La querella es presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero y 10 directores de residencias. Exige que estas personas sean investigadas por delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid esperó al 27 de marzo para implementar cualquier tipo de plan. Para entonces ya se tenía constancia del fallecimiento de 1000 personas mayores en las residencias de la Comunidad. El Gobierno aplicó cuatro protocolos, a partir del 25 de marzo, a través de los cuales delimitaba a qué ancianos atender y a cuáles no, estableciendo una serie de criterios que indicaban a priori cuándo una persona infectada por la Covid-19 podía ser derivada a un hospital.

Estos protocolos se basaban en una escala de fragilidad en nueve niveles, que descartaba la posibilidad de ingresar en los hospitales a las personas con un criterio de fragilidad de 7 o mayor (fragilidad grave con dependencia total para el cuidado personal; fragilidad muy grave, es decir, totalmente dependientes; y enfermos terminales con una esperanza de vida menor a seis meses). Los familiares querellantes también presentan testimonios en este sentido y afirman que el protocolo por el cual se dejaba de atender a sus seres queridos se aplicaba tanto en las residencias, como en los hospitales o en el SUMMA 112.

Estos protocolos habrían sido, según la querella, el soporte normativo a través del cual el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid descongestionaba la presión asistencial en los hospitales “objetivando los criterios de selección, aun a sabiendas de que la aplicación de los mismos implicaba que cientos de personas podrían morir en las residencias sin la asistencia sanitaria”, como afirman los abogados.

Todos estos protocolos se llevaron a cabo a sabiendas y a pesar de que la presión asistencial se concentraba fundamentalmente en la sanidad pública y de que la Comunidad de Madrid tenía las competencias necesarias para intervenir todos los hospitales privados y sus equipos médicos y así evitar el colapso en los hospitales públicos y sus UCIs. Esto último, estuvo lejos de llevarse a cabo. Buen ejemplo de ello es que, en los hechos, a los residentes que tenían seguros privados no se les aplicó ningunos de los protocolos de desviación a hospitales, sino que fueron trasladados a los hospitales que designaban sus seguros.

El abogado Carlos Vila afirma que “la sobrecarga asistencial en las UCIS, y la carencia de medios, fundamentalmente respiradores, se ha producido en la red hospitalaria pública”. “Esta circunstancia -continúa el abogado- exige aclarar por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid, (…) las medidas llevadas a cabo para evitar llegar a esa situación. Máxime si su acción u omisión tuvo una incidencia directa en la falta selectiva de atención sanitaria, mediante la cobertura de los protocolos señalados anteriormente o la poca o nula utilización de los hospitales de sanidad privada y de sus equipos médicos”.

Tal y como afirmaba el Consejero de Justicia en la comisión parlamentaria del 20 de abril de 2020: “el 20 de marzo, apenas seis días después de la declaración del estado de alarma, Políticas Sociales contabilizaba 200 muertos en toda la red de residencias; cuatro días más tarde, el 24 de marzo, el número había aumentado un 300 por ciento, alcanzándose la cifra de 841 fallecidos. Al día siguiente superábamos la trágica cifra de las 1.000 víctimas, y la escalada siguió en los días siguientes. Precisamente por eso, el día 27, la presidenta Ayuso, ya con ese número de fallecidos al que acabo de hacer referencia, cogió el toro por los cuernos”. Tan solo este testimonio, por parte de uno de los responsables en el equipo de gobierno de la Comunidad, pone de manifiesto unos hechos que pueden constituir, según los abogados, un delito de prevaricación, homicidio imprudente y lesiones.

El modelo adoptado para el cuidado de las personas mayores a través de residencias mayoritariamente privadas no es, sin embargo, exclusivo del PP de Madrid, sino que se encuentra extendido por todo el Estado Español, y es defendido también por el Gobierno del PSOE. Esto se expresa en que si bien en la Comunidad de Madrid el 80% de las residencias están en manos privadas, si comparamos con el resto del Estado, a nivel nacional la cifra es muy similar: el 75% de las residencias está en manos privadas. La bancarrota de la gestión neoliberal de estos servicios, presentada como “eficiente”, ha quedado manifiesta. Esta “eficiencia” se refiere más bien a que las residencias de ancianos constituyen un negocio muy lucrativo que permite ahorrar costes fácilmente e incrementar beneficios.

Estos modelos de gestión degradantes hacen que las residencias estén escasas de personal, ya la ratio fijada en el 2008 por el Consejo Territorial es cómplice de esto. Las ratios establecidas no solo limitan considerablemente la atención directa, sino que no separan las tareas específicas de los y las gerocultoras, que implican cuidados de atención directa, de las tareas propias de hostelería, como hacer camas, recogida de toallas y baberos de lavandería, servir comidas, etc. Respecto al personal técnico en las residencias el acuerdo marco establece que cada 50 plazas ha de haber 4 horas diarias, de lunes a viernes de fisioterapia y de terapia ocupacional. Esta escasez de horas explicaría la insuficiencia de las terapias, que no llegan a cubrir óptimamente las necesidades reales e imposibilita una atención digna. Un grave problema que se agrava cuando las bajas provisionales y vacacionales no se cubren. Esto último se hizo especialmente patente durante la pandemia.

En las residencias privadas, por otro lado, es frecuente la contratación de personal como Auxiliar de Geriatría en vez de Auxiliar de Enfermería. Esto permite abaratar el coste del salario ya que una Auxiliar de Geriatría cobra menos, y por convenio obliga al personal a realizar múltiples tareas de hostelería, de modo que una jornada de 7 horas se convierte en una jornada laboral extenuante en la que el tiempo no se dedica exclusivamente a las tareas de atención directa, sino que se inclina más hacia las labores de hostelería, entre otras.

Como vemos en este breve esbozo, esta “eficiencia” de las residencias privadas, es más bien sinónimo del incremento de los beneficios de sus propietarios, muchos de ellos fondos de inversión. Estos beneficios van ligados a la degradación de las condiciones laborales de los auxiliares y personal técnico, junto a la dejadez en el trato digno y de calidad de nuestras personas mayores. El Gobierno la Comunidad de Madrid es cómplice de ello, así como el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.