El control del discurso público, ese que permite convencer a la población de que hay que odiar al oprimido y amar al opresor, es el botín de guerra en la sociedad del espectáculo. Se dice que el parlamento español es un espectáculo, en palabras de Guy Debord, pero pocas veces se analiza el espectáculo que es la Audiencia Nacional.

Cuando se hace periodismo basura, ese que se limita a cortar y pegar fuentes ajenas, se termina transmitiendo un recorte de la realidad interesado, e interesado por el dueño de la cabecera que lo publica. La Audiencia Nacional funciona igual.

Los fundamentos de las decisiones de los juzgados de instrucción que tienen sede en el tribunal especial madrileño se elaboran normalmente fuera del tribunal. El trabajo del juez que lo dicta consiste solamente en transcribir lo que la Guardia Civil o la Policía (o el CNI) le han proporcionado. Y funciona como una empresa periodística: cuanto más difusión tenga más premio tiene el redactor en cuanto a fama, promoción interna y reputación. La historia de la Audiencia está llena de estrellas: desde Baltasar Garzón, uno de los más destacados, a otros como Eloy Velasco o el juez Santiago Pedraz, cuya fama como juez le ha proporcionado fama como pintor.

Muchas veces hay que explicar a la gente que la Audiencia Nacional no investiga nada, pues esa tarea está delegada en los cuerpos policiales. Sin embargo, de lo que sí se ha dotado en los últimos años a este tribunal es de poderosos equipos de prensa que están dispuestos a generar contenidos judiciales que alimenten a los medios de comunicación de masas. De hecho, tiene una oficina de prensa propia, que entrega a los periodistas afines aquella información que a los instructores de una causa les puede interesar que se ventile.

Estos jueces se entrenan en el manejo periodístico, conocen sus tiempos y ansiedades, sus ritmos, sus vicios, y por allí filtran sus contenidos. Son las famosas fuentes policiales que sirven para todo y que por supuesto no se cuestionan. No son fake news, porque es información oficial que proviene ni más ni menos de la Audiencia Nacional, aunque luego los imputados terminen absueltos años más tarde porque todo era eso: fuentes policiales.

Para la Audiencia Nacional producir información policial es barato y rentable. Aparte de que con ella se justifica socialmente su existencia (sorprendería a cualquier ciudadano medio el nivel de sobredotación de recursos del tribunal haciendo una mera visita a cualquiera de sus dependencias), con el sello de la Audiencia se puede justificar prácticamente todo. Y si el enemigo es Rusia, pues mejor. Basta con que un agente de policía se siente en el ordenador a redactar un atestado con todas sus ideaciones antirrusas para que todo ello sea portada.

Y qué mejor que reclutar a agentes neonazis para esa tarea, como vamos a ver. Y es que la publicación de determinadas historias y su amplificación hasta el vómito proyecta una escala de valores sobre la sociedad.

Cuando los autores de la información redactan un informe con sello oficial en el que indican que existe una amenaza rusa contra España, y el nombre de tan sesuda investigación toma el nombre de una batalla protagonizada por la División Azul (Batalla de Volhov), en apoyo del ejército nazi en 1941, podemos entender que los valores que pretende establecer son los de una cierta «comprensión» por parte de los agentes de la Guardia Civil hacia el ideario nazi, que como todo el mundo sabe también fue víctima de la amenaza rusa.

Cualquiera que haya observado con detenimiento las ríos de tinta sobre la mano de Putin en el independentismo catalán de los últimos días, indudablemente habrá podido extraer la conclusión de que todo son «fuentes policiales». Al igual que en la prensa rosa, el rumoreo y el sensacionalismo también forman parte de la práctica judicial de la Audiencia Nacional.

A nadie se le puede escapar que la elección de cuáles hechos merecen espacio informativo para la oficina de prensa del tribunal y cuáles no nunca es ingenua, sino que es política. La Audiencia Nacional tiene también una línea editorial. Desde la selección de los hechos que se ofrece a los periodistas acreditados, hasta el sesgo que se elige al distribuirlos.

Y este tribunal es un mero productor privilegiado de información (si es que se le puede llamar eso) que tiene la facultad legal de imputar y encarcelar para fabricar noticias. O dicho de otra manera, un búnker siniestro e inquisitorial cuyo trabajo es imponer a sangre y fuego que lo «oficial» y lo «real» deben ser sinónimos. Y gracias a los autos del juez García-Castellón hoy muchos habitantes peninsulares pensarán que Rusia es una amenaza para España, por lo que el éxito de su empresa es indudable.