La educación pública en España se presume como el gran motor de movilidad social y el espacio de convivencia por excelencia. En algunas localidades de la geografía aragonesa, esta promesa se rompe entre las paredes de aulas diseñadas, presuntamente, para integrar, que en la práctica funcionan como espacios de exclusión.
La creación de la «vía del aislamiento»
En municipios con un alto índice de población migrante debido a la actividad agrícola, como es el caso de la comarca del Bajo Aragón-Caspe, la escuela se convierte en el termómetro de la salud democrática de la región. Testimonios de profesionales que han pasado por centros de la zona denuncian una práctica alarmante: la división del alumnado en itinerarios que separan de forma sistemática a los niños y niñas según su origen.
Según estas informaciones, ciertos centros emplean una estructura de tres vías (A, B y C) donde la «Vía A» queda reservada exclusivamente para alumnado inmigrante. Bajo la denominación técnica —y a menudo cuestionada— de «clases de desconocimiento del idioma», se establece una frontera física y pedagógica dentro del propio colegio.
El análisis de esta situación revela patrones que, desde una perspectiva antirracista, podrían calificarse como violencia institucional educativa.
Segregación de facto. Aunque el objetivo oficial es el refuerzo lingüístico temporal, los testimonios indican que el paso a las aulas ordinarias es, en muchos casos, inexistente o discrecional, cronificando la separación del alumnado.
Desigualdad de recursos. Se señala una precariedad material manifiesta en estas aulas «A», donde los recursos didácticos son inferiores a los de las líneas donde se encuentra el alumnado autóctono.
Abandono docente. La gestión de estas aulas recae frecuentemente en personal interino con escasa formación específica en interculturalidad, debido a la falta de incentivos o al rechazo que generan estos grupos en el claustro, lo que redunda en una menor calidad educativa.
La justificación falaz de la exclusión
Desde Afroféminas, entendemos que llamar «clase de desconocimiento» a un aula segregada es un ejercicio de lenguaje político destinado a neutralizar la crítica.Estamos ante un modelo de exclusión estructural. Esta práctica impide la socialización natural entre iguales y lanza un mensaje devastador a la infancia migrante —vuestra presencia es un «problema» que debe ser aislado hasta que os «normalicéis»—. Este marco ideológico excluyente refuerza el racismo ambiental del entorno rural, donde el trabajador migrante es aceptado en el campo (siempre que acepte trabajar en condiciones de semiesclavitud), donde su descendencia es segregada en la escuela.
Este fenómeno conecta con dinámicas documentadas por el Observatorio de la Segregación Escolar, que ha señalado cómo las políticas educativas regionales inciden directamente en los índices de segregación. El informe de CCOO de 2024 confirma que España presenta uno de los niveles más altos de segregación escolar de Europa.
El silencio del miedo
Resulta significativo que, a pesar de que la Inspección Educativa sería conocedora de estas dinámicas, no se hayan tomado medidas contundentes para garantizar la heterogeneidad de las aulas. En entornos rurales, el miedo al «señalamiento» actúa como una mordaza tanto para profesionales como para familias. Estas últimas, a menudo en situación de vulnerabilidad administrativa o económica, carecen de las redes de apoyo necesarias para denunciar lo que consideran una vulneración de los derechos de sus hijos.
Este patrón de desprotección institucional ha sido ampliamente documentado por Afroféminas. Como se analiza en «¿Quién protege a nuestras hijas? Racismo institucional y acoso en las escuelas», cuando el mismo patrón se repite en distintos territorios y con distintos actores, estamos ante un patrón de comportamiento racista. Estamos ante un sistema que actúa como fue diseñado. Las investigaciones sobre «El racismo oculto que afecta al abandono escolar» demuestran que muchos jóvenes migrantes y racializados no abandonan la escuela. Son expulsados por un sistema educativo que no reconoce sus realidades.
La situación denunciada en estos centros de Aragón plantea una pregunta para las instituciones. ¿Es la escuela pública un espacio de integración o un mecanismo de clasificación racial?La existencia de «clases gueto» es una decisión política que perpetúa la subalternidad. Desde el feminismo negro y antirracista, exigimos que la Inspección de Educación actúe sobre la realidad segregada de los patios y las aulas. Como ya se denunciamos en «Racismo en la escuela pública española», creer que la escuela pública española no es racista es absurdo. No habrá convivencia real mientras el origen determine el pupitre.
Afroféminas
