El parque central era insuficiente para albergar a la muchedumbre. Vinicio Cerezo había llegado a la presidencia después de una larga y dolorosa sucesión de gobiernos militares corruptos y violentos, amparados por un ejército a las órdenes de la oligarquía criolla. Los fraudes electorales habían sido perpetrados a vista y paciencia de una ciudadanía temerosa de las represalias y orillada a mantener la boca cerrada ante tamaños abusos. Pero la indignación bullía por dentro y se desbordó en una manifestación cívica de repudio a las dictaduras y en un intento lleno de esperanzas por rescatar la utopía de la democracia.

Cerezo comenzó a gobernar y el pueblo le otorgó el beneficio de la duda. Se había abierto una gran puerta hacia la reparación institucional, con el retiro de las fuerzas armadas hacia sus cuarteles para permitir el establecimiento de un gobierno libre y soberano, pero se fue cerrando paulatinamente para dejar paso a la poderosa influencia de empresarios y altos mandos del Ejército. Estados Unidos nunca le quitó los ojos de encima, vigilando sus intereses -usualmente opuestos a la independencia de las naciones- y se consolidó finalmente lo que sería un Estado débil y vulnerable.

La gran oportunidad comenzó a desvanecerse ante la mirada de un pueblo cansado de las decepciones. Después de Cerezo se hizo patente cómo el discurso populista prendía nuevas olas de entusiasmo y los gobiernos que le siguieron fueron marcando una tendencia progresiva hacia el ejercicio de todos los vicios de la mala gestión gubernamental: enriquecimiento ilícito, compadrazgo, represión de las voces disidentes, persecución de líderes y manipulación de las leyes rectoras de los procesos electorales para garantizar el monopolio de los listados para cargos de elección popular.

Esta constante pérdida de certeza en los valores democráticos, provocada por gobiernos cada vez más ajenos a los intereses del país y dedicados de lleno a saquear las arcas públicas y apoderarse de los bienes nacionales, ha desembocado en las más recientes administraciones, lamentable ejemplo de amoralidad -en todos los sentidos- y una voracidad insaciable por destruir todo resquicio de institucionalidad. La manera como actúa el gobierno actual no es más que una consecuencia de esa caída paulatina en la impunidad y el abuso de autoridad de una cadena de administraciones incapaces y venales.

La persecución contra ciudadanos comprometidos con su país ha entrado en un franco ataque de odio contra quienes intentan detener esta orgía de destrucción, provocada por el gobernante y sus aliados. Periodistas, analistas políticos, líderes comunitarios, operadores de justicia, organizaciones campesinas y de defensa de los derechos humanos, han sido las primeras víctimas de esta ola vengativa desde los despachos oficiales. Al pacto de corruptos, liderado desde los salones de quienes ostentan el poder económico, se les han unido organizaciones criminales y de narcotráfico cuyo dinero se encuentra desde hace décadas a disposición de las mafias en el poder.

Guatemala parece haber entrado en una vorágine descendente, sin posibilidad de recuperación. Los recursos de una democracia funcional, normalmente puestos a disposición de la ciudadanía por medio de instituciones fiables y sólidas, han sido secuestrados y en este momento solo sirven de instrumentos para beneficio de un grupo de oportunistas con ansias de control absoluto. Un triste fin para tanta esperanza.

Guatemala merece un mejor destino que ser víctima de una partida de corruptos.

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