La sentencia fue pionera y abrió la puerta a que otros inquilinos que habían judicializado sus casos consigan lo mismo. Y así, uno a uno, revertir la venta de las 32 promociones. Devolver al patrimonio regional los casi 3.000 pisos sociales de los que se deshizo el Gobierno de Ignacio González con el «llano argumento de que no eran necesarios», dice la sentencia. No hubo ningún informe ni análisis justificativo de la operación «masiva», concluyó el juez, que anuló las dos resoluciones que permitieron esta venta «no ajustada a derecho», anulación que ahora ratifica el Supremo.

Rachid se enteró de que su casa se vendía con él y sus tres hijos dentro dos meses después de que se firmara la operación. Entraron a vivir en ese piso, cuenta, en 2007 con un alquiler de 230 euros al mes que se redujo hasta el 90% cuando Rachid se quedó sin trabajo. Pagaban en el momento de la venta 49 euros mensuales, una cantidad reducida que Encasa Cibeles –socimi que gestiona las viviendas de Azora– no quería mantener, según el afectado.

«Me llamaban y vinieron a casa varias veces para decirme que me iban a cambiar el contrato. Que podían hacerme uno de unos 150 euros al mes durante un año hasta que encontrara otro piso. No querían que siguiéramos viviendo aquí», explica al otro lado del teléfono. Las mensualidades se revisaban cada dos meses y la empresa pública IVIMA las adaptaba al nivel de renta de la familia. Una flexibilidad que Encasa quiso erradicar cuando se hizo con la propiedad de las viviendas.

El afectado se opuso durante años y, afirma, aguantó «las presiones». El contrato seguía en vigor y él continuaba pagando, a la espera de que el asunto se resolviera por la vía judicial. En 2016, la justicia le dio una mala noticia: no se le reconocía el derecho a recurrir la venta de su casa porque no tenía «legitimación activa».

Pasó con muchos casos similares, pero a finales de 2017 el Supremo admitió que las consecuencias de la venta sobre los inquilinos eran «directas» y, por tanto, tenían potestad para llevar a los tribunales cada caso. La causa de Rachid se reabrió entonces y hasta mayo. La sentencia afirmó que «la Comunidad de Madrid «ha vaciado de contenido el derecho a la reducción de renta del demandante» y subrayó que se habían vulnerado «los principios de protección a la familia, de protección de los menores y del derecho a una vivienda digna».

«De mi bloque quedamos solo el 30% de los vecinos»

Tuvieron que pasar cinco años para que un juez entrara a valorar, tras superar muchos obstáculos, el fondo de una operación que ha condicionado las vidas de miles de personas. «De mi bloque quedamos apenas el 30% de los vecinos. Y muchas de esas casas vacías están cerradas con una chapa. Eran casas que nos correspondían tras años en listas de demanda. Todos los que vivíamos en ellas estábamos aquí porque las necesitábamos», reivindica Rachid.

Varios vecinos, de Navalcarnero y otras zonas de Madrid, denuncian que Encasa ofrece dinero a los inquilinos para que se marchen. 3.000, 6.000, 8.000 euros a cambio de dejar los bloques vacíos para alquilárselas a nuevas familias, desvinculadas de las condiciones marcadas por el IVIMA. «Lo están haciendo con todo el mundo», critica Rachid, acompañado en este largo proceso por un abogado de oficio cuyo trabajo no solo ha permitido a su defendido ganar el pulso al fondo buitre, sino que ha abierto el camino a los demás.