El gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Podemos se prepara para revisar el código penal español de cara a criminalizar las protestas y huelgas, mientras la peor crisis económica y social en generaciones empuja a la clase trabajadora en España y en todo el mundo a la lucha, intensificada por la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania.

El gobierno PSOE-Podemos afirma que está revisando la ley de sedición, utilizada tanto por él como por el anterior Gobierno derechista del Partido Popular (PP) para perseguir a los nacionalistas catalanes tras el fallido referéndum secesionista de 2017, como un paso para “desactivar” la situación en Cataluña.

En palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a LaSexta TV, “Tenemos un Código Penal que no es homologable a las principales democracias europeas en algunos de los delitos”. El delito pasaría a llamarse “desórdenes públicos agravados” y conllevaría una pena máxima de prisión de cinco años en lugar de los 15 actuales.

El PP y el neofascista Vox están organizando una campaña alegando que esta medida equivale a una traición a la patria. En un comunicado, el PP dijo que Sánchez estaba “usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo”.

Sin embargo, la campaña de ambos lados oculta el objetivo real de la “revisión”: la criminalización de las protestas y huelgas. La nueva redacción propuesta para el delito de desórdenes públicos establece que: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: a) sobre las personas o las cosas u b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas, o c) invadiendo instalaciones o edificios”.

Esta redacción abre las puertas a criminalizar formas habituales de protesta, por poner algunos ejemplos un piquete que bloquee la entrada a una fábrica, una concentración que trate de evitar un desahucio, un grupo de estudiantes que ocupen una facultad o instituto, un corte de una carretera o simplemente un cambio en el recorrido de una manifestación no comunicado oficialmente a las autoridades.

Las sanciones pueden ampliarse a cinco años de prisión si ocurren en una manifestación multitudinaria y los trabajadores, en particular los funcionarios públicos, podrían llegar a perder sus trabajos. La iniciativa de revisión plantea que los hechos descritos “serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público.”

El cambio tendrá un escaso efecto en la persecución a los nacionalistas catalanes, supuesto objetivo de la reforma. Actualmente hay 3.000 procesados en 44 procedimientos judiciales por participar en movilizaciones a favor del proceso independentista catalán o contra su represión. Ninguno de ellos se beneficiará de este cambio legal.

Víctor, uno de estos acusados lo resumía perfectamente en una entrevista en El Pais: “Llevo tres años encausado y la Generalitat [gobierno catalán conformado por los nacionalistas Junts y ERC] durante todo este proceso ha estado mucho tiempo acusándome. Hoy me acusan los mismos por cuyos derechos me manifesté en 2019. Nos han dejado tirados y yo me enfrento a siete años de prisión”.

Los nueve líderes políticos catalanes condenados en 2019 por cargos falsos en un juicio amañado a penas de entre nueve y trece años de prisión, ya han sido liberados después de negociaciones entre bambalinas por parte de facciones de la clase dominante en Madrid, encabezadas por el gobierno PSOE-Podemos, y en Barcelona, lideradas por los nacionalistas catalanes, para el desembolso de miles de millones de euros en fondos de rescate de la Unión Europea.

El Gobierno PSOE-Podemos argumenta que sus cambios en el código penal se deben entender como una defensa de los derechos democráticos. Esto es una mentira. El poder judicial español ha dado repetidamente la interpretación más reaccionaria de la ley para atacar cualquier derecho democrático, al tiempo que permite la violencia policial contra los manifestantes, huelguistas y migrantes.

El poder judicial sigue los pasos de los crecientes ataques a los derechos democráticos por parte del gobierno PSOE-Podemos. En los últimos tres años, en medio de una creciente oposición contra la austeridad, su política COVID-19 de ‘dejar que corra” y el aumento de la inflación, ha encarcelado a un rapero por criticar a la policía y la monarquía, el primer músico encarcelado en España desde la caída del régimen fascista liderado por Francisco Franco.

A principios de este año, deportó al denunciante y activista argelino Mohamed Benhalima, y trabajó con las autoridades polacas para detener al periodista español Pablo González, quien continúa languideciendo en una cárcel polaca después de ocho meses en prisión preventiva por acusaciones falsas de espiar para Rusia. Contra la clase trabajadora, el gobierno PSOE-Podemos ha utilizado repetidamente las leyes de servicios mínimos para romper huelgas, como recientemente ha hecho contra los trabajadores sanitarios y la tripulación de las aerolíneas, además desplegó a la policía para aplastar las huelgas de los camioneros y los trabajadores del metal.

El ataque a los derechos de los trabajadores por parte de la élite capitalista es un fenómeno global. En Francia, el ‘presidente de los ricos’ Emmanuel Macron requisó a los trabajadores de las refinerías de petróleo en huelga para poner fin a un paro de dos semanas. En Gran Bretaña, el gobierno conservador de derechas está en proceso de adoptar una legislación que ilegalizará efectivamente las huelgas y protestas. En los Estados Unidos, la administración Biden está conspirando con la burocracia sindical y las compañías ferroviarias para bloquear una huelga de más de 120,000 trabajadores ferroviarios.

La derogación de los derechos de los trabajadores es una burla de las incesantes afirmaciones de estos mismos gobiernos de estar comprometidos en una cruzada por la ‘democracia’ y los ‘derechos humanos’ contra la ‘agresión rusa’ en Ucrania.

Podemos afirma que, dada la actual correlación de fuerzas, puede hacer poco con respecto a la revisión. Jaume Asens, uno de los principales portavoces de Podemos en el parlamento, declaró: “la correlación de fuerzas es la que es, y nosotros somos un partido que tiene la fuerza que tiene comparado con el PSOE” añadiendo que “Evidentemente, lo de la ocupación de instalaciones lo puso el PSOE, no nosotros”.

Esta es otra mentira. De hecho, el PSOE depende de los votos de Podemos para aprobar su legislación en el Congreso español. Esto le da efectivamente a Podemos poder de veto sobre la agenda legislativa del PSOE. Sin embargo, ha decidido deliberadamente no ejercer este poder, sino que ha impuesto la austeridad social, el aumento del gasto militar, los rescates bancarios y los ataques a los derechos democráticos básicos.

Podemos es un partido proimperialista, totalmente comprometido tanto en librar una guerra contra la clase obrera en casa como en continuar con la guerra por delegación de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Si Podemos tuviera la sartén por el mango en la coalición, no actuaría de manera diferente a sus socios del PSOE. En Chile, los trabajadores se han encontrado repetidamente con la represión policial por parte del gobierno de Gabriel Boric, respaldado por Podemos. Los trabajadores y migrantes bajo el gobierno de SYRIZA (2015-2019) en Grecia, igualmente apoyado por Podemos, también enfrentaron una brutal represión a manos del primer ministro Alexis Tsipras.

También son cómplices de esta reforma los nacionalistas catalanes, que a lo largo de los años han sido las principales víctimas de la represión de Madrid. El presidente regional catalán, Pere Aragonés, defendió la revisión diciendo que es ‘un paso indispensable’ hacia los esfuerzos de ‘desjudicialización’ para encontrar una solución a la cuestión catalana.

Esto confirma las repetidas advertencias hechas por el WSWS de que los ataques contra los nacionalistas catalanes se desplegarían más tarde contra toda la clase obrera española para seguir adelante con el rearme, la participación en guerras imperialistas y la brutal agenda de austeridad que todas las secciones del establishment español han implementado desde 2008. Los trabajadores, como advertimos, no podían confiar en los nacionalistas catalanes para defender los derechos democráticos.

Los dirigentes sindicales ni siquiera han discutido cómo los nuevos cambios legales amenazarán directamente a sus propios miembros. En cambio, ellos también han participado en la farsa, defendiéndola como una forma de ‘desactivar’ la situación catalana.

Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) sindicato vinculado a Podemos, dijo: “Por tanto, nos parece adecuado que se adecuen formas jurídicas obsoletas y, en este caso, formas penales delictivas claramente obsoletas respecto a la legislación europea comparada” El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, calificó los cambios de ‘valientes’, y añadió: “No es una cuestión pensada para Cataluña, sino pensada para España y la convivencia”.

Los trabajadores y los jóvenes deben tomar en serio esta conspiración para socavar los derechos democráticos. La lucha contra la represión requiere una lucha contra todo el establishment político y su programa de guerra y autoritarismo. Esto debe fundamentarse en la movilización de la clase obrera española, europea y mundial, la base para una lucha genuina contra la reacción capitalista y en defensa de los derechos democráticos.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de noviembre de 2022)