El régimen peruano, el cual fue instalado con la complicidad del imperialismo estadounidense en un golpe parlamentario contra el presidente Pedro Castillo, está consolidando formas dictatoriales de gobierno detrás de la fachada “constitucional” del Congreso y de la exvicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte.

Los toques de queda expiraron, pero el estado de emergencia nacional continúa, suspendiendo los derechos democráticos básicos como la libertad de reunión y autorizando al ejército a permanecer desplegado en todo el país.

Desafiando la represión y a pesar de la aprobación del Congreso de elecciones en abril de 2024, las manifestaciones han continuado en Lima, Cusco y el sur de Perú contra el golpe de Estado del 7 de diciembre y por la renuncia de Boluarte.

Según el Ministerio de Salud, hasta el 22 de diciembre, han sido asesinados al menos 27 manifestantes —todos civiles— y 367 más han sido hospitalizados.

Cuando el Ministerio del Interior alega que la masacre es una reacción a “actos bélicos”, las calles y los aeropuertos fueron convertidos en campos y campamentos de batalla por el despliegue de miles de soldados, marchando en formación y cantando en los centros de las ciudades, y disparando municiones reales contra jóvenes, trabajadores y campesinos desarmados.

En el departamento sureño de Ayacucho, los 10 muertos confirmados eran adolescentes, salvo uno, y ocho autopsias confirmaron que habían muerto por disparos de armas de fuego. A medida que se van conociendo detalles sobre las víctimas, queda claro que la mayoría eran jóvenes empobrecidos que vivían en condiciones precarias, en su mayoría procedentes de pequeñas comunidades agrícolas y que sobrevivían en el sector informal.

Basándose en entrevistas con familiares, por ejemplo, Ojo Público informa de que D.A.Q., de 15 años, que fue asesinado durante la ocupación del aeropuerto de Andahuaylas, era estudiante y la principal fuente de ingresos de su familia haciendo trabajos ocasionales en las granjas locales o en la construcción. Wilfredo Lizarme Barboza, de 18 años, realizaba trabajos similares y estaba ahorrando dinero para estudiar medicina.

Beckham Quispe Garfias, de 18 años, era estudiante de secundaria y estrella de fútbol en ciernes. Su padre es un pequeño agricultor de tubérculos y su madre vende mazorcas de maíz. Carlos Huamán Cabrera, de 26 años, padre y excantante, se había trasladado en busca de trabajo desde Amazonas a Lima y luego a La Libertad, donde se instaló y trabajaba en una empresa agroexportadora.

Las tomas de los aeropuertos internacionales de Arequipa, Cuzco y Juliaca, y de los aeropuertos locales de Ayacucho y Andahuaylas, junto con los bloqueos de la carretera Panamericana y del ferrocarril a Machu Picchu, fueron desarticulados por el ejército y la policía.

Además, en los últimos días, el régimen emprendió una serie de procesos judiciales contra dirigentes estudiantiles y redadas contra universidades, la Confederación Campesina de Perú y el partido pseudoizquierdista Nuevo Perú

El domingo, el Comando Especial “antiterrorista” del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y la policía utilizaron la fuerza bruta, incluyendo municiones reales, para poner fin a una ocupación de 12 días de una planta de gas natural por parte de los vecinos de Kepashiato, en el departamento sureño de Cusco. Exigían el cierre del Congreso y la dimisión de Boluarte.

La empobrecida población rural de las selvas del VRAEM, en el sureste de Perú, se ha enfrentado a un acoso constante por parte del ejército, bajo repetidos estados de emergencia supuestamente para destruir las extensas plantaciones cocaleras. El ejército y la policía no solo reciben entrenamiento e inteligencia constantes del Pentágono, sino que frecuentemente también hay oficiales estadounidenses incrustados en el ejército peruano.

Mientras tanto, ha surgido más información que confirma que Washington trabajó entre bastidores para derrocar a Castillo e instalar un régimen de ley y orden aún más subordinado a los intereses estadounidenses. En última instancia, esto condujo al intento preventivo y fallido de Castillo de disolver el Congreso antes de una votación para destituirlo el 7 de diciembre.

El día anterior, la embajadora estadounidense Lisa Kenna, quien trabajó durante nueve años para la CIA y fue secretaria ejecutiva del secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, se reunió con Gustavo Bobbio, quien había sido nombrado ministro de Defensa un día antes. Bobbio, como dijo en una entrevista con RPP Noticias, dio la “indicación” al mando militar de desobedecer las órdenes de Castillo el 7 de diciembre y mantener a las tropas en los cuarteles ese día. El predecesor de Bobbio había dimitido días antes y el comandante de las fuerzas armadas dimitió horas antes del discurso de Castillo para disolver el Congreso.

Casi inmediatamente después del discurso de Castillo, Kenna tuiteó condenando la acción, lo cual fue seguido poco después por una declaración conjunta de los militares y policías peruanos jurando defender el “orden constitucional”, la rápida destitución de Castillo por el Congreso y su detención por orden del alto mando militar. A continuación, el Departamento de Estado y la Unión Europea reconocieron rápidamente a Boluarte como nueva jefa de Estado.

El 13 de diciembre, un día antes de la declaración del estado de emergencia y el despliegue de tropas contra los manifestantes, Boluarte se reunió con Kenna, “quien reiteró el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la situación social”, según un tuit de la cuenta oficial del régimen peruano.

Un artículo publicado el lunes en La Jornada informa que el agregado militar de la Embajada de Estados Unidos, Mariano Alvarado, desempeñó un papel clave en la coordinación del golpe con el alto mando peruano. El diario mexicano cita entonces a fuentes ligadas a las transnacionales en Lima que apuntan a una “sofisticada operación de inteligencia” desde septiembre para convencer a Castillo de que contaba con el apoyo de las fuerzas armadas para disolver el Congreso, con el fin de facilitar su destitución.

Ahora, el régimen de Boluarte está controlado por figuras de extracción militar y con claros vínculos con Washington:

· El primer ministro Alberto Otárola, que ha sido el rostro de la represión, fue viceministro de Defensa bajo Alejandro Toledo y asesor especial de una comisión de reforma que trabajaba para dar a los militares un velo de supervisión civil, como lo promovía Estados Unidos. En esa época, la USAID financió innumerables programas de capacitación del Congreso y de la “sociedad civil” para promover la renovación de la imagen de los militares tras la renuncia del presidente autoritario Alberto Fujimori. Los fondos se utilizaron para capacitar a más de 7.000 civiles en temas de seguridad.

· El nuevo jefe de inteligencia, el coronel retirado Juan Carlos Liendo O’Connor, trabajó en la Dirección de Política y Planes Estratégicos del Comando Sur de EE.UU. como enlace del Ministerio de Defensa peruano y del Estado Mayor Conjunto.

· El nuevo ministro de Defensa, el general Jorge Chávez Cresta (retirado) es graduado de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y del Centro William Perry en Washington, y ha trabajado repetidamente como enlace con los ejércitos estadounidense y europeos.

La destitución de Castillo es el último de los innumerables golpes en América Latina orquestados por Washington para asegurar los intereses corporativos y geopolíticos de EE.UU. El anterior fue el golpe militar boliviano que derrocó a Evo Morales en 2019. En cuanto a Perú, su mayor socio exportador e importador es China, considerada abiertamente por el imperialismo estadounidense como la principal amenaza a su hegemonía global.

Mientras tanto, las clases dominantes estadounidense y peruana buscan desesperadamente poner fin a la incesante inestabilidad política en Perú –con cinco presidentes en poco más de dos años y el relevo de 80 ministros bajo Castillo— y a las olas de bloqueos de carreteras y protestas que duran semanas. En medio de numerosas crisis de las cadenas de suministro en todo el mundo, Perú, segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, ha sufrido importantes interrupciones en la minería.

El despliegue militar del propio Castillo contra los manifestantes rurales que habían bloqueado la importante mina de Las Bambas, propiedad de la empresa china MMG Ltd., así como la represión policial contra las huelgas en Cusco, Lima y otras ciudades por la subida de los precios de los alimentos y el combustible a principios de este año, contribuyeron enormemente a desacreditar al antiguo maestro rural y líder sindical. Esto tuvo un importante papel distanciador, limitando el alcance de las protestas actuales, en las que la clase obrera aún no ha intervenido en masa.

Sin embargo, el objetivo del imperialismo estadounidense y de la oligarquía peruana de establecer un periodo de estabilidad bajo un régimen militar autoritario no les resultará tan fácil. Las contradicciones sociales son tan inmensas que se vislumbra otro estallido en el horizonte como parte del crecimiento de la lucha de clases en toda América.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de diciembre de 2022)