Es difícil imaginar una situación peor: las primeras cifras del desplome del PIB en la mayor crisis económica desde 1929; incremento desbordado del desempleo; al borde de un segundo confinamiento por el coronavirus; a punto de evaporarse los espejismos sobre la resistencia del “escudo social” ante el ajuste fiscal neoliberal que anuncia la UE para 2023; con el “estado de las autonomías” convertido en un bazar mensual de transferencias a cambio de apoyos caciquiles y los ayuntamientos esquilmados de los superávits impuestos por el ministro de hacienda del PP Cristóbal Montoro…

Y a pesar de ello, el PSOE se sitúa 11 puntos por delante del PP y se prepara para una negociación a todas las bandas de los presupuestos “progresistas” que deben sostener la reestructuración de la economía del país sin alternativas políticas, por la derecha o la izquierda. Los márgenes del Régimen del 78 parecen ser suficientes para esta operación de consolidación institucional, agotado el ciclo político de rebeldías del 15 M y del procés soberanista catalán, el primero cooptado electoralmente en parte por Unidas Podemos como socio menor del Gobierno de Coalición Progresista, y el segundo reprimido primero y acosado después por un Tribunal Supremo más vengativo que justiciero y enfangado en la crisis de hegemonía que se disputan JuntsXCatalunya y ERC, lo que no le impide aumentar en las encuestas. El péndulo ha oscilado de un incipiente período constituyente popular más allá de los límites del Régimen del 78 a otro desconstituyente de refundación reaccionaria del mismo, para situarse de nuevo en el “centro” que representa el PSOE y subordinar a la “estabilidad institucional del régimen constitucional de 1978” la orientación estratégica del Gobierno de Coalición Progresista. A pesar de estos márgenes la huida del emérito ha abierto otro boquete en esa más que difícil estabilidad.

Y de pronto, en la primera semana de agosto, el escándalo esperpéntico de la salida del Reino de España del Rey emérito y el choque, una vez más con los límites constitucionales del Régimen del 78, cuya estabilidad institucional lleva a asegurar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “no se juzga a las instituciones, sino a las personas”. Aunque como es evidente, si se desmorona finalmente el tinglado del “juancarlismo”, si ya no se sostiene el mito de su intervención redentora frente al golpe de estado del 23-F, si lo que queda es una institución restaurada por el franquismo e impuesta por los “poderes fácticos” como institución arbitral de última instancia en la Constitución de 1978, como demostró el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum catalán y antes de la aplicación del artículo 155 contra la Generalitat de Catalunya, si el rastro de las comisiones cobradas y el reguero de los actos anticonstitucionales del Rey emérito es su legado… ¿No cuestiona eso a la institución?

La trama judicial

Pero, efectivamente, conviene comenzar juzgando a la persona, como recomienda el propio Presidente del Gobierno, refrendo legítimo institucional de todos los actos del monarca y de la Casa Real según el artículo 64 de la Constitución española de 1978.

En junio de 2015 el Comisario Villarejo se entrevista en Londres con Corinna Larsen, “amiga entrañable” del emérito, como se la define. Villarejo graba la conversación, en la que busca pruebas de las presiones y chantajes que habría sufrido por parte del Director General del CNI, el general Félix Sanz Roldán, tras su distanciamiento de Juan Carlos I. El motivo de Villarejo es proteger a su vez la red de espionaje político e industrial mercenaria que ha montado y que implica desde miembros de la oligarquía española hasta políticos catalanes, con apoyos en la “policía patriótica” del Ministerio del Interior en la época del PP y a la que quiere poner coto, según Villarejo, el general Sanz Roldán tras el conocido caso “Pequeño Nicolás”. La conversación con Corinna Larsen queda grabada en la cinta 150416_16R, que solo se conocerá públicamente tres años más tarde, aunque el Juez Instructor Diego de Egea haya conocido el contenido tras la detención del ya ex-comisario Villarejo en noviembre de 2017, haya abierto una causa aparte -el “caso Carol”. En julio de 2018, desde la cárcel, Villarejo filtra a las webs OKDiario y El Español, situadas en la extrema derecha, el contenido de la grabación con Corinna Larsen, como punta del iceberg de los dossiers de chantaje que asegura poseer y amenaza revelar si su situación no prospera. A pesar de ello, el juez instructor archiva provisionalmente la causa en septiembre de ese mismo año.

No es esa la actitud de la justicia suiza. Ese mismo verano, el fiscal Yves Bertossa abre una investigación sobre una transferencia, entre otras, de 65 millones de euros en 2012 que recibe Corinna Larsen en su cuenta en Bahamas desde una cuenta suiza vinculada a la fundación panameña Lucum, creada el 31 de julio de 2008 por los gestores financieros suizos Arturo Fasana y Dante Canonica, en el que se nombra como beneficiarios a Juan Carlos I y Felipe VI. Corinna Larsen reconoce ante el fiscal Bertossa esa transferencia en declaración el 19 de diciembre de 2018. Asimismo, hay una conexión directa con una segunda fundación, Zagatka, a nombre de Álvaro de Orleans, pariente lejano de la familia Borbón, en la que también figuran como beneficiarios los miembros de la Casa Real y desde la que se han efectuado diversos pagos de viajes del Rey emérito. En marzo de 2020 Felipe VI, tras las revelaciones del diario británico The Telegraph, comunica al gobierno que desconocía todo lo relativo a estas fundaciones y en un comunicado de la Casa Real “renuncia” a cualquier herencia de su padre, con efectos legales inexistentes por hallarse este con vida.

El 8 de junio la fiscalía general del Tribunal Supremo español había anunciado apertura de investigación sobre las cuentas suizas mencionadas, estableciendo que el origen de los fondos antes de 2014 y la abdicación de Juan Carlos I estaban protegidos por la inviolabilidad prevista en el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 y en cuanto al movimiento de las cuentas, que podían haber incurrido en blanqueo de capitales y delitos fiscales, estos prescriben a los 10 años si se trata de una cantidad superior a los 600.000 euros. El 4 de julio de 2020, el diario El País, filtra la declaración en Suiza de Corinna Larsen. Hasta el 27 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no reabrirá el “caso Carol”, archivado provisionalmente dos años antes. Corinna Larsen y Villarejo están convocados para declarar ante la justicia española el próximo 7 y 8 de septiembre.

La “negociación”

La trama investigada se remonta sin embargo a años atrás. En concreto, a tres casos sobradamente conocidos: la visita empresarial a Arabia Saudí en abril de 2006 para presentar la oferta para la construcción del AVE Medina-La Meca; el caso Noos (2010), que acabó con la condena de Iñaki Urdangarín, miembro de la Casa Real como esposo de la Infanta Cristina, en 2017 a cinco años de prisión; y el viaje de caza a Botswana en abril de 2012, que acabó con una ruptura de cadera y el embarazoso encubrimiento del gobierno Rajoy. Todo ello forzó la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014, en un consenso bipartidista dinástico del PP y el PSOE, para salvar la institución monárquica de los escándalos judicializados que han acabado en la traca final actual.

En definitiva, resultaba ya imposible en 2014 negar u ocultar que la labor diplomática de la jefatura del estado ejercida por Juan Carlos I había conllevado la solicitud de comisiones o donaciones para su provecho particular a otros jefes de estado de monarquías no parlamentarias y violadores sistemáticos de los derechos humanos como Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Que estos actos no refrendados eran anti-constitucionales. Que en esta labor habían participado y se habían beneficiado también importantes empresas multinacionales españolas, emergiendo ese “capitalismo de amiguetes” que ha caracterizado el Régimen del 78 y que, además, como ponía de manifiesto el “caso Villarejo” implicaba prácticas ilegales y mafiosas en las que estaban envueltas instituciones del estado. Como bien ha señalado el constitucionalista Javier Pérez Royo, si en el estado de derecho la discusión del principio de legitimidad conlleva siempre la actuación de organismos jurídicos de control para asegurar el principio de legalidad, en el caso de la jefatura del estado, por su propia inviolabilidad, esto solo puede corresponder a los representantes de la soberanía popular, las Cortes Generales.

Es decir, ya no se trata de un problema de “juzgar” a una persona que, por definición constitucional es una institución, sino que además su conducta plantea la cuestión del refrendo o no de sus actos por otra institución, el gobierno, y de la delimitación de cuál de ellas ha actuado anticonstitucionalmente. Lo que en caso de refrendo implica al Tribunal Constitucional y en el caso de no existir este, correspondería a las Cortes Generales como representante de la soberanía popular, según Pérez Royo, opinión que parece compartir asimismo como jurista Gerardo Pisarello.

En cualquier caso, Juan Carlos I se encontraba semanas antes del comunicado de la Casa Real de 15 de marzo de 2020, en el que se reconocía la existencia de la Fundación Locum y la “renuncia” de Felipe VI a su herencia en República Dominicana, disfrutando de la hospitalidad de la familia Fanjul. Tuvo que regresar al reino para seguir desde el Palacio de la Zarzuela la reapertura del “caso Carol” por la justicia española. Y prepararse para los efectos que sin duda tendrán las declaraciones judiciales de Corinna Larsen y el ex-comisario Villarejo el 7 y 8 de septiembre.

La desazón pública del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez se hizo evidente el 17 de marzo tras el comunicado de la Casa Real: “un asunto que ha sobresaltado al conjunto de la opinión pública”. Y apareció ya la triada que se convertiría en el mantra de su posición: “ejemplaridad, transparencia y regeneración”, que evidentemente se quedaron en palabras vacías, o si se quiere en un ejemplo de significantes portadores de nuevos significados. La ejemplaridad, legalmente no pasaba de ser un truco de prestidigitador por su carencia de efectos y por hurtar las conductas cuestionadas del control político y judicial. La transparencia desapareció a continuación alegando el secreto de los despachos entre el Presidente del Gobierno y Felipe VI, hasta el punto de no comunicar lo que estaba sucediendo a sus socios de gobierno, Unidas Podemos, ni a la oposición representada por el PP. ¿Regeneración? Con la excepción de los nombramientos civiles y militares de la Casa Real, los actos de Felipe VI deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno…

Pero el esperpento se podía haber ahorrado, más en las circunstancias de la pandemia. Tras dimes y diretes sobre una supuesta negociación a tres bandas, la portavoz del gobierno María Jesús Montero declaró que esta solo había existido a dos bandas, Felipe VI y Juan Carlos I y que el refrendo gubernamental solo había sido, por lo tanto, a posteriori. Pero, por otro lado, ¿qué se había negociado? Ante las especulaciones quedó claro que el Rey emérito seguía conservando su título, sin reforma de los decretos que se lo atribuyen, siendo miembro de la Casa Real, con escolta y protección y que en realidad su salida del país era “temporal”, entre otras cosas porque como señaló su abogado, sigue a disposición del ministerio fiscal, aunque no esté imputado en este momento por delitos cometidos después de su abdicación. Es decir, el Rey emérito se disponía a proseguir su vida donde la había dejado antes de volver de República Dominicana en febrero. Y en este contexto hay que leer la carta remitida a su hijo, auténtica joya del realismo mágico.

No hacía falta que lo confirmase, pero lo hizo. El domingo se fue a las regatas de Sanxenxo con sus amigos, se trasladó por carretera a Portugal y de allí voló a paradero “desconocido” con sus escoltas, mientras hacía llamadas a conocidos, filtradas a la prensa, para asegurar que tenía “billete de vuelta”.

El lunes 3 de agosto, el Vicepresidente segundo Pablo Iglesias no pudo contenerse más y apuntó que se trataba de una “huida indigna”, que la ejemplaridad exigía dar cuentas en España a los españoles de sus actos y reclamar un debate sobre Monarquía o República. La ministra Irene Montero denunciaba al día siguiente que Unidas Podemos había desconocido todo el proceso. La alcaldesa de Barcelona y dirigente de los Comunes exigía un referéndum sobre la forma de estado y Jaume Assens, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos prometía llevar el debate al Congreso de los Diputados. La revuelta o revueltilla no duró 48 horas. Pedro Sánchez impuso la disciplina del gobierno entorno a la posición del PSOE, aunque con margen para la pataleta de Unidas Podemos. En definitiva, concluyó de forma clarividente, no se podía entregar la defensa de la Constitución de 1978 a la derecha: el pilar de la estabilidad institucional de la segunda restauración borbónica es el propio PSOE.

Nada ha reflejado mejor está situación que el bloqueo del debate sobre las circunstancias que atraviesa la corona en el Congreso de los Diputados por el ampliado espectro de los partidos dinásticos, que amenaza con reducir a lo anecdótico las anunciadas iniciativas de Unidas Podemos. Y en el caso del Parlament de Catalunya, la cosa ha llegado el 7 de agosto a una declaración mayoritaria (69 contra 65 votos) de que “Cataluña es republicana y no reconoce a ningún rey”. Para a continuación no publicarla en su boletín oficial tras la advertencia de los letrados de la institución de las consecuencias penales que podía acarrerar.

La república como alternativa

Pero, ¿qué ocurre cuando las instituciones centrales de un régimen son inestables per se? ¿Cuándo a pesar de la voluntad de las fuerzas políticas de lograr la estabilidad -lo que no es el caso tras las crisis del bipartidismo dinástico y la polarización de bloques existente tras 2015- esta es imposible por la pérdida de legitimidad?

El ejemplo histórico más evidente fue la Primera Restauración borbónica. Su larga agonía de 36 años no solo bloqueó el proceso de modernización del Reino de España, sino que alentó dos guerras coloniales en Marruecos, la corrupción generalizada, la represión contra el movimiento obrero y los movimientos autonomistas, la dictadura “regeneradora” de Primo de Rivera y finalmente el golpe militar contra la única alternativa, la II República. Sin duda es una causalidad simplista de los acontecimientos históricos, tan simplista como los cuarenta años de dictadura franquista que siguieron para dar paso a una segunda restauración borbónica.

A estas alturas no es necesario defender una vez más los argumentos teóricos a favor de la república como forma de estado democrática. Para los partidarios de la libertad republicana el énfasis y la urgencia se sitúan en como asegurar las condiciones materiales de la ciudadanía, haciendo que la república sea la forma de estado más democrática, expresión de la autogestión política de los intereses de la inmensa mayoría. Lo que implica que querer “todas las libertades” supone no dejar alguna en la cuneta. Exigir la garantía de las condiciones materiales de existencia, no debe servir de pretexto para olvidar libertades democráticas como el derecho a la autodeterminación, y defender este derecho tampoco debe servir de pretexto para “dejar para más delante” la defensa de las condiciones materiales de existencia de toda la ciudadanía. Unas libertades republicanas no están subordinadas a otras. La libertad republicana implica que cualquier ciudadano y ciudadana pueda levantar la cabeza y poder “mirar directamente a los ojos” a cualquiera. Quien no tiene la existencia material garantizada no puede hacerlo; quien vive bajo una monarquía impuesta por una de las dictaduras más sanguinarias de Europa del siglo XX y no puede elegir democráticamente la república, tampoco; quien no tiene reconocido el derecho de autodeterminación de una nación cuya gran mayoría de la población lo exige, y sufre la existencia de presos políticos por defender libertades democráticas, tampoco.

Estos días hemos tenido que soportar otra avalancha de justificaciones de los “juancarlistas”, que no monárquicos, sumergidos en la melancolía de las patrañas justificativas del golpe de estado del 23-F que sigue bajo secreto en los archivos del estado. De los “monárquicos republicanos”, como los propios portavoces de un PSOE que no reconocería el republicano Pablo Iglesias Posse, que identifican la estabilidad institucional con esta monarquía bananera. Hasta las Juventudes Socialistas han tenido que salir a proclamar ritualmente su republicanismo. Y de los monárquicos a secas, por no decir reaccionarios, para los que el objetivo es un estado fuerte que recorte los derechos democráticos de los ciudadanos. Han añadido al esperpento, el escarnio.

Tras los acontecimientos vividos y que quedan por vivir, la crisis de sus instituciones acabará devorando al Régimen del 78 y con él a una monarquía que va dejando tras de sí el reguero descrito de su falta de legitimidad, de su disfuncionalidad democrática, de su bloqueo a la modernización y a la reconstitución plenamente democrática del estado. No solo porque es un baluarte de los intereses de clase de las oligarquías, sino porque se interpone a la solución democrática de la cuestión nacional, que implica el derecho de autodeterminación, y por lo tanto a la libre relación entre iguales de los distintos pueblos que constituyen el actual Reino de España.

La combinación de diversos elementos es lo que puede quebrar ese entramado político y económico que sostiene a la monarquía. Su propia crisis de legitimidad, la alianza de fuerzas parlamentarias (68 diputados se reclaman del republicanismo) y, especialmente, si crece la exigencia por abajo de un cambio republicano, como la campaña que en Cataluña desarrolla Ómnium Cultural, o la comenzada en Euskadi. La respuesta social y sindical a la crisis de la gestión del Covid 19 podrá ser un acicate para unir la satisfacción de las necesidades sociales con los cambios políticos que quiebre los actuales poderes económicos y antidemocráticos.

A quienes desde la izquierda se contentan con el “alma” pero posponen el “cuerpo” republicano conviene recordarles las consecuencias de haber preterido la república como espacio de confluencia unitario. El fracaso que supuso para la resistencia antifranquista en los años 1940 y 1950 los intentos de negociar con el pretendiente Borbón en Estoril. Las consecuencias de la aceptación de la monarquía franquista y su bandera por el PCE de Santiago Carrillo antes del proceso constituyente “controlado” que estructuraría el Régimen del 78.

La alianza republicana es la condición de la construcción de una alternativa a esta degradada segunda restauración borbónica. Prepararla y construirla desde la unidad de las izquierdas y el respeto a las soberanías de los pueblos puede ser el mejor acicate para recuperar la vía de procesos constituyentes que ofrezcan una salida democrática a este largo y deformado callejón sin salida institucional.