Cada decisión que toma el gobierno, así como la forma en que se adopta y/o se pretende ejecutar, pone a prueba el voto popular que le otorgó los escaños que posee y la base plural parlamentaria de izquierdas y soberanista que lo alumbró como ejecutivo y que le permite seguir parlamentariamente existiendo. Las normas de esa prueba (el entramado constitucional e institucional del régimen del 78) llevan años sometidas a una profunda crisis que la pandemia y sus efectos sanitarios, humanos y económicos no han hecho más que profundizar. A pesar de ello, nadie ve todavía otro campo ni otras normas, lo que ya en sí mismo representa un hecho destacable en la situación.

La «cogobernanza»

Los 178 síes que han posibilitado la prórroga del Estado de Alarma hasta el 24 de mayo correspondieron, además de a PSOE y UP, al PNV, Más País, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe y C’s que, con su cambio de voto, logró que sus 10 escaños resultaran determinantes para la aprobación de la propuesta.

Las 97 abstenciones de esta ocasión fueron del PP, EH Bildu, BNG, UPN y el diputado de Soberanistas Juan Josep Nuet, integrado en la coalición parlamentaria que lidera ERC. Por su parte, los 75 votos en contra de la prórroga procedieron de VOX, JxCat, Foro, CUP y de ERC que movió su voto de abstención en las tres anteriores ocasiones al de rechazo en esta cuarta.

Conforme la triple crisis provocada por el Covid-19 ha ido avanzando, las votaciones del Estado de alarma en las Cortes han ido registrando una creciente fragilidad de los apoyos del actual gobierno. La primera prórroga cosechó una amplia mayoría (306 síes). Quince días más tarde, los escaños de Vox y la CUP sumaron los primeros noes en el hemiciclo. La tercera prórroga registró más noes todavía, ya que JxCat se incorporó a los partidarios de terminar con ella; por su parte ERC, que se abstuvo, advirtió que su voto podía transformarse en el rechazo que ahora se ha producido.

La prensa se empeña en presentar las dificultades parlamentarias del ejecutivo para sacar adelante estas sucesivas prórrogas como una pelea “entre políticos”, apartada de una sociedad que reclamaría “que se dejaran de pequeñeces y caminaran hacia grandes acuerdos de todos” para encarar la crisis sanitaria, social y económica, así como para la obligada reconstrucción posterior a la misma.

En realidad, las votaciones parlamentarias, más allá de las declaraciones de cada uno, muestran de manera muy viva y transparente los límites institucionales que se encuentran tras los términos “cogobernaza” y “nueva normalidad” que están acompañando el proceso de las sucesivas prórrogas y que en la desescalada adquieren todavía más peso. Ambos términos no pueden esconder el atragantamiento permanente que sufre la Constitución del 78 a causa de la obstinación legal de todo el sistema a aceptar el derecho a decidir que debe constituir la imprescindible convivencia democrática entre los pueblos de los diversos territorios de la península. En esa capacidad de decidir, de construir en pie de igualdad la respuesta común, radica precisamente el choque con el engranaje a través del que se aplica el Estado de alarma. En este sentido, el voto de “sí” de C’s en su última renovación y el voto “no” de ERC deben tenerse muy en cuenta. Desde su formación, la capacidad del gobierno de coalición progresista de ofrecer una cierta salida al conflicto democrático nacional pasa por un diálogo, en el que ERC resulta una parte insustituible. No lograr su apoyo en esta cogobernaza de la desescalada fragiliza y ennegrece enormemente el futuro del propio gobierno más allá del voto de la prórroga.

Las medidas sociales

Tres millones trescientos mil trabajadores están en ERTE y la renovación esta semana de sus condiciones hasta el 30 de junio solo puede ser valorada positivamente. Los ERTE constituyen la medida más potente del llamado “escudo social”. Un instrumento que, a la par que garantiza un cierto nivel de ingresos para una parte importante de la población activa, ayuda a mantener el tejido productivo y embrida en alguna medida a la patronal. Ahora bien, el significado real de lo que representa una caída del PIB del 9,4% tiene una profundidad, que todavía nadie es capaz de mesurar en sus términos precisos.

Pensemos que hace solo tres de meses, es decir antes de la pandemia, el 55% de la población reconocía alguna dificultad para llegar a fin de mes; 12 millones de personas (26,1% de la población) ya vivían en riego de exclusión; más de un millón de trabajadores eran pobres a pesar de tener empleo; 2,5 millones de personas sufrían pobreza extrema. Sobre ese lecho y combinado con él, aparecen ahora más de 3 millones de trabajadores inscritos en ERTE y más de 3.831.203 personas desempleadas, de las que solo el 62,4% tiene cobertura. Alrededor de un tercio de la población activa depende, en estos momentos, del Estado para conseguir algún ingreso y, es evidente que las cantidades que percibe resultan manifiestamente menores a los ya escasos salarios pre-Covid.

Hablamos de cifras que podríamos tildar de posguerra. Por ello, independientemente de cualquier intención, las medidas de protección diseñadas, más allá de su efecto mitigador evidente, se están quedando muy por detrás de las necesidades detectadas. De otro lado, se hallan embarradas en una burocracia (privada y pública) que enlentece y dificulta el acceso a ellas. Insistimos, no es solo que el fondo de esas medidas nazca del mantenimiento de un status quo profundamente injusto y empobrecedor de la mayoría de la población no rica (tras el cambio artículo 135 de la constitución o al límite de gasto municipal). Es que, además, se somete y parte para su ejecución de los bancos o aseguradoras y de instrumentos legales públicos recortados, mal dotados (humana y técnicamente) y concebidos más para amparar el gran negocio privado que la protección social de la mayoría.

Hay que recordar que solo se han concedido un tercio de las 228 mil solicitudes de aplazamiento/reducción hipotecarios cursadas ante las entidades financieras. Las grandes compañías de suministros emplean fortunas en publicidad hablando de descuentos por el Covid, pero continúan exigiendo para otorgarlas certificados imposibles del SEPE. Los préstamos ICO, gestionados por los bancos privados, siguen dejando a gente fuera de la concesión e incluyen cláusulas ilegales como pólizas de seguros que resultan más caras que el precio del propio crédito.

En cuanto a las medidas de alquiler, los 112 millones aportados por el Estado para evitar los desahucios constituyen, en realidad, garantías para el cobro de los propietarios (en su mayoría grandes tenedores de vivienda -fondos de inversión-) y una mayor deuda por la vía del aplazamiento para los inquilinos.

De ahí que desde estas páginas no se deje de insistir en que la medida más eficaz para no abandonar a nadie sea precisamente la de otorgar de manera directa liquidez a cada persona a través de una renta básica universal para toda la población. Lo demás, no solo dejará a mucha gente fuera, sino que por otra parte sirve para distanciar y enfriar a la base electoral del gobierno de coalición progresista; la empuja a alejarse, mientras el capital financiero garantiza y protege sus réditos.

El otro gran límite para encarar una crisis se encuentra en emplear la vía de la deuda del propio Estado (pública) y de la ciudadanía (privada). Y esas son justamente las exclusivas medidas y planes diseñados hasta ahora por la Unión Europea. Porque si cortas y sometidas al poder del dinero se están quedando las propuestas sociales del gobierno, el acuerdo de distribución de los 240 mil millones del MEDE para el gasto sanitario provocado por la pandemia, representa para el reino una posibilidad real de crédito de solo 24 mil millones, o sea ridícula. Pensemos que el gobierno de Sánchez puso en juego entre avales y dinero 200 mil millones al inicio de la pandemia y que la banca española aún debe 60 mil millones de su rescate. Bruselas rechazó mancomunar deuda a través de eurobonos y sigue erre que erre forzado a cada Estado a salir a los mercados a por financiación. Cierto es que el Banco Central Europeo al comprar todo lo que se mueve reduce el coste de la misma, pero no impide que la propia deuda y su carga continúen rompiendo la Europa del euro, a base de aumentar el diferencial a favor del norte y en contra del sur. El bloqueo europeo marca uno de los principales límites a la acción del gobierno de coalición progresista, dado que la encorseta exclusivamente en los límites de la deuda que pueda colocar.

Las autonomías

El reparto a las comunidades autónomas de 16 mil millones para gasto sanitario sin ser considerado deuda y el añadido de 3 mil millones más a cuenta de los fondos FEDER han representado una señal de alivio para unas comunidades cuya financiación debe cargar, salvo en las prestaciones estatales, con el grueso de la financiación de la política social (sanidad, educación y rentas mínimas). Es decir, con todo aquello que más recortes y privatizaciones ha sufrido a manos de la política neoliberal. A pesar del mencionado alivio, los problemas de la articulación autonómica del Estado no disminuyen, sino que empeoran. Otro signo de la crisis del régimen del 78, cuya entraña, sin ser la misma en este caso, se entrecruza con la falta de resolución democrática del problema nacional.

El sistema de financiación y de compensación de diferencias territoriales a partir del llamado Estado de las autonomías saltó ya hace tiempo por los aires, siendo sustituido, a la hora de la verdad, por repetidas negociaciones bilaterales que únicamente han ido acrecentando las diferencias entre territorios y constatando la incapacidad del sistema para articular derechos universales de garantía de ciudadanía a toda su población. Pruebas claras de ello las constituyen la incapacidad de mantener a la población en su territorio (la España vaciada) o las diferencias en rentas mínimas, sanidad y educación. La cogobernanza de la desescalada deberá tener en cuenta una realidad que hasta ahora se ha despreciado y tapado tras discursos nacional españoles henchidos de bandera y división.

La nueva normalidad no tiene un camino sencillo por delante, como pronto constatará la comisión creada para su construcción en el Congreso. Los grandes acuerdos que se reclaman para hacerla posible afectan al reparto de la riqueza, a los impuestos, al peso de lo publico como base y garantía de derechos, a la reorganización política del Estado y al reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos que lo conforman, a la imprescindible transición hacia un modelo de producción sostenible alejado de la depredación y que permita anclar a la población en su territorio. Afectan a la representación política y a campos de gran calado para la sociedad y la democracia. En ese terreno, toda pelea será importante y medirá en cada ocasión a un gobierno ante el que la izquierda y el soberanismo no tiene alternativa alguna. En todo caso, cualquier opción positiva exigirá de la unidad para nacer y de pasos hacia la orilla externa del régimen del 78. Es decir, debilitamiento de los poderes económicos y financieros, refozamiento de lo público, más democracia y más igualdad.

Dicho de otra manera, en la nueva normalidad que se construye, viven los mismos problemas y los mismos límites que condicionan el cómo se ha encarado hasta ahora esta pandemia y la crisis que la acompaña. La suerte del gobierno depende de su capacidad de ir más allá.