Los cupones de alimentos serán reducidos de forma generalizada el miércoles. Para 42 millones de estadounidenses pobres, muchos de ellos niños, esto significará recortes mensuales de $95 a $235 por hogar. El desembolso promedio per cápita caerá a $6,10 por día o $2 por comida.

Este monstruoso ataque a los más vulnerables en la sociedad estadounidense se está llevando a cabo con un apoyo bipartidista. El aumento en los beneficios alimentarios de emergencia instituido durante la pandemia de COVID-19 expirará el 1 de marzo de 2023 debido a un proyecto de ley sobre asuntos distintos aprobado por el Congreso en diciembre y promulgado por el presidente Biden.

Y se preparan más recortes para los estadounidenses más pobres, como parte de las leyes presupuestarias o como resultado de la decisión de Biden de poner fin a la Emergencia de Salud Pública y declarar el fin de la pandemia de COVID-19, que entrará en vigor el 11 de mayo de 2023. Esta declaración hace caso omiso a la sombría realidad de que cientos de personas siguen muriendo a diario por COVID-19 en EE.UU. y miles en todo el mundo.

Los recortes incluyen la reanudación del proceso para determinar la elegibilidad para cupones de alimentos, el seguro Medicaid y otras asistencias sociales, el cual fue suspendido en marzo de 2020 cuando el inicio de la pandemia obligó al Gobierno de Trump a declarar una emergencia nacional. Cientos de miles de familias e individuos perderán sus beneficios cada vez y millones para cuando acabe el año.

La reducción de los cupones de alimentos (oficialmente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP, por sus siglas en inglés) comenzó en realidad el 1 de febrero, cuando 18 estados, todos ellos controlados por los republicanos, iniciaron los recortes tan pronto como fue legalmente posible. La introducción progresiva de los recortes durante un mes finaliza el 1 de marzo, cuando 32 estados, más el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses, los pongan en marcha.

Las cifras de afectados el 1 de marzo, estado por estado, son asombrosas. Entre los 16 primeros figuran: California, 2,93 millones de personas; Nueva York, 1,61 millones; Texas, 1,34 millones; Illinois, 1,06 millones; Pensilvania, 1. 04 millones; Carolina del Norte, 813.000; Michigan, 705.000; Ohio, 673.000; Massachusetts, 629.000; Washington, 518.000; Virginia, 470.000; Oregón, 416.000; Alabama, 393.000; Nueva Jersey, 388.000; Maryland, 360.000; y Wisconsin, 347.000.

Los recortes de los cupones de alimentos son especialmente perversos y reaccionarios porque se producen en condiciones de alta inflación en los alimentos. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., los precios de los alimentos subieron un 11,4 por ciento en 2022 en general, más rápido que en 2021. Los huevos lideraron la subida, con un 32 por ciento, en parte debido a la epidemia de gripe aviar. Las grasas y aceites subieron un 18 por ciento, las aves de corral un 14,6 por ciento y otras carnes un 14,2 por ciento. Los cereales y los productos de panadería subieron un 13 por ciento.

Millones de personas con bajos ingresos, la mayoría de ellos procedentes de los “trabajadores pobres”, deberán pagar a partir de ahora estos precios más elevados con una asignación considerablemente menor de cupones para alimentos. La Oficina Presupuestaria del Congreso prevé que el gasto total en cupones de alimentos disminuirá este año debido a la supresión de las prestaciones de emergencia y se mantendrá estable durante la próxima década.

El resultado, según el Centro de Investigación y Acción Alimentaria, un grupo de investigación y presión de Washington, es que millones de personas caerán en un “precipicio del hambre”. La organización advirtió: “El precipicio más pronunciado será para los adultos mayores en el nivel mínimo de beneficios, que verán caer sus beneficios mensuales del SNAP de $281 a $23”.

Habrá más hambre en niveles masivos y aumentará la demanda de los recursos patéticamente insuficientes de los bancos de alimentos y otras organizaciones benéficas. En Georgia, donde los recortes ya han entrado en vigor, el Atlanta Community Food Bank informó de un aumento del 34 por ciento en las visitas.

El Gobierno de Biden ha declarado que Rusia es culpable de “crímenes de lesa humanidad” en la guerra de Ucrania. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense está llevando a cabo lo que solo puede llamarse un “crimen de lesa humanidad” dentro de Estados Unidos. Pero no ha habido discursos presidenciales sobre los recortes a los cupones de alimentos, ni “valientes” visitas secretas a Michigan, Mississippi o Virginia Occidental para que el presidente muestre su solidaridad y simpatía con quienes luchan por sobrevivir. Eso es porque Biden es el autor de este crimen, junto con los que le gusta llamar sus “amigos republicanos”.

La guerra de Biden contra Rusia y su guerra contra los pobres y la clase trabajadora en casa están directamente conectadas. El gobierno estadounidense ya ha gastado $110 mil millones en la guerra contra Rusia en Ucrania, que fue provocada deliberadamente por la expansión de la OTAN en Europa del este hasta las fronteras de Rusia. Esto es aproximadamente lo mismo que el coste anual de $113 mil millones de todo el programa SNAP, y más del triple de la cantidad que se “ahorrará” a través de los recortes que se impondrán el 1 de marzo.

El número total de estadounidenses afectados por el recorte de los cupones de alimentos, 42 millones, es incluso mayor que la población de Ucrania de 39 millones. A la élite gobernante estadounidense no le importa ninguno de los dos. El pueblo de Ucrania está siendo utilizado como carne de cañón para una guerra contra Rusia que ha sido instigada por Washington como parte de su campaña para dominar el continente euroasiático. Los beneficiarios de los cupones de alimentos están siendo empobrecidos aún más para pagar por esa guerra y proporcionar las sumas aún mayores necesarias para las operaciones en todo el mundo de la maquinaria militar estadounidense, incluyendo una inminente guerra con China.

No hay titulares en los periódicos ni boletines de emergencia en las noticias por cable reclamando el desastre inminente para 42 millones de estadounidenses, que conformarían el estado más grande del país. Ni un solo líder del Congreso, demócrata ni republicano, ha emitido una declaración de protesta. Esto se debe, por supuesto, a que todos ellos aceptaron esta política con sus votos en diciembre.

Hay que destacar especialmente el silencio de la llamada ala izquierda del Partido Demócrata. El senador Bernie Sanders no ha dicho nada. En su página web del Senado, se le puede encontrar declarando que los recortes de los cupones de alimentos por parte de la Administración republicana de Donald Trump eran “inconcebibles”. Pero cuando los recortes vienen bajo la Administración demócrata de Joe Biden, el autoproclamado “socialista democrático” se queda en silencio.

Del mismo modo, Alexandria Ocasio-Cortez y su “escuadrón” de congresistas que pertenecen o son apoyadas por los pseudoizquierdistas Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), no han dicho nada en contra de los recortes de los cupones de alimentos. Ocasio-Cortez también denunció los recortes alimentarios bajo Trump, declarando que el programa era vital para los trabajadores, y que su propia familia “pudo haber muerto de hambre” sin él. Pero bajo el mandato del demócrata Joe Biden, y con un sueldo de seis cifras en el Congreso, las masas hambrientas ya no le preocupan.

Para luchar contra los recortes, que están hundiendo a decenas de millones aún más en la pobreza y la indigencia, la clase obrera debe promover su propia alternativa independiente a la política capitalista. Los trabajadores deben romper con la estructura política bipartidista existente, la cual está comprometida irrevocablemente con la defensa del sistema de lucro y los intereses mundiales del imperialismo estadounidense. Deben encontrar un nuevo camino.

El Partido Socialista por la Igualdad llama al desarrollo de un movimiento político de la clase obrera independiente del sistema bipartidista y opuesto al capitalismo y a las guerras imperialistas. Defendemos un programa socialista, que anteponga las necesidades de los trabajadores a los beneficios empresariales y la riqueza privada.

En la sociedad estadounidense hay recursos de sobra para acabar con la pobreza, el hambre, las enfermedades y las muertes prematuras. Pero estos recursos son acaparados por una élite gobernante que constituye una pequeña fracción de la población. Estos billones de dólares son el producto del trabajo de cientos de millones de trabajadores. Deben ser controlados por la clase trabajadora, no monopolizados por Wall Street ni canalizados hacia la maquinaria bélica del Pentágono.

Los trabajadores deben exigir la anulación de todos los recortes de prestaciones sociales, el establecimiento de una renta mínima suficiente para proporcionar un nivel de vida digno a toda la población y abolir el hambre y la pobreza, y el inicio de un programa masivo de obras públicas para reconstruir los deteriorados barrios, calles, hospitales y escuelas.

Este esfuerzo debe ser financiado por medio de la confiscación de la riqueza de los que han lucrado durante la pandemia y el resto de milmillonarios y la conversión de todas las industrias, los servicios públicos, el transporte y las finanzas a propiedad pública, para que sean gestionados democráticamente según los intereses de los trabajadores.

Esto significa una lucha revolucionaria contra el sistema capitalista, la cual exige la construcción de un nuevo partido revolucionario de la clase trabajadora: el Partido Socialista por la Igualdad. Urgimos a todos los trabajadores y jóvenes a que nos contacten, estudien nuestro programa y perspectiva y que tomen la decisión de unirse al PSI.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de febrero de 2023)