Buena parte de la deforestación se debe a los incendios, la mayoría causados intencionalmente por quienes desean plantar sus intereses en la selva. Nada hizo Bolsonaro para detenerlos. Él no cree en el cambio climático y considera a la Amazonia como fuente de recursos económicos que deben explotarse en bien de Brasil. Por eso sus iniciativas y su tolerancia para establecer en ella actividades agropecuarias, madereras y mineras. Esa expansión se ha dado vía la invasión de las tierras de las comunidades indígenas, que saben convivir con la naturaleza y conservarla. Y además, asesinando a los líderes que han encabezado las protestas por la invasión del hombre blanco, el cual con bandas criminales a su servicio impone su ley.

A lo anterior se suman autoridades ambientales y de control menguadas por falta de fondos, el incumplimiento del Plan de Acción para Prevenir y Controlar la Deforestación en la Amazonia y los cambios en el consejo ambiental para dicha región.

Es lo que le pasa a las 153 mil hectáreas pertenecientes desde siempre, y legalmente desde 1998, al pueblo karipuna. Se localizan en el estado de Rondonia. Pero figuran entre los ocho territorios indígenas más deforestados ilegalmente. Cabe advertir que la Constitución brasileña garantiza la integridad de los pueblos originarios y su derecho a la tierra.

Para fortuna de Brasil y el medio ambiente del planeta, el 30 de octubre pasado Lula da Silva fue elegido nuevo presidente. Durante su campaña electoral prometió acabar con la minería ilegal, una de las principales causas de la deforestación de la Amazonia. Consideró también que no era necesario derribar allí un árbol para plantar soya o maíz, o para criar ganado, actividades fomentadas por Bolsonaro.

Otras medidas que promoverá Lula da Silva para proteger la selva son : 1) recuperar todas las instituciones o instrumentos que se establecieron para combatir la deforestación y que fueron desmontados por el gobierno de Bolsonaro, defensor de la explotación de los recursos naturales de la Amazonia incluso en reservas indígenas, donde es prohibido por ley; 2) promover el desarrollo sustentable de las comunidades que allí viven desde hace muchos siglos; 3) para proteger esa inmensa selva, colaborará con los países vecinos y construirá asociaciones internacionales, en pro de la gran Amazonia, si bien Brasil es soberano en la parte que está en su territorio, y 4) que funcione cabalmente el nuevo ministerio de asuntos indígenas, encabezado por un indígena.

Para cumplir las promesas anteriores, Lula da Silva tendrá que mejorar la aplicación de las leyes de protección al ambiente, enfrentar a un Congreso hostil, donde el sector agroindustrial (afín a Bolsonaro y partidario de relajar las leyes en pro del ambiente), representa casi la mitad de la bancada. Negociar con seis de los nueve gobernadores de la Amazonia con vínculos estrechos con el ultraderechista mandatario. Además, reconstruir la agencia de protección al ambiente y la de los indígenas. Ahora las dirigen personas cercanas a la agroindustria, que desde hace tiempo presiona para que se legalice el despojo de tierras y se opone a la creación de áreas protegidas, como son los territorios ­indígenas.

Lula da Silva, presidente del país más extenso y poblado de América Latina, tendrá que luchar contra quienes ostentan el poder económico, militar, religioso y de comunicación. Los vencerá si con sus políticas logra el apoyo mayoritario de los brasileños.