SOS Racismo Madrid y la plataforma estatal de defensa del derecho a la protesta, Defender a quien Defiende, denuncian que la prohibición, por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid, de la concentración en repulsa de la detención de los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, del miércoles 19 de octubre, frente al Congreso de los Diputados en Madrid, viola el derecho de reunión y manifestación.

La prohibición de esta protesta es un ejemplo más de las restricciones al derecho de reunión que presenta la legislación española. Las reuniones espontáneas, como la que nos ocupa, son parte del núcleo esencial del derecho de reunión, tal y como viene reiterando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace más de una década, y se definen como aquellas concentraciones de personas como respuesta inmediata a un suceso urgente.

La regulación española actual restringe de manera desproporcionada la celebración de estas reuniones, prohibiendo, de manera sistemática, aquellas que no cumplen con el restrictivo plazo legal de comunicación, trámite que en ningún caso es una solicitud de permiso para su celebración. El continuo incumplimiento por parte de las autoridades de la incorporación de este derecho, de obligado cumplimiento, en nuestra legislación permite actuaciones restrictivas de derechos fundamentales, como la que nos ocupa.

Ambas organizaciones exponen que el pasado 19 de octubre se produjo una limitación del ejercicio del derecho a la protesta,  que supuso un recorte de libertades y derechos humanos, al no cumplir el criterio de proporcionalidad y necesidad amparado por el derecho internacional. Las protestas, organizadas por colectivos antirracistas y personas individuales, fueron programadas en diferentes ciudades del Estado español. La única que fue prohibida por Delegación de Gobierno ha sido la convocada en Madrid.

Dichas manifestaciones tienen como fin denunciar la orden de expulsión interpuesta de forma injustificada a los dos activistas tras 30 años viviendo en Cataluña. Sin ser llevados a juicio ni presentar pruebas, han sido acusados por la Policía de «radicalismo» y de «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional”, y se ha procedido a su posterior detención.

Cabe mencionar que tanto Mohamed Said como Amarouch Azbir han sido personas muy activas en la denuncia del racismo institucional y el señalamiento de la islamofobia de Estado, de forma que su detención y expulsión representan un mecanismo de disuasión que afecta a la libertad de expresión y participación en la vida política.

Respecto a la concentración convocada en Madrid, SOS Racismo y Defender a quien Defiende consideran que esta prohibición de un derecho fundamental es, por un lado, un ejemplo de racismo por parte de las instituciones y, por otro, una vulneración del derecho a la protesta. Las dos organizaciones señalan, además, que en el momento de la concentración se produjeron identificaciones por perfilamiento racial en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Las organizaciones advierten que la prohibición relativa a la celebración de manifestaciones es contraria al derecho de reunión pacífica y recuerdan que tal y como ha reiterado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la restricción debe ser la excepción. Los Estados tienen la obligación positiva de proporcionar un entorno propicio para la libertad de reunión, lo que incluye medidas para que estas reuniones pacíficas puedan tener lugar libremente y sin restricciones indebidas.