Al día siguiente del asalto, el 6 de abril, La Jornada, en su Rayuela, sintetizó el significado político de la acometida a su sede diplomática en Quito: ni Pinochet ni la junta militar argentina se atrevieron a tanto. Tal afirmación nos obliga a escudriñar en la historia reciente de América Latina. Así, para encontrar un caso similar, debemos retroceder al 31 de enero de 1980. El entonces general y presidente de Guatemala, Fernando Romeo Lucas García, ordenó asaltar e incendiar la embajada de España. Fue una masacre. Entre el personal diplomático, los campesinos guatemaltecos que se encontraban dentro y los invitados del embajador, el ex vicepresidente de ese país Eduardo Cáceres, y su ex canciller Adolfo Domínguez, a la sazón, miembro del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, fueron asesinados. Se contaron 37 víctimas. Hubo dos sobrevivientes, el embajador Máximo Cajal y el dirigente campesino Quiché, Gregorio Yujá Xoná. Conceptualizado como terrorismo de Estado, escribe una de las páginas más negras de la historia diplomática, protagonizada por un país latinoamericano. Ahora, en 2024, debemos sumar a esta historia de la ignominia, el asalto a la embajada mexicana perpetrado por la policía ecuatoriana y ordenado por el gobierno de Daniel Noboa. En la historia de América Latina, tampoco debemos pasar por alto el intento de asaltar la embajada cubana en la República Bolivariana de Venezuela, durante el frustrado golpe de Estado del 12 de abril de 2002. El entonces alcalde de Baruta, Henrique Capriles, sería juzgado y condenado por dicha acción terrorista. En este sentido, cualquier asalto a una sede diplomática ha de conceptualizarse como terrorismo de Estado al violar el derecho internacional, practicar la violencia contra sus representantes diplomáticos o impedir el derecho de asilo de sus refugiados.

El mejor contraejemplo, que supone respetar la inviolabilidad de una sede diplomática, lo encontramos en Perú durante la dictadura de Manuel Odría. El entonces dirigente del APRA, Raúl Haya de la Torre, solicitó, en 1949, asilo político en la embajada de Colombia. La negativa de la dictadura a concederlo, acabó en la Corte Internacional de Justicia. Fueron cinco años de estancia en la sede diplomática. Pero, en 1955, Haya de la Torre partía a Bogotá de la mano del embajador. Otro caso, ha sido el protagonizado, también por el gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno. Más allá de considerarlo una traición, en 2019, retiró el estatus de asilado a Julian Assange, concedido en 2012 por el entonces presidente Rafael Correa, facilitando la entrada de la policía británica en Londres, para su arresto del periodista, tras siete años de permanecer en sus dependencias.

Si nos remitimos al ataque de la embajada de México en Quito, debemos asumir que los responsables intelectuales y materiales del asalto deberán ser detenidos, juzgados y condenados, así como el ex vicepresidente, Jorge Glas, tendrá que ser entregado a las autoridades diplomáticas que estipule México, mientras se mantenga la ruptura de relaciones diplomáticas, con el fin de garantizar su derecho de asilo, del cual fue despojado por la fuerza. No corresponde al presidente Daniel Noboa, ni a sus fuerzas armadas o plutocracia, decidir a quién concede México asilo político. Tampoco se puede consentir que el asalto a una embajada se justifique esgrimiendo un malestar por declaraciones de responsables políticos, sean de quien sea y vengan de donde vengan. De ser aceptado dicho argumento, podría considerarse un eximente para violar el derecho internacional, cualquier excusa. La potestad de conceder asilo político no corresponde a los verdugos, se fundamenta en la necesidad de salvaguardar la vida de quienes se ven abocados a solicitarlo a fin de evitar su encarcelamiento arbitrario, ser sometido a torturas o terminar asesinado. En definitiva, la comunidad internacional debe responder sin ambages a este asalto que evidencia la bajeza moral de quienes lo implementan, canallas que lo patrocinan y políticos que lo justifican.