Una operación federal en Carolina del Norte contra migrantes inició esta semana como parte de las acciones del Gobierno del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, para supuestamente “garantizar que los estadounidenses estén a salvo y que se eliminen las amenazas a la seguridad pública”.

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El operativo comenzó en la ciudad de Charlotte, donde se produjeron las primeras detenciones de migrantes. Entre los arrestados se encontraban entre 15 y 20 miembros de una iglesia, sorprendidos mientras realizaban labores de jardinería en la propiedad.

Las redadas se ejecutaron bajo las directrices del presidente Donald Trump y de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Sin embargo, autoridades locales calificaron el hecho como una acción que genera temor e inseguridad, contraria al objetivo declarado de proteger a la población.

Entre los detenidos figuran personas sin antecedentes penales, lo que ha provocado represalias y rechazo social ante lo que se percibe como procedimientos sin respaldo legal.

Charlotte se convirtió en epicentro de las detenciones luego de que Trump señalara a la ciudad como ejemplo de una urbe gobernada por demócratas que, según él, no estaba haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos tras delitos presuntamente cometidos por inmigrantes.

En paralelo, Chicago ha sido escenario de múltiples redadas en los últimos meses, con miles de migrantes arrestados y posteriormente liberados, debido a que las detenciones carecían de garantías legales, un patrón que se ha repetido en varias regiones del país.

La medida afecta principalmente a los migrantes indocumentados, aunque también ha generado preocupación entre migrantes naturalizados, quienes temen que las políticas de Trump impulsen un aumento de las deportaciones y modifiquen criterios como la naturalización por nacimiento.

El despliegue de estas operaciones refleja un endurecimiento de la política migratoria, que ha desatado críticas por su impacto en comunidades vulnerables y por las dudas sobre su legalidad.