El reciente acuerdo de pensiones firmado entre el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) vinculado a Sumar y la socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT), profundiza los ataques al sistema público de pensiones, los servicios públicos y las condiciones laborales.
Este acuerdo fue firmado el 31 de julio, en medio del verano cuando toda la atención mediática estaba puesta en lo que pasaba en Cataluña con la elección del candidato del PSOE como nuevo presidente autonómico. Ninguno de los implicados, PSOE, Sumar, sindicatos y patronal, ha dado publicidad a lo pactado y han preferido que pase lo más desapercibido que se pueda para ocultar los recortes que supone.
Hay tres aspectos básicos en el documento firmado. En primer lugar, se pretende potenciar el papel de las mutuas en detrimento de la sanidad pública. Las mutuas son asociaciones empresariales privadas pero financiadas con dinero público que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
A partir de ahora se podrán derivar a trabajadores que hayan sufrido lesiones traumáticas a las mutuas para que sean tratados por estas si en la sanidad pública se ha superado los tiempos de recuperación previstos. Esto, en sí mismo, es una cruda confirmación del grave estado del sistema sanitario público español que a menudo no trata a los pacientes de manera oportuna tras ser socavado sistemáticamente durante décadas por el PSOE, el partido pseudoizquierdista Podemos, el derechista Partido Popular, a los que ahora se une también Sumar.
En estas circunstancias, los trabajadores pueden verse obligados a aceptar ser trasladados a los servicios privados de salud a través de las mutuas si ven que el sistema público de salud no puede proporcionarles la atención necesaria.
PSOE y Sumar refuerzan así la sanidad privada mientras abandonan la sanidad pública y la privan de fondos. Algunos de esos fondos serán entregados a compañías privadas de salud, mientras que otros serán desviados a la maquinaria de guerra, a la policía y a los servicios de inteligencia, es decir, a instrumentos de muerte, no a la preservación de la vida.
El objetivo del gobierno del PSOE-Sumar, respaldado por toda la burocracia sindical y los grandes capitalistas, es hacer accesible una asistencia sanitaria de calidad solo a través de medios privados, ya sea a través de una mutua o mediante la contratación de un seguro médico privado. Además, las mutuas, estrechamente vinculadas a empresas y bancos, tendrán un interés financiero en reducir los tiempos de recuperación para que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo, independientemente de que su recuperación sea completa.
Un segundo aspecto, también relacionado con las mutuas, es la decisión de reducir los impuestos a pagar a las empresas que comuniquen la bajada de las enfermedades profesionales y accidentes laborales. Esta medida fue anulada en 2019 y se recupera ahora. El fraude en la aplicación de esta medida era habitual al encargarse las mutuas, ligadas a las empresas, de registrar la siniestralidad laboral, haciéndolo a la baja y ocultando todos los accidentes posibles.
Este es un claro ejemplo del papel de los sindicatos como herramientas de las grandes empresas y su hostilidad hacia la clase trabajadora. Hace años CCOO y UGT se opusieron a esta medida. UGT decía en 2015 que “no ha reducido la siniestralidad e implantación de medidas preventivas para evitar los accidentes de trabajo y sólo está sirviendo para financiar a las empresas, a través de la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social”.
Ahora CCOO y UGT aprueban recuperar ese bonus a las empresas. La UGT de hecho, contradiciendo su anterior posición, ha trasladado a los medios que los posibles fraudes no son un argumento de peso para evitar estos incentivos.
La forma en que las mutuas colaboran con las empresas quedó de manifiesto en las denuncias contra la cadena de supermercados Mercadona, la más grande de España y con más de 100.000 empleados. Sus trabajadores han presentado quejas de que las mutuas no les conceden la baja, una trabajadora explicaba en televisión que por una tendinitis “yo fui a la mutua y el médico de la mutua me giró la pantalla del ordenador y pude leer ‘para Mercadona no se conceden bajas’”.
Un extrabajador español de Amazon también denunció esta práctica, diciéndole al WSWS que la mutua lo envió de regreso al trabajo tres veces. Más tarde, un médico le diagnosticó sacroileítis, una inflamación de las articulaciones sacroilíacas donde se conectan la parte inferior de la columna vertebral y la pelvis.
Utilizando estos métodos es como las mutuas no han dudado en afirmar que si se les cede la gestión de las bajas reducirán su duración en un 40%, evidentemente a costa de la salud de los trabajadores. Este acuerdo un paso más en esa dirección.
El tercer gran ataque que se esconde en este acuerdo es la decisión de proporcionar incentivos económicos para obligar a los trabajadores a trabajar más allá de la edad de jubilación de 67 años, ya sea retrasando su jubilación o continuando con su trabajo mientras reciben parte de su pensión. El objetivo es claro: en un mercado laboral cada vez más precario, en el que los trabajadores recibirán peores pensiones y les resultará más difícil vivir con un nivel mínimo de dignidad, se pretende animar a muchos de ellos a no jubilarse y a seguir trabajando.
Un 42% de los jubilados españoles se consideran pobres al cobrar por debajo del umbral de pobreza (846,95 euros), 4,16 millones de pensionistas sobre un total de 9,73. Hasta el 56%, sumando 1,32 millones más, cobran por debajo de los 1080 euros del salario mínimo. Es hacia estos trabajadores y pensionistas que se dedica esta medida, los de peores salarios y jubilaciones y que suelen tener los trabajos más duros y penosos que deberán seguir realizando. De esta manera el estado gastará menos dinero en jubilaciones y los empresarios dispondrán de una mano de obra barata al poder reducir salarios a trabajadores al cobrar estos también una parte de su pensión.
Esto expone cómo los sindicatos han abandonado cualquier lucha por empleos y salarios decentes. Su papel es asegurar que los capitalistas tengan una fuerza de trabajo abundante y barata, actuando como policía laboral para reprimir cualquier protesta o movilización. La única solución que ofrecen a los trabajadores es seguir trabajando indefinidamente, incluso hasta la muerte si es necesario.
Por su parte, Sumar sigue la estela del pseudoizquierdista Podemos, del que es una escisión. En el anterior Gobierno PSOE-Podemos (2019-2023), Podemos convalidó los recortes laborales y de pensiones implementados por los anteriores gobiernos derechistas del Partido Popular, e incluso los amplió con nuevos ataques.
En paralelo a la firma de este acuerdo el diario EL País reconocía que en los dos últimos años el Gobierno PSOE-Sumar y antes el de PSOE y Podemos han realizado gastos militares un 20% superiores a lo presupuestado, un presupuesto ya muyampliado esos años. Los gobiernos liderados por el PSOE han encontrado 27.000 millones de euros para aumentar su gasto en defensa a cifras récord, mientras proporcionan cientos de millones para la guerra por delegación de EE.UU. y la OTAN contra Rusia y al régimen israelí en su genocidio contra los palestinos, pero son incapaces de proporcionar una sanidad pública decente.
Los objetivos del PSOE y de sus socios pseudoizquierdistas, Podemos y Sumar, son claros: implantar medidas de austeridad en casa que paguen trabajadores y pensionistas y que beneficien a los capitalistas, al tiempo que desvían dinero para la guerra.
Los trabajadores no ganarán nada con las negociaciones entre el Gobierno PSOE-Sumar los sindicatos y los empresarios, Muy al contrario, deben unirse sobre la base de un programa socialista revolucionario para que todo ese dinero regalado a los capitalistas y dedicado a gastos militares e imperialistas se emplee en mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de los trabajadores y pensionistas.
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