Veinticinco años después de que el Diálogo Interruandés diera origen a la “democracia de consenso”, ha llegado el momento de revisar y renovar el sistema.
En el Día Internacional de la Democracia, las naciones se unen para celebrar los valores fundamentales que definen a las verdaderas sociedades democráticas: el estado de derecho, la participación ciudadana activa, las instituciones independientes y un profundo respeto por los derechos humanos. Sin embargo, en Ruanda, bajo el liderazgo del presidente Paul Kagame, estos principios siguen siendo en gran medida teóricos. A pesar de la retórica de Kagame sobre una “democracia singular” adaptada al contexto de Ruanda, una narrativa que a menudo amplifican las plataformas internacionales como la recién concluida Cumbre de 2024 del Foro de Cooperación China-África, durante la cual expresó que “cada país debe trazar su propio camino que se adapte a su contexto, historia y aspiraciones únicos”. La realidad sobre el terreno contrasta marcadamente con estos ideales. Ruanda ofrece un ejemplo preocupante en el que la apariencia de progreso y gobernanza democrática enmascara un régimen profundamente represivo.
El gobierno de Ruanda afirma que opera bajo una “democracia de consenso”, un sistema acordado durante el diálogo interruandés que tuvo lugar en 1999 y que supuestamente se diseñó a medida del contexto único del país después del genocidio. La idea detrás de este modelo era promover la unidad y evitar la política divisoria mediante la toma de decisiones por consenso, en lugar de por mayoría. Sin embargo, la forma en que esto se pone en práctica viola la Constitución de Ruanda, que consagra principios democráticos como el pluralismo, las elecciones justas y libres y el derecho a la participación política.
En realidad, la llamada democracia de consenso de Ruanda es un mecanismo para suprimir la disidencia y para que el partido gobernante siga controlando el poder. Consigue silenciar las voces de la oposición, dejando poco espacio para el discurso político genuino o la rivalidad política. De este modo, se socavan las disposiciones de la Constitución sobre democracia, derechos humanos y libertades civiles, reduciéndola a un mero documento que no determina el panorama político real.
La verdadera democracia prospera gracias a la participación activa de su ciudadanía. En Ruanda, sin embargo, este aspecto deja mucho que desear y el país está muy por debajo de la media del África subsahariana en cuanto a “voz y rendición de cuentas”. En Ruanda, la oposición política no solo es desalentada, sino que a menudo se enfrenta a graves intimidaciones, acoso e incluso encarcelamientos.
Un claro ejemplo es el de Diane Rwigara, activista y empresaria. Tras anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2017, fue descalificada, sometida a una campaña de desprestigio e incluso encarcelada. Fue absuelta una vez finalizadas las elecciones.
Otro ejemplo notorio es el de
. En septiembre de 2021, poco después de fundar un periódico en línea llamado “The Chronicles” y crear una organización política, Kayumba fue acusado de violación. Estuvo detenido durante 17 meses, desde donde sufrió una larga y agotadora batalla legal. Fue absuelto de los cargos, pero la experiencia parece haber tenido un efecto paralizante: desde su liberación, Kayumba no ha vuelto a hablar abiertamente de política.
Estos casos ejemplifican cómo el gobierno ruandés reprime sistemáticamente la disidencia, utilizando el sistema judicial como herramienta para sofocar la oposición política y disuadir a otros de desafiar el status quo.
El gobierno se acaba adueñando de los pocos partidos de oposición que existen, o les permite funcionar bajo severas restricciones, lo que hace que resulte imporsible una participación ciudadana significativa. Este ambiente asfixiante no sólo contradice el espíritu de la democracia, sino también la letra misma de las garantías constitucionales de Ruanda.
En Ruanda, el poder judicial, el parlamentario y el ejecutivo están profundamente entrelazados y funcionan más como herramientas de la élite gobernante que como instituciones independientes que defienden el estado de derecho. En lugar de servir para controlar el poder, sirven para reforzar el control autoritario del presidente Paul Kagame sobre el país.
Las personas que se atreven a desafiar —o se cree que desafían— la narrativa del gobierno son detenidas rutinariamente bajo cargos vagos o inventados. Muchas nunca tienen un juicio justo y algunas enfrentan consecuencias terribles, incluida la desaparición o incluso la muerte mientras están bajo custodia de las autoridades. Tomemos el caso de Boniface Twagirimana, un miembro destacado del partido de oposición FDU-Inkingi, que desapareció misteriosamente de una prisión de máxima seguridad en 2018, tras lo cual las autoridades afirmaron que se había escapado. Hasta el día de hoy, se desconoce su paradero y muchos creen que fue asesinado mientras se encontraba detenido. Su caso es representativo de un patrón más amplio de detenciones arbitrarias y desprecio por los derechos humanos básicos.
La muerte de Kizito Mihigo, un popular cantante de gospel, ilustra aún más el control del régimen sobre el sistema judicial. Mihigo fue arrestado en 2020 supuestamente por intentar huir del país y fue encontrado muerto en su celda poco después. Las autoridades afirmaron que fue un suicidio, pero la falta de una investigación exhaustiva e independiente solo subraya la cultura de impunidad que prevalece en Ruanda. Como destaca el informe de Human Rights Watch “Join Us or Die”, las fuerzas de seguridad del gobierno de Ruanda han recurrido sistemáticamente a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones para eliminar cualquier supuesta amenaza al gobierno de Kagame.
En algunos casos, Ruanda llega al extremo de incumplir sus obligaciones internacionales. El caso de Victoire Ingabire, una figura destacada de la oposición, es un excelente ejemplo de cómo Ruanda viola igualmente el sistema legal internacional. En 2010, Ingabire fue arrestada y condenada a 15 años de prisión en base a cargos creados por motivos políticos de terrorismo y amenaza a la seguridad nacional. El gobierno ruandés ignoró un fallo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que la absolvía de todos los cargos.
Al igual que el poder judicial, el parlamento ruandés también carece de independencia, y funciona más como una institución que se limita a dar el visto bueno a las políticas de Kagame que como un organismo que representa la voluntad del pueblo. Los debates críticos sobre importantes cuestiones nacionales, como las vulneraciones de los derechos humanos o el trato a las presas y presos políticos, brillan por su ausencia en las sesiones parlamentarias. Las parlamentarias y parlamentarios, muchos de los cuales deben sus cargos a su lealtad al partido gobernante, se abstienen de desafiar al ejecutivo, lo que afianza aún más el régimen autoritario de Kagame.
En este sistema, el ejecutivo ejerce un poder sin control, y Kagame controla casi todos los aspectos de la gobernanza ruandesa. Esta consolidación de la autoridad no deja espacio para el funcionamiento independiente de otras esferas del Estado. Las leyes se aplican de forma selectiva para atacar a las personas críticas con Kagame, mientras que quienes le son leales siguen gozando de inmunidad frente a la justicia, incluso cuando están implicados en graves abusos.
Ruanda ostenta una de las tasas más altas de representación femenina en el parlamento, una estadística que a menudo se alaba como una señal de progreso. Sin embargo, este logro oculta un problema más profundo: el parlamento ruandés dista mucho de ser independiente, ya que la gran mayoría son miembros del partido gobernante. solo sirve para dar el visto bueno al ejecutivo, no como un órgano de control de su poder.
A pesar del alto porcentaje de mujeres en el parlamento, su presencia no contribuye a promover la democracia o los derechos humanos. Estas parlamentarias rara vez, o nunca, se pronuncian en contra de las vulneraciones de los derechos humanos ni cuestionan las acciones del gobierno. La alta tasa de representación femenina es, por lo tanto, una fachada, utilizada para reforzar la imagen internacional de Ruanda mientras oculta la realidad de su gobierno antidemocrático.
Ninguno de los casos mencionados anteriormente se ha debatido nunca en el Parlamento, lo que pone de relieve la falta de independencia que existe en el cuerpo legislativo de Ruanda. Esta ausencia de debate crítico sobre cuestiones candentes de derechos humanos es una clara indicación de que las parlamentarias y parlamentarios ruandeses no son libres de actuar de forma independiente, sino que están limitados por los intereses del partido gobernante.
Las elecciones de 2024 en Ruanda han vuelto a poner de manifiesto el profundo déficit democrático del país. La abrumadora victoria, casi estalinista, de Paul Kagame, refleja los patrones de elecciones anteriores, en las que los resultados estaban predeterminados y las voces de la oposición silenciadas. Este resultado no refleja un proceso democrático genuino, sino la continuación de un régimen que utiliza las elecciones como fachada para mantener el control, sofocando cualquier competencia política real o disidencia.
Se prohibió participar a líderes de la oposición como Victoire Ingabire, Bernard Ntaganda y Diane Rwigara. Los tres habían se habían enfrentado previamente al acoso, a la prisión y a demandas judiciales diseñadas para impedirles que plantearan cualquier desafío político serio.
La exclusión de candidaturas genuinas de la oposición garantiza que los resultados de las elecciones estén predeterminados, lo que afianza aún más el dominio del FPR. Un proceso así no puede considerarse como unas elecciones libres o justas, sino más bien como una continuación del régimen dictatorial de Ruanda, disfrazado de democracia.
Los informes de organizaciones internacionales como Freedom House y Human Rights Watch pintan un panorama sombrío de las credenciales democráticas de Ruanda. Freedom House califica constantemente a Ruanda como un país “no libre”, citando las severas restricciones a los derechos políticos y las libertades civiles. Human Rights Watch ha documentado numerosas violaciones de los derechos humanos, incluyendo la represión de los medios de comunicación, la detención arbitraria y la persecución de opositoras y opositores políticos.
Estos informes subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional reevalúe su compromiso con Ruanda. La situación actual en el país no es sostenible, y el continuo apoyo internacional sin rendición de cuentas no hace más que envalentonar al gobierno ruandés para persistir en sus prácticas represivas.
La democracia genuina, caracterizada por elecciones libres y justas, participación política abierta y medios de comunicación independientes, amenaza el control del poder de Paul Kagame de varias maneras. La democracia incluye la competencia y el disenso, dos elementos que el gobierno de Kagame ha suprimido históricamente. También encarna la separación de poderes y podría poner al descubierto la vulneración de los derechos humanos y otras grietas del gobierno de Kagame.
Mientras el mundo conmemora el Día Internacional de la Democracia, es esencial que la comunidad global mire más allá de la imagen cuidadosamente cultivada de Ruanda y abra los ojos ante la cruda realidad de su gobierno. La fachada democrática del país no debe confundirse con prácticas democráticas genuinas. Los líderes ruandeses deben rendir cuentas, y la comunidad internacional debe exigir reformas significativas que prioricen el estado de derecho, los derechos humanos y la participación ciudadana auténtica.
El presidente Paul Kagame de Ruanda ya se enfrentó en el pasado a la presión de los financiadores occidentales, en particular los Estados Unidos y el Reino Unido, para impulsar reformas democráticas. Durante el Examen Periódico Universal de Ruanda de 2021, el Reino Unido emitió una declaración pública en la que instaba al gobierno ruandés a fortalecer la gobernanza democrática, lo que incluía fomentar la libertad de prensa y garantizar unas elecciones más transparentes.
De manera similar, cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo de visita en Ruanda en 2022, expresó públicamente su preocupación por las violaciones de los derechos humanos y la necesidad de que Ruanda ampliara las libertades políticas para abordar cuestiones como la detención de personas críticas con el gobierno, como Paul Rusesabagina. Washington enfatizó la importancia de proteger la libertad de expresión y crear más espacio político para los partidos de oposición. Aunque estas presiones reflejan el interés general de Occidente por promover los derechos humanos y las normas democráticas en Ruanda, es necesario hacer mucho más.
Al igual que en 1999 Ruanda adoptó una forma de democracia de consenso a través del diálogo interruandés, ahora es el momento de revisar y renovar ese sistema y abordar las fragilidades que ha mostrado en los últimos 25 años. Es necesario celebrar un nuevo diálogo interruandés que reúna a representantes del gobierno y de la oposición política, así como a la sociedad civil de dentro y fuera de Ruanda, para acordar un marco político que aborde problemas como la exclusión política, la falta de participación ciudadana y de respeto por los derechos humanos y el estado de derecho que han caracterizado durante los últimos 25 años la democracia de consenso en Ruanda.
En conclusión, la falta de democracia en Ruanda no es sólo un problema interno sino una preocupación mundial que exige una acción inmediata. La comunidad internacional debe apoyar al pueblo ruandés en su lucha por una democracia verdadera, en la que se escuchen sus voces, se defiendan sus derechos y sus líderes rindan cuentas. Sólo mediante esfuerzos colectivos Ruanda podrá encarnar verdaderamente los valores de la democracia, no sólo hoy, sino también en el futuro.
– Nota original: Rwanda: Beneath the facade of Consensus Democracy
* Denise Zaneza es una activista de derechos humanos que se dedica a defender la paz, la democracia y el estado de derecho en Ruanda y la región de los Grandes Lagos en general. @dzaneza
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