Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2023/11/06/fd8a-n06.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws                 Jesus Ugarte, Don Knowland                                               06.11.23

Dos semanas después de renunciar como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch anunció su intención de buscar la candidatura de Morena para jefe de Gobierno de CDMX, la metrópolis más poblada del continente americano.

Esta es la última fase de una trayectoria política caracterizada a menudo como meteórica. El ascenso de García es una expresión de las condiciones sociopolíticas y económicas que han dado forma a la represión de la población mexicana bajo las últimas tres administraciones presidenciales.

Asimismo, este ascenso destaca las recurrentes conexiones al nivel más alto del estado con la opresión militar y los cárteles de drogas del partido gobernante Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

García Harfuch proviene de una familia con profundos lazos dentro del aparato de seguridad bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 80 años, de 1930 a 2010.

Su abuelo, Marcelino García Barragán, fue gobernador del estado de Jalisco y se desempeñó como secretario de Defensa durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz. García Barragán está notablemente asociado con la orquestación, en conjunto con la CIA, de la infame masacre de Tlatelolco en 1968, donde tropas del ejército acribillaron estudiantes manifestantes después de acorralarlos con tanques, resultando en la muerte de entre 300 y 400.

El padre de García es Javier García Paniagua, el ex presidente nacional del PRI y líder de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la infame y brutal policía secreta y agencia de inteligencia de México. La gestión de García Paniagua al frente de la DFS se distinguió por el uso y sanción de métodos de tortura, así como la negociación con cárteles de drogas de aquella época.

García Paniagua encabezó la llamada ‘Guerra Sucia’ de 1976 a 1980 contra grupos estudiantiles y guerrilleros de izquierda, cuando las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo miles de desapariciones, torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales.

Varios líderes de cárteles de drogas surgieron de las filas del DFS, incluyendo al líder del Cártel de Juárez nacido en el estado de Sinaloa, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el ‘Señor de los Cielos’, por la flota de aviones que utilizaba para transportar drogas.

El medio hermano de García Harfuch, Javier García Morales, tuvo afiliaciones con generales del ejército que fueron fundamentales para la fuerza de seguridad del Cártel de Juárez de Carrillo. García Morales fue eventualmente asesinado fuera de un restaurante por sicarios de un cártel rival. Tanto él como el padre de García Harfuch han sido nombrados en documentos legales que indican posibles lazos con Carrillo.

La propia trayectoria de Omar García Harfuch en el aparato de seguridad nacional continúa el legado familiar. Después de obtener títulos en derecho y seguridad pública, se sometió a una formación especializada en seguridad en la Universidad de Harvard, el FBI y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En 2008, García Harfuch se incorporó a la Policía Federal como jefe del departamento de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP). En 2012, se convirtió en Coordinador Estatal de la Policía Federal para el estado de Guerrero, y en 2015 asumió el cargo de titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

Desde noviembre de 2016 hasta 2018, García Harfuch sirvió como Comisionado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el equivalente al FBI de México, sucediendo a Tomás Zerón. Este último lideró el encubrimiento del caso que involucra a los 43 estudiantes de enseñanza rural (normalistas) de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron desaparecidos y asesinados en 2014 por miembros del cártel y unidades del Ejército.

Zerón es ahora fugitivo de la justicia en Israel. Además del encubrimiento de Ayotzinapa, Zerón está acusado de malversar más de $50 millones de dólares, así como de haber torturado a sospechosos. Su jefe en aquel entonces, el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, arquitecto principal del encubrimiento, fue encarcelado en julio de 2022 bajo cargos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de justicia.

Los registros telefónicos muestran que García Harfuch, como jefe de la policía federal en el estado de Guerrero, asistió a una reunión de alto nivel que se celebró pocos días después de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, donde se fraguó inicialmente la ‘Verdad Histórica’, el encubrimiento oficial, respaldado por el gobierno, de la complicidad estatal en la desaparición de los 43 normalistas.

En junio de 2019, García Harfuch asumió el cargo de jefe de la Policía de Investigación (PDI) para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al mismo tiempo que coordinaba la inteligencia para el gabinete de seguridad de la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Posteriormente, fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el equivalente a jefe de policía, para la Ciudad de México en octubre de 2019, cargo que desempeñó hasta su renuncia para anunciar su candidatura a la jefatura de gobierno, en septiembre de 2023, con el fin de reemplazar a Sheinbaum, quien renunció para postularse como candidata presidencial de Morena en las elecciones de 2024.

Vínculos entre el gobierno mexicano y los cárteles de drogas

Durante décadas, los vínculos entre altos funcionarios de gobierno y el crimen organizado han sido un problema recurrente en la política mexicana, abarcando múltiples administraciones, incluyendo las de los ex presidentes del PRI Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, quienes precedieron a AMLO, y el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Felipe Calderón. Todos ellos han enfrentado acusaciones de colaborar selectivamente con los cárteles de narcóticos, así como de recibir enormes sobornos.

Bajo la actual administración de AMLO, quien prometió erradicar la corrupción, persisten fuertes sospechas sobre los vínculos entre miembros de su partido gobernante Morena y grupos del crimen organizado. Notablemente, AMLO exoneró al ex ministro de defensa, el General Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido en los Estados Unidos bajo cargos de facilitar envíos de drogas de los cárteles. Cienfuegos fue devuelto a México y continúa sin ser acusado.

Igualmente, a lo largo de los años han surgido evidencias, aunque no concluyentes, sobre los propios vínculos de García Harfuch con los cárteles de drogas. En mayo de 2021, un miembro del Cártel Nueva Plaza, conocido como ‘El Cholo’, afirmó tener el apoyo de García Harfuch contra sus rivales en el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con sede en Guadalajara.

En enero del mismo año, un testigo protegido identificado únicamente como ‘Juan’ dijo a la FGR que García Harfuch estaba recibiendo dinero del cártel Guerreros Unidos, la misma pandilla involucrada en el asesinato de los 43 de Ayotzinapa. Además, su nombre apareció en un libro de cuentas que data de 2019 perteneciente a Sidronio Casarrubias, el líder de este cártel.

Cuando se unió a la fuerza policial en 2008, García Harfuch fue el protegido de Luis Cárdenas Palomino, un ex alto funcionario de justicia y mano derecha de Genaro García Luna, el principal responsable de seguridad bajo el presidente del PAN Felipe Calderón de 2006 a 2012. Cárdenas Palomino está actualmente detenido por cargos de tortura.

García Luna, a su vez, fue condenado en febrero de 2023 por un jurado federal en Brooklyn, Nueva York por su continua participación en la empresa criminal que incluye seis violaciones relacionadas con drogas, entre ellas una conspiración internacional de distribución de cocaína, así como hacer declaraciones falsas. La evidencia presentada demostró que García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. Actualmente se enfrenta a una condena de entre 20 años a cadena perpetua. El año pasado, el jefe de la agencia mexicana contra el lavado de dinero dijo que García Luna robó hasta $746 millones en contratos de tecnología gubernamental.

En junio de 2020, miembros del cártel CJNG atacaron a García Harfuch en la Ciudad de México donde sufrió tres heridas de bala que no pusieron en riesgo su vida. Como el CJNG no tenía operaciones significativas en la Ciudad de México, es más probable que le dispararan no por perseguir al cártel, sino por proteger a un rival.

A pesar de este trasfondo, García Harfuch ha obtenido apoyo público significativo para su candidatura al cargo más alto de la Ciudad de México, que se refleja en su liderazgo constante en las encuestas de opinión, incluso antes de que declarara su candidatura. Su supervivencia al intento de asesinato de junio de 2020 se ha presentado como prueba de su compromiso para combatir el crimen organizado.

García Harfuch ha hecho la dudosa afirmación de que su mandato como secretario de Seguridad Ciudadana para la Ciudad de México desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2023 ha resultado en una reducción del 31 por ciento en los homicidios. Esto ha resonado claramente con la población metropolitana, que vive bajo la constante amenaza de una violencia desenfrenada.

El historial de García Harfuch ha llevado a las secciones más militantes de Morena a alinear su apoyo con Clara Brugada, la actual alcaldesa de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.

Sus opositores citan la declaración de Alejandro Encinas, quien sucedió durante un año a AMLO como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y que fue hasta hace unas semanas subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Encinas encabezó la ‘Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa’, la cual determinó que García Harfuch efectivamente había participado en las reuniones donde se creó la llamada ‘verdad histórica’ para encubrir el papel del Ejército y la policía federal.

Además, aquellos que se oponen a García Harfuch le reprochan el no haber proporcionado información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya investigación sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa demolió la versión oficial.

García Harfuch también es criticado por no admitir ni condenar los crímenes cometidos en el pasado por su padre durante la guerra sucia, ni los de su abuelo relacionados con la masacre de Tlatelolco.

Estos disidentes también señalan los lazos con Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, ambos vinculados a los capos de la droga.

En marzo de 2019, al divulgar documentos gubernamentales sobre la Guerra Sucia y la persecución política por los gobiernos del PRI, López Obrador afirmó que ‘Vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario, que limitaba las libertades, que perseguía a luchadores sociales’ e hizo una disculpa oficial en nombre del Estado mexicano a las víctimas de la represión.

Pero la hipocresía de esta declaración queda al descubierto con la candidatura de García Harfuch. Si bien al principio se reservó en sus comentarios sobre el candidato, AMLO ha cambiado recientemente de tono para alabar sus contribuciones a la seguridad pública.

A raíz de las elecciones de 2021, en las que Morena perdió nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el partido enfrenta una dura batalla electoral en la capital en las elecciones de 2024.

Morena, un partido que proclama su compromiso con los pobres y la clase trabajadora, está ofreciendo como candidato para dirigir a la capital del país, a un funcionario policial de clase alta con un historial, en el mejor de los casos dudoso, de corrupción y de represión a la clase trabajadora.

AMLO, Sheinbaum y los funcionarios del partido están desestimando las llamadas para una investigación de García Harfuch, pues esto sólo puede exponer aún más las afirmaciones ‘izquierdistas’ del partido y revelar en su lugar a un partido cada vez más derechista, burgués y partidario de la ley y el orden.

Lenin, en El Estado y la Revolución, caracterizó al estado como ‘cuerpos de hombres armados’, refiriéndose a la policía, al ejército y a otros órganos de coacción estatal. Esta descripción encapsula el papel del estado en hacer cumplir la voluntad de la clase dominante a través del uso o la amenaza de violencia. La posible designación de un destacado miembro de un aparato de seguridad nacional corrupto y manchado de sangre es una clara expresión de la función del estado como instrumento para mantener el dominio de clase.

Los gobiernos capitalistas de todo el mundo explotan rutinariamente el miedo al crimen para justificar la intensificación de los ataques a los derechos democráticos. Durante sus cinco años en el cargo, AMLO ha supervisado una creciente militarización de la nación, incluyendo el despliegue a nivel nacional del Ejército y la Armada.

La promoción de García Harfuch es un paso claro más en esa dirección. A pesar de toda su retórica sobre acabar con la corrupción y elevar a las masas mexicanas, en el análisis final AMLO ha acabado apoyando a la represión, la corrupción y la impunidad.

Una auténtica resolución a la violencia y la pobreza generalizadas que enfrenta la clase trabajadora debe lidiar con su causa raíz, el sistema de producción capitalista cuyo único fin es la generación de ganancias. En México, este sistema encuentra su expresión más brutal en los cárteles de drogas y su relación íntima con el estado y sus funcionarios.

Este sistema sólo puede ser desmantelado mediante la toma del poder por parte de la clase trabajadora, fundamentada en un programa socialista revolucionario internacional. Sólo así se podrán eliminar las condiciones subyacentes que dan lugar a la explotación, la miseria y la violencia que el Estado mexicano ha generado durante décadas, incluyendo el tráfico de narcóticos a gran escala y la violencia concomitante que este tráfico ha propiciado.

Este plan requiere la construcción de un partido trotskista en México como sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de octubre de 2023)