Reino Unido: Por qué necesitamos un servicio nacional de…

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Reino Unido: Por qué necesitamos un servicio nacional de atención a la dependencia y cómo construirlo

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El coronavirus ha expuesto el escándalo de nuestro sistema de atención social privatizado, fragmentado e infra financiado: es hora de defender una alternativa real: un Servicio Nacional Público de Atención a la Dependencia.

La crisis del coronavirus nos ha obligado a enfrentar dos realidades. En primer lugar, que todos somos vulnerables. Algunos de nosotros podemos gozar de una mayor capacidad de recuperación que otros, pero todos estamos expuestos de alguna manera y, en consecuencia, todos necesitamos un sistema de apoyo sanitario y de asistencia social que funcione. En segundo lugar, que el Reino Unido no tiene un sistema de asistencia social que funcione, de hecho, es un sistema que hace que sea más probable que el Covid-19 mate a los que están en mayor riesgo.

Los datos de todo el mundo muestran que las muertes por Covid-19 se producen principalmente entre las personas mayores, en particular las personas mayores de 80 años. Las cifras publicadas la semana pasada por la Oficina de Estadísticas Nacionales muestran que 16.443 personas han muerto en residencias asistenciales del Reino Unido, casi un tercio de las 52.161 muertes totales registradas en el país hasta el 5 de junio. Al mismo tiempo, en el Reino Unido, casi 1,5 millones de personas discapacitadas, ancianos y enfermos crónicos se han auto-aislado en sus residencias durante más de doce semanas.

Muchos estaban esencialmente en confinamiento solitario y, como resultado, sufrían una enorme angustia mental, sobre todo aquellos con depresión o demencia incipiente o real. Los residentes en centros de cuidados quedaron atrapados en sus habitaciones, sin visitas de familiares, incluso cuando estaban gravemente enfermos o moribundos, y con interacciones mínimas con el personal. La decisión de excluir a los familiares ha significado que las residencias de cuidados se han convertido en instituciones cerradas, lo que aumenta el riesgo de negligencia o incluso de abuso.

Nuestros trabajadores de atención social generalmente están mal pagados, con malas condiciones de trabajo y alta rotación de personal. Un estudio reciente de la Resolution Foundation encontró que estos trabajadores tenían cuatro veces más probabilidades de tener contratos de cero horas y que el 58 por ciento recibía un salario inferior a un salario digno. Muchos tienen un horario diario sobrecargado, proporcionando atención breve pero íntima a una gran cantidad de personas. También se ha demostrado que son los últimos en la cola a la hora de acceder a los equipos de protección personal (PPE) y las pruebas del Covid-19.

Las personas a las que cuidan son probablemente las más expuestas al virus y es muy probable que muchos cuidadores tengan un «alto riesgo». No menos preocupante es el comunicado del gobierno de que las personas en hogares de ancianos pueden no obtener la atención hospitalaria que necesitan y, como informó la BBC, los familiares están siendo presionados para que firmen formularios autorizando a no  ‘no resucitar’ a los ancianos en caso de necesidad.

El pésimo estado de la financiación de la asistencia social en el Reino Unido significa que las personas con mayor riesgo, quienes viven en residencias de ancianos o discapacitados, han sido menos capaces de ‘auto-aislarse’ de manera efectiva y es más probable que contraigan el virus y, en consecuencia, mueran. No sabemos el alcance total de las muertes relacionadas con el Covid-19 de las personas dentro del sistema de atención social, pero es muy probable que sea muy alto.

En Escocia, a mediados de abril, sabíamos que la mitad de todas las residencias asistenciales tenían infectados por Covid-19, con trece muertes registradas en una residencia en una semana y al menos una de cada cuatro muertes relacionadas con el coronavirus ha tenido lugar en residencias de ancianos. La asociación del sector Care England ha estimado que el número de muertos en residencias asistenciales en Inglaterra se acercaba a los 7.500 y seguía aumentando.

Incluso para aquellos que reciben asistencia social y no sucumben al virus, existe el riesgo de que sufran desproporcionadamente por el estado de emergencia en el sistema sanitario. Como consecuencia involuntaria del desalojo de salas de hospital en previsión de la avalancha de casos coronavirus, de la reducción de los servicios de medicina general, podología, terapia del habla, servicios de salud mental y servicios de fisioterapia habrá un aumento considerable de ansiedad, mayores riesgos de discapacidad y retrasos en el diagnostico y los tratamientos. Para aquellos con problemas cardíacos, derrames cerebrales o que esperan el diagnóstico y tratamiento de cáncer, es probable que las perspectivas sean aún más graves.

Privatizados, fragmentados, infra financiados

Los servicios sociales en el Reino Unido se encuentran entre los más privatizados y fragmentados del mundo occidental. Han estado infra-financiados durante décadas. Entre 2010–11 y 2017–18, el gasto de las autoridades locales en atención social disminuyó en un 49% en términos reales, reduciendo el gasto de £ 16.1 mil millones en 2010 a £ 14.8 mil millones en 2016–17. Los recortes de financiación ha sido acompañados por la privatización y el traspaso de la responsabilidad de la financiación a las personas, así como el endurecimiento de los criterios de acceso del Servicio público de Salud (NHS) y las autoridades locales. A menudo, ha habido largos retrasos en la evaluación de la elegibilidad y una aplicación inconsistente e inequitativa de los criterios.

Según la Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA) en 2016, el sector de residencia de ancianos estaba valorado en alrededor de £ 15.9 mil millones anuales en el Reino Unido, con alrededor de 410,000 residentes y 5,500 proveedores diferentes que operan 11,300 residencias asistenciales para personas mayores. Los proveedores con fines de lucro poseen el 83% de las camas de las residencias con un 13% adicional proporcionado por el sector voluntario. Además, las viviendas para ancianos protegidas y las residencias bajo control judicial son alternativas importantes a las residencias asistenciales, pero no se recopilan datos sobre ellas.

Aunque el estado y las familias transfieren £ 48 mil millones anuales a este sector anualmente en el Reino Unido, las empresas privadas esperan un retorno del 11 por ciento del capital invertido en el sector de residencias asistenciales. A partir de los datos de EEUU, hay que señalar que las empresas con fines de lucro generalmente tienen el menor número de personal y el menos cualificado, ya que buscan maximizar las ganancias para los inversores. Los servicios de atención social en Inglaterra emplean aproximadamente a 1,6 millones de trabajadores asistenciales, de los cuales el 78% son empleados del sector privado.

El sector tenía 120.000 trabajadores antes de la epidemia de Covid-19, lo que resultó en una atención inadecuada, mientras que la utilización de trabajadores asistenciales que acuden a los hogares aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades. El personal con contratos de cero horas no tiene derecho a bajas remuneradas por enfermedad y, a menudo, tiene que trabajar estando enfermo. A pesar de ello, de los altos riesgos para el personal asistencial, así como de la alta mortalidad asociada con Covid-19 entre los adultos mayores frágiles, la asistencia social no ha sido considerada como una prioridad a la hora de acceder a los equipos de protección personal.

La reciente legislación de emergencia en el Reino Unido ha restringido severamente los derechos legales a los servicios de atención social de ancianos, enfermos y personas con discapacidades que viven en sus hogares y en entornos residenciales. En su crítica y rechazo de este aspecto, el respetado Servicio de la Ley de Discapacidad (DSL) señaló que estos eran los sectores de la población con mayor riesgo de sufrir daños graves por el Covid-19 y que una respuesta racional a la situación de emergencia hubiera sido ‘corregir radicalmente los déficits en atención y apoyo de la década pasada, en lugar de tomar medidas como las de la Ley del Coronavirus.

Según el DLS estas medidas son contrarias al derecho internacional -y es una “regresión en la legislación de asistencia social dirigida a las personas más frágiles-, y carece de sentido estratégico. La reducción de servicios para los más vulnerables y la falta de acceso a la atención social esencial y otros servicios vitales como las terapias del habla, fisioterapias, tratamientos de salud mental y servicios básicos primarios del NHS simplemente provocarán una mayor crisis de salud, más ingresos hospitalarios y requerirá más trabajadores esenciales, como el personal del NHS, que tiene que también tiene que utilizar su tiempo libre para cuidar a los miembros de sus familiaa. Todo ello provocará más muertes evitables.

En Escocia, el 14% de la fuerza de trabajo del NHS estaba de baja a partir de abril, con alrededor del 41% de esas bajas relacionadas con el coronavirus, lo que contribuye a la gran escasez de personal en el NHS y probablemente aún mayor en la atención social. La capacidad adicional disponible de los servicios sanitarios mediante una redistribución flexible del personal simplemente no es posible en el sector de la asistencia social a pesar de que el gobierno “’recomienda a los proveedores de atención domiciliaria que trabajen con las autoridades locales para establecer planes de ayuda mutua, incluida la distribución de la fuerza de trabajo entre los proveedores, así como con los proveedores locales de servicios de salud primarios y comunitarios, y con el despliegue de voluntarios donde sea seguro hacerlo”.

Integrar la salud y la asistencia social

La emergencia actual ha demostrado una vez más la necesidad apremiante de un servicio universal integrado de salud y asistencia social. Ha revelado el fracaso de los sucesivos gobiernos para hacer frente a la crisis de un sistema fallido. Lo que se requiere es un plan radical para que los servicios y el personal vuelvan a estar bajo el control del gobierno en un sistema nacional, planificado y públicamente responsable, de modo que una fuerza de trabajo capacitada y equipada con contratos y condiciones de trabajo decentes brinde una atención de alta calidad.

La consecuencias del Covid-19 son una razón definitiva para la creación de un sistema nacional público universal y gratuito que integre residencias protegidas, comunidades y asistencia a domicilio para ancianos y discapacitados. Exige una nueva legislación, pero (como ocurrió hace 85 años con el Plan Beveridge que creo el NHS) muchos de los proveedores privados concertados con el estado están en graves dificultades financieras y el coste de las compensaciones por la nacionalización del sector puede ser relativamente bajo.

Por supuesto, los costes de administrar un sistema de atención nacional que reflejara los principios del NHS serían significativos, pero se deben tener en cuenta dos factores importantes. En primer lugar, que ya estamos pagando por la asistencia social en el Reino Unido. Para quienes no son elegibles para la atención financiada por el estado, no hay forma de saber cuáles serán sus costes: no hay forma de compensar el riesgo. Algunos tendrán que utilizar todos sus activos para pagarlo y otros, como aquellos que no requieren asistencia domiciliaria a largo plazo, no tendrán que pagar por ello.

Un sistema de atención nacional sería ese sistema de ‘compensación de riesgos’ que garantizaría que los costes de la atención social se distribuyen de manera equitativa, tal como hace el NHS con los costes de atención médica. También reconocería las necesidades de los 5,8 millones de cuidadores informales no remunerados, que representan alrededor del 10 por ciento de la población en Inglaterra.

En segundo lugar, según el informe de 2009 del Instituto de Investigación de Políticas Públicas,  Atención Social: gratis en el punto de necesidad, el coste sería del orden del 1 por ciento del gasto público total. Esto no solo eliminaría el endeudamiento, los impuestos locales y la deslocalización que caracterizan el actual sistema privado de asistencia social, sino que también proporcionaría empleo seguro, debidamente equipado y remunerado a quienes realizan este trabajo esencial. Así se podría asegurar un sistema fiable y con buenos recursos que no solo libere recursos del NHS para cuidados de emergencia, sino que también pueda hacer frente a la próxima epidemia.

Sin medidas radicales para lograr un sistema universal de salud y asistencia social en el Reino Unido, es obvio lo que sucederá cuando llegue el Covid-20. El sistema fragmentado de muchos miles de proveedores carecerá de EPP adecuados; carecerá del personal para apoyar a aquellos que no necesitan hospitalización; carecerá de los recursos para implementar el rastreo integral de contactos y las pruebas de casos sospechosos; carecerá de la capacidad de coordinar la reubicación temporal de los residentes de centros asistenciales a alojamientos seguros y libres de infecciones que permita visitas; y carecerá de recursos para disponer de instalaciones exclusivamente destinadas al Covid-20.

Un sistema nacional de salud y asistencia social exigiría la recopilación de datos vitales que cuantifiquen el impacto del Covid-19 en el sector de la asistencia social: datos sobre el número de casos y muertes por edad, género, etnia (los grupos minoritarios están sobrerrepresentados entre las muertes y casos), y el entorno de atención, estratificado por autoridad local, sala y atención primaria responsable. Un sistema integrado también permitiría un seguimiento detallado de los niveles de personal, alcance de la enfermedad, disponibilidad del personal del sistema y las tasas de hospitalización del personal, los residentes y otros grupos vulnerables. Estos datos precisos y en tiempo real son clave para controlar una pandemia.

Covid-19 ha demostrado lo caro que resulta no financiar adecuadamente la atención médica y social. Los miles de millones que ahora se están transfiriendo al NHS son solo una pequeña fracción de las billonarias  sumas utilizadas para para apuntalar la economía del Reino Unido.

La gran mayoría de las personas que mueren como resultado del Covid-19 no lo son como resultado del fracaso del NHS sino de la atención social: ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidades. Si este gobierno se toma en serio su compromiso de no permitir «nunca más» un desastre similar al del Covid-19, necesita un plan para transformar nuestro escandaloso sistema de asistencia social: un sistema que falla a los necesitados, decepciona a los cuidadores remunerados y no remunerados, y es la vergüenza del Reino Unido.

Allyson M Pollock

 

profesora de salud pública en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Newcastle. Su último libro The End of the NHS, Verso.

Luke Clements

 

profesor de derecho y justicia social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds.

Louisa Harding Edgar

 

investigadora en el Instituto de Salud y Bienestar de la Universidad de Glasgow.

Fuente:

https://www.tribunemag.co.uk/2020/06/towards-a-national-care-service-2

Traducción:Enrique García

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