiar la interpretación wahabista del islam alrededor del mundo. Las corrientes salafistas comenzaron a expandirse con fuerza en África subsahariana a partir de mediados del siglo XX, impulsadas por financiación y redes religiosas vinculadas a Arabia Saudí. Senegal no ha sido una excepción. Ousmane Sonko se presenta como líder anticolonialista que rechaza la injerencia occidental, pero impulsa una ley incubada en buena parte por décadas de influencia teológica de Arabia Saudí, que ha ido reemplazando el islam local por un rigorismo importado del Golfo Pérsico. Resistir el imperialismo cultural de Occidente mientras se cede al imperialismo religioso saudí no es soberanía. Es sustituir una dependencia por otra.
El impacto concreto de esta ley ya está sucediendo antes de su promulgación. En las semanas previas a la votación, la policía arrestó a doce hombres, entre ellos dos figuras públicas y un conocido periodista, por presuntas relaciones homosexuales. Según testimonios locales, una simple denuncia anónima puede derivar en registros o linchamientos públicos. La nueva redacción del Código Penal convierte además a periodistas, activistas y organizaciones que defiendan los derechos LGTBIQ+ en posibles objetivos legales. Es la criminalización de la solidaridad. La penalización del pensamiento. Una realidad que la fotógrafa y activista visual Zanele Muholi lleva décadas denunciando al documentar cómo las comunidades negras LGTBI en África asisten a más funerales que fiestas.
El afrofeminismo no observa esta realidad desde la distancia cómoda. La pregunta que nos hacemos es también una pregunta política: ¿qué clase de proyecto de liberación excluye a una parte de su propio pueblo? Un anticolonialismo que persigue a las personas por su orientación sexual no es anticolonialismo. Es una nueva versión del mismo control patriarcal de los cuerpos, ahora ejercido en nombre de la nación. La interseccionalidad nos enseña que las opresiones se articulan: quien padece racismo y homofobia simultáneamente no tiene el privilegio de elegir cuál combatir primero.
Las personas LGTBIQ+ en Senegal no son una amenaza cultural. Son senegalesas y senegaleses. Son parte del tejido social que construye ese país cada día. Negarles el aire, como anunció Diaraye Ba ante el parlamento, no es conservar ninguna tradición. Es violencia de Estado. Y nombrarla como tal, desde aquí, forma parte también de la misma lucha.
Afroféminas
