La Corte Penal Internacional ha ocupado una importante cobertura y centimetraje cada vez más notable en las páginas de los periódicos y en los sitios web de las agencias de noticias en estos últimos tiempos. Particularmente, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el Fiscal General de la CPI, Karim Khan, a finales de abril de este año, durante la cual las partes aprobaron un plan de trabajo conjunto para mejorar el nivel de protección jurídica de los venezolanos y alcanzaron un acuerdo para la apertura de una oficina de un grupo técnico de especialistas judiciales en Venezuela.

A su vez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, apeló de nuevo a la fiscalía con solicitud de investigar violaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos en Venezuela y llevar a los responsables ante la justicia.

Pero, ¿que es la Corte Penal Internacional? La CPI fue creada en 2002 como resultado de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, tratado adoptado en una conferencia celebrada en Roma el 17 de julio de 1998; la CPI tiene competencias para procesar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión y además puede imponer penas de hasta cadena perpetua y confiscación de bienes.

Normalmente, el tribunal actúa sólo si el delito fue cometido en el territorio de países integrantes del Estatuto de Roma o por sus ciudadanos en cualquier otro país y si el propio Estado no quiere o no puede llevar a los perpetradores ante la justicia; por otra parte, la CPI se financia mediante contribuciones de los miembros del tratado, así como con donaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, individuos y corporaciones.

123 Estados han ratificado el Estatuto de Roma, mientras que Israel, China, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, entre otros países no reconocen a la CPI y la acusan de interferir en los asuntos internos, y de tomar decisiones con motivaciones políticas. Mientras tanto y aunque parezca contradictorio, Washington abandonó el acuerdo por temor a investigaciones contra militares estadounidenses que participaron en operaciones en Irak y Afganistán y además aprobó en 2002, -el mismo año de creación de la CPI- una ley especial (American Service Member’s Protection Act), según la cual ningún ciudadano estadounidense puede ser arrestado o detenido por orden de la CPI. y en 2019, la Casa Blanca anunció restricciones al otorgamiento de visas de entrada al país de sus empleados de este ente judicial que realizan investigaciones contra estadounidenses, y en 2020, la posibilidad de introducir sanciones económicas contra ellos.

Con el estallido del conflicto ucraniano, Washington cambió repentinamente su actitud hacia el tribunal, que en los medios occidentales se convirtió en un «organismo internacional autorizado».

Los jueces de la CPI, demostraron su parcialidad contra el rival geopolítico de Estados Unidos; es decir, Rusia, país que por si fuera poco no forma parte en el Estatuto de Roma, y emitió una orden de arresto contra el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y la Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, con el descabellado pretexto de la “deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia”, omitiendo los testimonios de testigos presenciales, los mismos huérfanos y los niños que perdieron a sus padres y su protección y ante esta dura y triste realidad partieron voluntariamente hacia Rusia para escapar de los bombardeos de las fuerzas armadas ucranianas y resguardar lo único que les queda, sus vidas, ante toda esta realidad, las corporaciones mediáticas estadounidenses y sus corresponsales ignoran deliberadamente que estos se encuentran protegidos por sus familias rusas.

Aún hay más y es que los jueces intentan acusar al personal militar ruso de presuntamente haber cometido crímenes de guerra, pero de los crímenes de guerra cometidos por los mercenarios occidentales y militares ucranianos contra civiles de todas las edades y militares capturados el silencio de la CPI hace demasiado ruido.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, “la Corte Penal Internacional no ha estado a la altura de las esperanzas puestas en ella y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional verdaderamente independiente”. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que esta estructura “ha demostrado repetidamente su parcialidad política, su falta de profesionalismo e incluso su falta de comprensión de algunas normas del derecho internacional, desacreditándose así a sí misma y a la misión que le fue confiada con las mejores intenciones”.

Según los expertos, la CPI, como instrumento del neocolonialismo jurídico, tiene como objetivo eliminar a los jefes de Estado no deseados, y su subordinación a los intereses de los países occidentales que financian el organismo en detrimento del Sur global socava el derecho, la paz y la seguridad internacionales.

Si la Corte Penal Internacional tiene un gran reto por asumir si realmente quiere demostrar su eficacia al mundo pues debe demostrar su profesionalismo y su compromiso sincero con el Estado de derecho, en lugar de buscar logros políticos a corto plazo.