Ahora hará veinte años que con otras compañeras nos dedicamos a dar a conocer el concepto de soberanía alimentaria. Y al parecer, ahora que está muy presente en los debates y declaraciones ligados a las movilizaciones del campesinado, no lo hemos hecho del todo bien. Sobre todo, cuando el concepto se lo apropian la derecha y la extrema derecha –como también ha ocurrido en Italia y en Francia– y lo traducen en una propuesta más parecida a «nacionalismo alimentario» donde lo que se defiende (supuestamente) es un autoabastecimiento del país por encima de cualquier otro criterio.

Nada que ver con un concepto que nace de encuentros solidarios del pequeño campesinado de todo el mundo, que tenía claro que sufría los mismos problemas por un mismo sistema global que, con poderosos hilos , los maneja  al son de su música. Con asertividad, campesinas y campesinos señalan que la alimentación no es una mercancía, es un derecho; que es necesario sacar la agricultura del sistema de libre comercio; que en el capitalismo, la agricultura y la alimentación terminan controladas por muy pocas multinacionales, con más poder que los propios estados, y generan una competencia brutal que les acaba haciendo imposible vivir de la tierra. Y que los modelos productivos industriales e intensivos, además de perjudiciales para los territorios y para su propia salud, los atan de pies y manos a empresas de semillas, farmacéuticas y tecnológicas que son muy poco de fiar.

Así, la soberanía alimentaria apunta directamente a recuperar la independencia y el control del campesinado hacia su trabajo. Se denuncia que las decisiones se toman muy lejos y sin su participación. Se habla de relocalizar la alimentación para relocalizar no sólo el consumo, sino también las políticas: cuanto más abajo y cercanas mejor. Con un compromiso final: multiplicar el pequeño campesinado para alimentar con alimentos saludables y con sistemas productivos integrados en los ciclos de la vida, ahora sí, a su pueblo, a su territorio, a su país.

Por todo ello, fue lógico que pocos años después de la formulación del concepto y de la creación de La Vía Campesina, en 2007 se organizara en el pueblo de Nyélény, en Mali, un gran encuentro mundial que reunió representantes del pequeño campesinado de muchos países junto con otras muchas entidades del ecologismo, de los movimientos antiglobalización, del consumo crítico, del feminismo… Se hizo evidente que la soberanía alimentaria era una propuesta que apoyaba toda aquella ciudadanía que, legítimamente, aspira a una alimentación no colonialista, no intensificada, no globalizada.

¿Y en Cataluña? Lo cierto es que en nuestro país la defensa de la soberanía alimentaria en este tiempo ha ido poco a poco haciéndose presente con diferentes iniciativas de producción y consumo agroecológicas. Se han hecho visibles muchas de sus luchas políticas, por ejemplo, contra los transgénicos o levantando información sobre el papel de Mercabarna o el Puerto de Barcelona en los mercados globales alimentario, cuestionando la macroindustria porcina o la instalación de macroparques eólicos o solares en tierra agrícola… Y, ciertamente, todo ello con la participación y complicidad de algunos colectivos campesinos y ganaderos que han hecho de la soberanía alimentaria su paradigma político, como las Ramaderes de Catalunya, la Assemblea Pagesa o la Asociació de Productores Agroecológiques de Catalunya, entre otros. Pero no ha sido suficiente para romper con este sistema alimentario que ahoga al campesinado, que maltrata el consumo y que destroza el territorio.

Ahora tenemos un reto: generar espacios inéditos para hacer confluir este campesinado, claramente situado en los parámetros agroecológicos y de soberanía alimentaria, con los movimientos ecologistas, los espacios de consumo organizado, las plataformas de defensa del territorio y en general toda la ciudadanía urbana y rural comprometida con un cambio de modelo. La alimentación y la agricultura es cosa de todas. La revuelta por la tierra es cosa de todas.