La crisis del sistema de salud en América Latina no es una anomalía de gestión; es la manifestación profunda de una desposesión estructural. Desde hace décadas, una racionalidad neoliberal transforma la salud, un derecho conquistado por los pueblos, en una mercancía regulada por el lucro y la capacidad de pago. Este proceso es sistémico y opera mediante una transferencia de valor silenciosa y metódica: la fuga de plusvalía sanitaria.

La desposesión: El mecanismo de la plusvalía

La desposesión se ejecuta en pequeñas dosis, degradando el financiamiento, fragmentando la red asistencial y trasladando costos a la población. Se instala una “pedagogía del desgaste” que normaliza la escasez: no hay turnos, no hay insumos. El mensaje es que el Estado “no puede”, forzando a un sector de la sociedad hacia el mercado. Pero esa deriva mercantil no es una opción real para las mayorías populares: la imposibilidad material de pagar prestaciones, medicamentos o seguros deja a amplios sectores directamente desamparados. La expulsión del sistema público no los ‘integra’, los expone a la intemperie sanitaria.

En el corazón de esta desposesión está la plusvalía sanitaria, el valor social que generan los trabajadores (al atender, cuidar, diagnosticar) y que no retorna a ellos ni al sistema público, sino que se convierte en ganancia privada. Esta fuga de valor se concreta a través de tres mecanismos estructurales:

Precios inflados de insumos y medicamentos: Los laboratorios, amparados en patentes y un mercado concentrado, fijan precios por encima del costo real. La diferencia es una extracción directa de valor público.

Intermediación y aseguradoras: Las prestadoras no producen salud, solo administran trámites. Retienen porcentajes enormes del financiamiento, haciendo que la plusvalía quede en la empresa intermediaria, no en la atención ni en el trabajador.

Tercerización de servicios esenciales: Al privatizar limpieza, catering o mantenimiento, la empresa paga sueldos bajos y cobra tarifas elevadas al Estado. El margen que antes era capacidad pública se convierte en rentabilidad empresarial.

El DNU 70/23 en Argentina no hizo más que profundizar esta crisis. Siguiendo una lógica de ajuste fiscal y retirada estatal, debilitó programas estratégicos, redujo la provisión de medicamentos esenciales y reorganizó la arquitectura financiera del sistema en favor del mercado, acelerando la fuga de valor público hacia manos privadas.

En este escenario, el crecimiento sostenido de enfermedades crónicas, trastornos de salud mental, afecciones vinculadas al estrés, al deterioro ambiental y a la precarización de la vida laboral no puede leerse como un fenómeno aislado o meramente biomédico. Responde a un entramado político y económico que produce sistemáticamente condiciones de vulnerabilidad. Cuando el Estado se subordina al mercado, las enfermedades dejan de ser un problema colectivo para convertirse en una carga individual.

El aumento de la morbilidad, lejos de ser accidental, expresa las consecuencias materiales de un modelo que desgasta cuerpos y comunidades, al mismo tiempo que privatiza la respuesta sanitaria.

El crecimiento de enfermedades que se creían controladas y la caída sostenida en las coberturas de vacunación son efectos directos de un clima político que combina el desfinanciamiento estatal con un discurso negacionista que erosiona la confianza pública en la ciencia. El avance del mileísmo, junto con movimientos terraplanistas y corrientes que rechazan la evidencia sanitaria, desestructura décadas de consenso científico y ataca programas de inmunización que fueron pilares de justicia social. El resultado es el resurgimiento de enfermedades evitables y la profundización de desigualdades sanitarias que no nacen de causas biológicas, sino de decisiones políticas y culturales profundamente regresivas.

El horizonte estratégico: Soberanía sanitaria continental

La lucha por recuperar la salud es una disputa política y conceptual. El legado de Ramón Carrillo en Argentina demostró que el Estado tiene la capacidad de planificar, integrar y producir insumos estratégicos, marcando un rumbo de soberanía sanitaria que hoy es imperativo.
La reconstrucción del sistema exige superar la dependencia latinoamericana de la importación de medicamentos, tecnologías e insumos críticos, una vulnerabilidad que la pandemia expuso con dramatismo. Un problema de esta magnitud requiere una estrategia continental sostenida en tres pilares:

Recuperación de la rectoría estatal:

El Estado debe garantizar el acceso universal y conducir la política sanitaria con criterios de equidad, regulando al sector privado y poniendo fin a la subordinación ante intereses corporativos.

Planificación productiva pública:

Es vital fortalecer y expandir la producción estatal de medicamentos, vacunas y equipamiento. La soberanía sanitaria exige disputar el poder de las corporaciones farmacéuticas que definen precios y patentes a escala global.

Integración regional como estrategia de autonomía:

La salud adquiere sentido pleno cuando se construye regionalmente. Experiencias como UNASUR Salud demostraron la eficacia de las compras conjuntas, el intercambio técnico y las redes epidemiológicas. Mecanismos como la CELAC ofrecen la base para construir una arquitectura sanitaria soberana y autónoma a nivel continental.

El desafío es revertir lo que el neoliberalismo fragmentó, restituir la salud como bien público y consolidar una estrategia que recupere la plusvalía que generamos, colocándola al servicio de un proyecto sanitario soberano y no subordinado al capital.

*Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”, Universidad de Buenos Aires.

 

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