La imagen de los soldados en las calles y la imposición del toque de queda evocaron inmediatamente oscuros recuerdos. Desde octubre de 2019, la mayor parte de la sangrienta represión ha sido llevada a cabo por la policía nacional, que –en virtud del Estado de emergencia– ha estado reportándose a los comandantes militares de grandes ciudades como Santiago y Valparaíso.

Estas situaciones son agobiantes, no solo en América Latina, sino también en países como Canadá, donde Pinochet también hace parte de la memoria colectiva transmitida de una generación progresista que se opuso al horror, a la siguiente. Esta experiencia es, además, avivada por la memoria de muchos canadienses y quebequenses de origen chileno que debieron huir de la dictadura de Pinochet.

Simultáneamente, en Colombia como en Chile, los levantamientos y las huelgas han tenido que enfrentarse, directa o indirectamente, a las fuerzas armadas.

En Brasil, la creciente resistencia popular al gobierno de derecha de Bolsonaro ha sido omnipresente desde que este ganó las elecciones de 2018, después del encarcelamiento de su principal oponente, Lula da Silva.

En Bolivia, un escenario diferente, Estados Unidos y aliados suyos, respaldados por los militares, fomentaron un golpe de Estado basado en la mentira de que las elecciones de Evo habían sido fraudulentas. Es conocido que los principales oficiales del ejército implicados en el golpe de Estado fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Estados Unidos.

Las experiencias de Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Bolivia, todas ellas contrastan con la realidad venezolana. De hecho, estas se encuentran en dos polos opuestos: reacción y revolución. No es que Estados Unidos no haya intentado hacer de las fuerzas armadas venezolanas una tropa traidora. Se han esforzado mucho por convertir a los militares venezolanos en una réplica de sus contrapartes en aquellos otros países donde domina la reacción, pero no han tenido éxito.

¿Cómo explicar esto? Comparémoslas. En una entrevista en línea, Claude Morin, profesor retirado del Departamento de Historia de la Universidad de Montreal, posiblemente el más importante latinoamericanista en Québec, afirmó que el Ejército colombiano está compuesto por soldados entrenados en la lucha contra la insurgencia, en la muerte de guerrilleros y en la ejecución de masacres contra cualquiera de las comunidades que pudiesen estar inclinadas a apoyarlos.

Los reclutas han sido condicionados para realizar estas tareas, es decir, ver a la gente y a los civiles como una amenaza. Los oficiales han sido entrenados con manuales de la Escuela de las Américas de Estados Unidos.

En su lucha contra las guerrillas, el ejército ha desarrollado lazos con los grupos paramilitares y los han subcontratado para asesinar. Bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe, el Ejército recibió bonificaciones para asesinar a campesinos, que luego de ser ejecutados fueron vestidos como guerrilleros (el escándalo de los «falsos positivos»). Esta «fue una industria de muerte de mala fe», concluye Morin.

Hasta 1973, el Ejército chileno fue considerado fiel a la Constitución. Pero con la llegada de la Unidad Popular, la oposición de Estados Unidos al socialismo democrático de Salvador Allende, y la polarización de la sociedad chilena, hicieron que el ejército tomara partido contra el Gobierno.

Tras un golpe de Estado, Pinochet estableció un Gobierno militar radicalmente diferente. Los golpistas purgaron al Ejército de aquellos oficiales y soldados que se opusieron al golpe. Los subsiguientes actos de terrorismo de Estado dejaron más de 3 000 muertos o desaparecidos.

El cuerpo de oficiales chilenos siempre ha sido reclutado al interior de las élites, mientras que los soldados venían, generalmente, de la clase obrera. «No sé hasta qué punto el Ejército podría haber ayudado a cualquiera en su ascenso en el estatus social», afirma el profesor Morin «pero, dado que, según los sociólogos, Chile es una sociedad conservadora, creo que las fuerzas armadas inculcan en los soldados y en los reclutas de la clase obrera una ideología favorable a las élites, a la oligarquía y al status quo».

Pasando a Argentina, Morin compara la ideología de la seguridad nacional, prevaleciente durante la «guerra sucia» en ese país (1976-1984), con la de Colombia. Oficiales de alto rango fueron reclutados entre la oligarquía. El anticomunismo fue el factor común que mantuvo a todas las facciones juntas. «Los disturbios en Argentina durante la década de 1960, las autoridades antiperonistas, una sucesión de gobiernos militares entre 1954 (el derrocamiento de Perón) y 1984 (regreso del gobierno civil con Alfonsín), y la “guerra sucia” crearon un contexto de represión de todas las protestas efectivas o aprehendidas contra el orden establecido, que consideraba a los manifestantes como subversivos».

Como lector de la prensa argentina, Morin concluye que, con la presidencia de Macri, los oficiales fueron capaces de mostrar sus rostros una vez más, actuando como un escudo permanente contra cualquier levantamiento.

Cuando el golpe en Brasil, el embajador Gordon, de Estados Unidos, incitó a los oficiales brasileños por este camino, y los golpistas fueron tranquilizados con la presencia en la costa de naves de guerra estadounidenses. «Tanto Estados Unidos como los oficiales involucrados estaban preocupados por los vínculos de Goulart con Cuba, quien incluso había condecorado al Ché Guevara con la orden Cruzeiro do Sul. Nuevamente aquí entra en la escena el anticomunismo».

En un artículo de 2003, Marta Harnecker señala que los militares venezolanos poseían siete rasgos definidos que hacían que estos no sólo fuesen diferentes de los descritos anteriormente, sino todo lo contrario. Se trataba de un caldo de cultivo natural para el chavismo.

Primero, fueron profundamente cultivados en las ideas y el pensamiento de Simón Bolívar respecto a la soberanía nacional y popular. Segundo, los militares en el tiempo de Chávez fueron entrenados en la Academia Militar de Venezuela y no en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Tercero, las condiciones históricas eran diferentes.

La insurgencia guerrillera no constituía un gran problema y, por consiguiente, mucho menos era necesario el adoctrinamiento de la ideología de la Guerra fría «anticomunista».

De hecho, para cuando la generación de Chávez entró en la Academia, en 1970, la actividad de la guerrilla había sido arrancada de raíz. Cuarto, los militares venezolanos no estaban controlados por una casta militar de élite.

Quinto, en 1989, el levantamiento popular conocido como el Caracazo politizó a muchos de los oficiales subalternos, haciéndolos simpatizantes de una inclinación hacia la izquierda, en contra de la élite política. Sexto, la década antes del Caracazo, caracterizada por un abrupto crecimiento de las desigualdades socioeconómicas, ya había comenzado a radicalizar a oficiales subalternos.

Y, séptimo, la propuesta de Chávez de reestructurar las fuerzas armadas, una vez elegido en 1998, les dio un nuevo propósito y un espacio para canalizar la frustración acumulada durante las décadas anteriores.

Estas características sentaron sólidos cimientos en la consolidación de la unión cívico-militar venezolana para derrotar los permanentes intentos de golpe de Estado lidereados por Estados Unidos, desde enero de 2019 hasta la fecha, confirmando así la revolución contra la reacción, no sólo en Venezuela, sino en toda la región.