Con la declaración del estado de alerta por la pandemia del Covid 19 y las medidas de confinamiento de la población decretadas por el gobierno, la situación de precariedad y de inseguridad económica acelerada de muchos millones de personas en el reino de España es un hecho. Antes de la pandemia ya sufríamos altas tasas de pobreza junto a un elevado desempleo y empleo temporal, por no insistir en el aumento en los últimos años de la población trabajadora pobre, los hasta ahora 15% de working poor, es decir, trabajadores con contrato legal por debajo del umbral de la pobreza.

En el reino de España, la sucesión de datos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estos primeros días del estado de alerta ya es escalofriante: incontable es la cantidad de empresas que ocupan a muchos miles de trabajadores como Pikolin, Seat, Wolkswagen, Burger King, Nissan, Norweggian, etc. que ya los han anunciado. Hay quien documenta de un retroceso de 10 años en los próximos días en cuanto a cifras de desempleo y que se va a superar la barrera psicológica de los cuatro millones de desempleados. Y algunas previsiones en cuanto a la caída de la producción mundial, de cumplirse, señalan un panorama de recesión al que no se había enfrentado la economía mundial desde la segunda gran guerra.

El pasado 17 de marzo el gobierno español anunció la “mayor movilización de recursos de la historia”, una cifra de 200.000 millones de euros. De los cuales, 117.000 millones de dinero público y el resto, 83.000 millones, a través del sector privado, aunque para estos últimos no se ha dado ninguna concreción de cómo iban a conseguirse. Por lo que hace a la parte pública la proporción es de 100.000 millones para las empresas y de 17.000 para “gasto social”. Entre algunas medidas claramente positivas de este gasto público se enumeran: la congelación de los desahucios, la moratoria de suministros básicos (agua, luz y gas) para colectivos vulnerables y las ayudas para el desempleo —tanto para asalariados como para autónomos— que se prevé va a generar la crisis en la que empezamos a adentrarnos.

Pero la cuestión clave es si con estos recursos —y vale la pena aclarar que se trata de 17.000 millones de ayudas reales en subvenciones, porque los restantes 100.000 millones son avales—se conseguirá paliar la situación en la que va a encontrarse a partir de ahora una inquietante proporción de hogares que ya sobrevivía en condiciones muy precarias aun disponiendo de un empleo, cuando dejen de tenerlo, como parece indicar que va a suceder dada la cascada de ERTE que se avecina. Y decimos esto porque la anterior crisis ya se saldó en lo social con un crecimiento de la desigualdad y un deterioro de las condiciones de vida para la población no rica, pero también con una enorme transferencia de recursos públicos a las entidades financieras. Las cifras que se manejan son distintas según las fuentes: aceptemos los algo más de 60.000 millones de euros que avala el Banco de España y que coincide básicamente con el Tribunal de Cuentas, pero indiquemos que éste es el coste final para las arcas públicas, pero el dinero público movilizado en forma de avales, esquemas de protección de activos y créditos fiscales diferidos, para que la banca haya tenido una amplia zona de confort asegurada con dinero público ha sido sin lugar a dudas muy superior a los 117.000 millones de los que ahora se habla. Por lo que la “mayor movilización de recursos de la historia” es una exageración.

En la actual crisis, parece que el peso se pondrá en sostener las empresas como forma de mantener en lo posible la actividad económica, reducir el impacto de la recesión en ellas y confiar que eso se traslade a un cierto mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Con esta acertada frase se sintetiza lo que queremos decir: “No hace mucho que regalamos miles de millones de euros a la banca, no falta nada para que se le dan cariñitos a las grandes empresas, pero para que quien se quede sin trabajo reciba un triste subsidio, para que las familias accedan a una mínima ayuda, vamos a necesitar horas de negociaciones a cara de perro en el gobierno, porque hoy, en este estado, la supervivencia material de la población no es un derecho”.

Esta movilización de tantos recursos económicos supone aproximadamente un 20% del PIB y van sobre todo destinados a mantener el tejido empresarial e intentar frenar el impacto de la sangría de despidos que se avecina. Se quiere preservar la oferta cuando lo que la sostendrá en primer lugar es la demanda: empezando por el sector servicios, que va a recibir un mazazo bestial con la caída del turismo extranjero.

Que la situación es de emergencia sanitaria parece fuera de toda duda. Como se apuntaba recientemente, la mortalidad y la contagiosidad de este coronavirus, hacen de él un tema de salud de primera magnitud y, por tanto se requieren de medidas sanitarias contundentes. En este punto, las diferencias entre sistemas sanitarios e incluso, políticos, puede marcar el desarrollo y la extensión de la pandemia y, por ende, sus consecuencias sociales y económicas.

El pasado 12 de marzo, el presidente francés Macron dijo que «esta crisis del coronavirus nos ha enseñado una cosa. Hay cosas que no deben pertenecer al mercado. Confiar nuestras vidas en manos de privados es una locura”. Parece que el subconsciente siempre traiciona a los presidentes franceses en los momentos iniciales de una crisis. No podemos menos que recordar a su antecesor Sarkozy cuando en la del 2008 hablaba de la necesidad de refundar el capitalismo sobre bases éticas. Tras tan pomposas palabras, que parecieran anunciar una defensa decidida frente a las barbaridades más evidentes del sistema capitalista, en realidad no hay más que una mera (y huera) reacción visceral a las peores consecuencias inmediatas de la crisis, quizá para justificar las medidas que apuntalen su funcionamiento, pero sin ánimo de pergeñar medidas estructurales que mejoren y garanticen las condiciones materiales de las personas. Sin olvidar que con la pandemia desatada ya en Italia, el mismo Macron decidió mantener la convocatoria de la primera vuelta de las elecciones municipales, a las que la población francesa, con bastante más sentido común, respondió con una abstención del 60%. 12 años más tarde que las de Sarkozy, las palabras de Macron suenan menos creíbles aún. Y el gurú del momento Sarkozy, Joseph Stiglitz, parece anclado en el pasado y sigue en su último libro defendiendo recetas antiguas y esperando volver a los 30 años dorados.

Sin querer entrar en análisis geoestratégicos, la respuesta China a la coyuntura actual, se ha contrapuesto en muchos extremos a la de la Unión Europea, donde ante la inoperancia de las instituciones europeas del momento (alguien podría pensar que afortunadamente, vista las consecuencias de su intervención en la crisis del 2008) reina un sálvese quien pueda, con Alemania a la cabeza e Italia o el reino de España (de momento sin noticias de Grecia) a la cola, por lo que a afectados se refiere y, también en la toma de decisiones. En el inicio de la crisis el Banco Central Europeo hizo poco más que el anuncio de un programa de emergencia para la adquisición de activos públicos y privados de 750.000 millones de euros, para tranquilizar los ánimos de las principales bolsas europeas, en estos momentos a unos niveles de muchos años atrás. Un poco mas tarde la Comisión europea propuso suspender las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Medidas lentas y tímidas, pero que ya de por sí dan una idea de la magnitud de lo que hay y de lo que vendrá. De la salida de esta crisis (primero la sanitaria, luego la social y económica) puede depender la correlación de fuerzas a nivel global. Las imágenes de aviones chinos (y ¡médicos cubanos!) llegando primero a Italia y pronto al reino de España, son una primera prueba de que las cosas quizá cambien en este punto.

En situaciones de emergencia como la actual, suele florecer lo mejor y lo peor de la especie humana. Estos días van llenos de reconocimientos a los trabajadores de la sanidad (pública) por el abnegado esfuerzo que están realizando en condiciones adversas, por la magnitud de la pandemia, pero también por arrastrar años de recortes y de recursos escasos (algunos dirán que no es el momento de recordar estos extremos, pero cuando si no, se va a recordar a los responsables de esta situación su mal hacer político, y recordemos que los recortes desde 2010 han venido tanto del PSOE como del PP). Sin olvidar a otros tantos colectivos de trabajadores de servicios esenciales en esta situación: como el personal de atención domiciliaria a personas dependientes, de residencias de gente mayor (el colectivo más vulnerable), de limpieza, suministro de alimentos, etc. que, paradojas de la vida, suelen ocupar una posición baja en la escala salarial y están totalmente feminizados. Nos cuidan en casa sin cobrar y nos cuidan a todos con salarios muy bajos. Por no olvidar a tanto trabajador público que, de la noche a la mañana y con incertezas por doquier, ha tenido que improvisar sistemas de teletrabajo y organizarse y organizar equipos para atender a las necesidades de la población, otra vez, sin los recursos organizativos y económicos que serían deseables. O las diferentes movilizaciones sociales y comunitarias, articulando colectivos, propuestas y mecanismos de ayuda mutua que, por momentos permiten reconciliarse con la condición humana.

Y al lado de este escenario o, mejor dicho, frente a él, comportamientos egoístas: acaparamientos, subidas abusivas de precios o, muy significativamente, posicionamientos empresariales, especialmente los de empresas que registraron abundantes beneficios y que, a las primeras de cambio, socializan las potenciales pérdidas. Si a esto le añadimos la destrucción de empleo derivada de la no renovación del ingente volumen de contratos temporales y precarios (un dato: más del 40% de la contratación en el reino de España es de menos de un mes, y un 25% de menos de una semana) o las penosas condiciones retributivas y de trabajo, agravadas estos días por las condiciones sanitarias, nos queda un panorama, como poco, desolador.

Y por medio, multitud de actuaciones descoordinadas de diferentes agentes que, cuando son públicos, provocan la zozobra de servidores públicos que se ven enfrentados a problemas ingentes con instrumentos jurídicos, organizativos y económicos escasos. Heterogéneas medidas anunciadas, por ejemplo pizzas o tarjetas para los beneficiarios de becas comedor ahora suspendidas, diferentes exenciones de tasas o impuestos, bonificaciones o subvenciones anunciadas para diferentes colectivos, complementarias o no, medidas todas ellas que, sin tiempo para evaluar ex ante su eficacia y eficiencia en función de los objetivos perseguidos (básica pero no únicamente, porque no se sabe a ciencia cierta cuales son, más allá de hacer algo) y que supondrán un ingente esfuerzo (y gasto) de muchas personas con unos resultados, en términos de impacto social, modestos. Lo que no obsta para que, en algunos casos se reconozca su necesidad.

En ese equilibrio entre el tiempo liberado que permitiría hacer todas esas cosas (aunque solo fuera una parte) que de cotidiano no nos es posible y la intemperie a la que pueden verse abocadas millones de personas que no tendrán garantizadas las condiciones materiales de existencia, es donde ha explotado desde muy distintos lugares y ámbitos (menos los gubernamentales) con más fuerza que nunca la propuesta de la renta básica.

La renta básica universal e incondicional debería ser una de las principales medidas para poder contener los efectos devastadores que va a tener en la vida y la existencia material de muchas familias como ya se ha apuntado en diferentes artículos y medios, pero todo indica que este gobierno no va a estar a la altura de las circunstancias excepcionales en que nos encontramos. Parece que no se dan cuenta que millones de personas no trabajadoras con contrato o con contratos superprecarios que les impide tener un subsidio de desempleo de subsistencia, van a quedarse al pairo completamente, sin capacidad de generar ingresos en negro, con redes de apoyo informal exhaustas, en fin, un desastre sin precedentes en un país donde las rentas mínimas condicionadas cubren alrededor del 10% de la población pobre. Sí, ¡el 10%!

Cómo algunos salubristas saben “con las enfermedades de masas se requieren remedios de masas” y es aquí donde una medida cómo la renta básica en esta situación de emergencia al ser universal e incondicional simplificaría muchas de las ayudas existentes y que se van a recibir a partir de ahora, a la vez que reduciría las grandes desigualdades sociales que ya tenemos y que se van a intensificar y agudizar en los próximos años. Frente a la creciente desigualdad, la precarización galopante de las condiciones de trabajo, los problemas de vivienda, en definitiva, el deterioro de las condiciones materiales de vida, parece que, en esta ocasión, al menos de momento, la opción elegida ha sido insuflar liquidez y dar ayudas a las empresas, confiando que esto conllevará un mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Había otras propuestas con más vocación de poner el foco en las personas: prohibición de ERTEs en empresas con beneficio, más subsidios y seguros de desempleo, permisos retribuidos para cuidados, etc.; y con propuestas fiscales para financiarlas, pero la voluntad gubernamental, más allá de las grandes declaraciones, ha optado por otro camino.

Mención aparte merece el despliegue del ejército español por muchas calles en un intento de hacer útil una organización costosa para el erario público, además de ultrareaccionaria. Lo apuntaba este centro especializado en los estudios por la paz: “Además de la evidente pérdida del coste de oportunidad de financiar con nuestros impuestos ejércitos y arsenales, queremos también denunciar que las medidas decretadas por el Gobierno otorguen al ejército, principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis. La UME solo cuenta con una pequeña asignación específica dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, que en 2018 fue de 31 millones (un 0,32% de los 10.200 millones de gasto en Defensa), por lo que estas actuaciones parecen más bien un lavado de cara y una forma de legitimar las FAS. Por otro lado, su labor debería ser desempeñada por cuerpos de protección civil, que están especializados en estas labores pero que cuentan con plantillas y recursos mucho más modestos.”

Efectivamente, hay quien defendiendo la centralización de la crisis, ha confundido la técnica con la política. Y no hay duda que el gobierno español ha aprovechado para una ultracentralización política.

Desde la perspectiva de las respuestas inmediatas como de las que deberían atender a los elementos estructurales de la situación, la renta básica se muestra pertinente. Respecto al primero, como se apuntaba recientemente, los Estados “deberían proporcionar a la gente corriente los medios para tener más resiliencia. La mejor forma sería garantizar a todos los miembros de nuestras sociedades una seguridad económica básica.” Es decir, a corto plazo la apuesta por lo que ya se ha venido en llamar Renta de Cuarentena, una renta básica incondicional y universal, por ejemplo en lo que queda de año y por un importe mínimo a determinar (al estilo de esta propuesta), combinado con una congelación del pago de alquileres además del de hipotecas¹, pondría el peso de las medidas, no en la banca o las empresas, sino en las personas con lo que se conseguiría “mantener la demanda agregada y proporcionar más resiliencia a las personas, las familias y las Comunidades”. Evidentemente, no estamos diciendo que debiera ser la única medida, sino acompañada de elementos regulatorios (algunos mencionados anteriormente como la prohibición de ERTEs en empresas con beneficios, o control de precios moratorias en alquileres, hipotecas, etc.) podría amortiguar mucho los efectos de la crisis en la mayoría de la población no rica, especialmente a los más pobres.

Porque, no nos engañemos, donde no parece que vaya a haber variaciones es en el sistema económico, más allá de la grave recesión económica, que si ya apuntaba antes de la pandemia, ahora parece inevitable. Y, en este sentido, si de lo que se trata es de afrontar la crisis sistémica y avanzar en la transformación social, lo que se hace necesario son medidas estructurales, claramente de izquierdas, entre las que la renta básica ocupa un lugar prominente, junto a servicios públicos universales como la sanidad o la educación. El gobierno tiene los recursos para una intervención fiscal. Esta pandemia global requiere de una respuesta contundente por las repercusiones que va a tener y con la tecnología actual sería posible inyectar liquidez a la mayoría de domicilios. ¡No perdamos esta oportunidad! No es oportunismo, es cambio de objetivos. “Rescatar a la gente” quiere decir precisamente eso: apostar por la mayoría de la población. Algo que resulta ajeno a aquellos que consideran que la política es solo el arte de lo “posible”, entendiendo por lo “posible” aquello que no molesta, ni perturba el normal funcionamiento de los grandes poderes privados. Como sostiene, entre otros muchos, este oportuno artículo: “A corto plazo es una cuestión de supervivencia elemental. A la larga, es la gran ocasión para poder plantar batalla y empezar a recuperar la sensatez republicana”.

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