El 1 de julio de 2019, el director del centro de menores Tierras de Oria (en Almería) y cinco guardias de seguridad se disponen a inmovilizar a Iliass Tahiri, un interno de 18 años de origen marroquí. Para ello, lo introducen esposado en una habitación y lo tienden bocabajo sobre una cama. Uno de los guardias de seguridad presiona con su rodilla en una zona próxima a la cabeza del joven, que a partir de cierto momento deja de moverse.

Cuando terminan de atarle a la cama, como parte del denominado «protocolo de contención mecánica», se percatan de que Tahiri ya no tiene pulso. Las maniobras de reanimación improvisadas  inmediatamente no tienen éxito: el joven ha fallecido.

La investigación judicial abierta a raíz de estos hechos fue archivada el pasado 29 de enero por la jueza Teresa Inés Sánchez Gisbert, del juzgado de la localidad de Purchena, que dictaminó en su auto que lo ocurrido en el centro de menores fue una «muerte accidental violenta», resultado de la «correcta» aplicación de un protocolo que estaba en todo caso aprobado por las autoridades locales.

El informe forense remitido al juzgado detalla que mientras era reducido, «el joven se encuentra con la cabeza apoyada en la almohada y el colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón)». El texto, que define la muerte de Tahiri como «súbita», no descarta «la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón» como causa del deceso.

La importancia del video íntegro

Los agentes de la Guardia Civil que investigaron las controvertidas circunstancias del fallecimiento de Tahiri concluyeron que la actuación del personal del centro de internamiento fue «correcta» y ajustada al protocolo vigente. Por otra parte, el análisis de 10 fotogramas obtenidos de las imágenes de las cámaras de seguridad del centro no levantaron sospechas de irregularidad a lo largo de la instrucción de la causa. Pero hay un detalle relevante: en ninguno de esos fotogramas se aprecia a los vigilantes sobre el cuerpo del interno.

Sin embargo, el video completo que recoge los 13 minutos que duró la intervención, publicado este miércoles por el diario El País, muestra claramente cómo los guardias de seguridad aplican a Tahiri la llamada «contención mecánica prolongada», contradiciendo las declaraciones y los informes sobre los que la jueza de Purchena fundamentó su veredicto.

Relatos desmentidos: no se aprecia resistencia por parte del interno

En uno de esos informes, entregado a la Guardia Civil por uno de los responsables del centro de menores, se detalla que intentaron colocar al chico boca arriba –la postura recomendada por los expertos para evitar daños y lesiones– pero que «era tal su resistencia» que se vieron obligados a colocarlo bocabajo. Las imágenes del video no muestran, en cambio, ningún signo de resistencia por parte del menor en los momentos previos a que lo tumben en la cama.

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Los guardias que intervinieron para inmovilizar a Tahiri fueron más allá, y declararon incluso que hubo «violencia extrema» por parte del joven, quien «sin dejar de moverse», habría lanzado «patadas» y opondría, de nuevo, una «fuerte resistencia».

Lo cierto es que el interno apenas se mueve en los trece minutos que dura la grabación. Lo que se aprecia con claridad, en cambio, es cómo los guardias aplican presión sobre su cuerpo y sobre su cabeza inmovilizándolo hasta que muere.

«Trataron mal a mi hermano»

A sus dieciocho años, Tahiri ya cargaba con un abultado expediente que incluía internamientos en otros dos centros de menores. Diagnosticado con un «trastorno de la personalidad de tipo antisocial grave» –según consta en su informe forense–, arrastraba una historia de consumo temprano de drogas, en un contexto marcado por el acoso escolar y por la presencia de un «progenitor violento«. En 2019 aún estaba pendiente de un juicio por amenazar a una psicóloga con un arma blanca.

Su familia, que desde la fecha de su muerte ha denunciado posibles irregularidades en la actuación de los trabajadores del centro, ha recurrido ahora el sobreseimiento del caso, al considerar que de las imágenes recién difundidas pueden desprenderse indicios de homicidio.

Su hermano, Anass Tahiri, por su parte, ha denunciado el trato que Iliass recibía en el centro Tierras de Oria desde su llegada. «Ellos trataron mal a mi hermano», asegura este joven residente en Algeciras (Cádiz), recordando que al llegar a Tierras de Oria –proveniente de otro centro de internamiento de Córdoba– un coordinador lo recibió con amenazas.

Anass asegura que «no dejaban dormir bien» a Iliass y que le administraban medicación sin que nadie lo hubiese autorizado.

Indignación y reacciones

La de Tahiri es una muerte en la que inevitablemente se perciben, por muchos motivos y especialmente en este momento, los ecos del escandaloso caso del afroamericano George Floyd, fallecido en Minneapolis (EE.UU.) tras ser inmovilizado por un policía que presionó el cuello del detenido de una manera similar, en una maniobra que se ha convertido ya en un potente símbolo de la opresión racista.

Por eso, muchas de las reacciones publicadas en Twitter hacen referencia a la muerte de Floyd y sitúan lo ocurrido en el centro de menores almeriense en el mismo contexto de racismo y xenofobia.

«Seis guardias sobre un chaval de 18 años. 13 minutos de agonía hasta que lo ahogaron», escribió un usuario de la red social, señalando que el escenario de lo ocurrido «no es EE.UU., sino España».

La Asociación Para Gestión de la Integración Social (GINSO) es la gestora del centro Tierras de Oria. En su historial figuran denuncias por varios incidentes y más de una muerte derivada también de la aplicación de determinadas medidas de contención.

Según explica Miguel Fernández Caparrós, director del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), «el Consejo Europeo constató, en una visita en 2017, que no existía [en los centros de esta Asociación] un libro de registro en el que quedase constancia clara del número de contenciones que se habían aplicado, del tiempo que habían durado o del personal que había intervenido en ellas».

Además, este activista destaca «las grandísimas dificultades que tienen los internos a la hora de acceder a un representante legal», lo que convierte a este tipo de centros «en lugares de especial opacidad«.

El director del centro Tierras de Oria, Manuel Madrid Saavedra, ha presentado su dimisión hace una semana, alegando «motivos personales, familiares y agotamiento físico y psicológico».