Tal como hizo González con RUMASA -aunque lo hizo mal- y Zapatero con la retirada de la criminal guerra de Irak -que lo hizo de perlas-, los primeros días de la legislatura son los más importantes en la toma de decisiones estratégicas. Algunas de estas decisiones han de ser forzosamente legislativas, pues el PP con su característico respeto por la ley y el orden, acampó en el BOE y, abusando de su mayoría absoluta, trituró el ordenamiento jurídico español.

La reconstrucción, en términos técnicamente solventes y ajustados materialmente al Estado social y democrático que consagra la Constitución y que los autodenominados constitucionalistas desconocen, requiere una tarea profunda y sosegada. Desde la atrabiliaria reforma laboral que validó, como presidente del Tribunal Constitucional uno de sus artífices, que además era militante oculto del PP, hasta la amnistía fiscal, la refundación de diversas comisiones de controles sectoriales, las del ámbito eléctrico y bancario, requieren una cirugía radical, pero fina y sosegada.

No sería mala cosa poner ya a trabajar en esos y otros sectores normativos a expertos independientes, que hicieran públicas sus conclusiones y sus recomendaciones, en forma de anteproyectos legislativos. Pero no es labor de un día; ni de dos. Para empezar deberán ser expertos de verdad, no amiguetes y para nada vinculados a las tropelías legislativas del PP. La mayoría de facto que ha hecho presidente a Sánchez, entre votos positivos y abstenciones, supera holgadamente los 176 diputados (por más que el Senado vete, al final la norma vuelve al Congreso) requeridos para la aprobación de las leyes orgánicas.

Me centro solo en leyes orgánicas y no ordinarias, pues la madeja normativa es inmensa y no parece tan simple lo que propongo a continuación. Pero, en todo caso, estoy abierto a sugerencias de estructura similar a las que ofrezco líneas más abajo. Bien, quienes deberían estar abiertos es el gobierno de Sánchez y su mayoría parlamentaria.

La técnica que propongo es sencilla. Aprobación de una ley con un máximo de dos artículos. El primero derogaría la disposición o norma aberrante vigente; y el segundo, si tal fuera el caso, devolvería a la vida la disposición que la norma cuya derogación propongo había a su vez derogado. Ello tendría como consecuencia, que, si fuera necesario, en una disposición adicional, se dejaran sin efectos las sanciones y situaciones jurídicas, que no afecten a terceros, establecidas por la norma cuya derogación propongo ahora. En apariencia complejo, pero no técnicamente, no presenta mayores problemas más allá del político. El vértigo de la iniciativa política. Ni quiera supone aumento de gasto público ni modificación de créditos presupuestarios.

Me centro en la rama sancionadora, en sentido amplio, del ordenamiento vigente. En primer lugar, propongo derogar los artículos 1 y 2 de la 1 Ley Orgánica 1/2015 y restablecer la vigencia de la autonomía de la mujer mayor de 16 años y menor de 18 para la práctica del aborto, en los términos previstos en el anterior art. 13.4 de la ley 2/2010 y en concordancia con la anterior versión de la ley de autonomía del paciente.

En segundo lugar propondría la abolición de la prisión permanente revisable, introducida en la reforma penal de la mano de la LO 2/2015. Cierto es que algunos tipos penales a los que se aplica son de nueva creación. En esos casos y a la espera de una revisión que aligere un abotargado texto punitivo, la prisión permanente revisable podría sustituirse por una pena de prisión de hasta 35 años.

En tercer lugar, debería suprimirse la reforma del art. 92 de la LOTC, la que permite al Constitucional inmiscuirse directamente en la ejecución de sus resoluciones, cuando los considere incumplidos y se reponga la normativa anterior. La normativa anterior era correcta. Aparte de seguir una recomendación explícita, hija de lo insólito de la propia reforma, que formuló la Comisión de Venecia y de una crítica más que solvente por parte de la doctrina científica, serviría para desjudicializar el tema eufemísticamente denominado territorial ahora que la mayoría política pide, tras no pocos daños, llevarlo exclusivamente al terreno político.

En el mismo sentido se debería derogar, sin más, los apartados 2.b) y 4. del artículo 6 de la LOREG, añadido, de cuño antiterrorista, introducida en 2011 y que está envenenando la institucionalidad de Catalunya y España con el caso Torra, debido a maniobras jurídicas que casan mal con el principio democrático, al que, convendremos, en una democracia, a la postre, han de someterse los poderes públicos. Con esta derogación se volvería al texto original.

El PP no solo ha pasado por la máquina de picar el derecho sancionador, sino que se ha guarecido, con cierto éxito, de la lucha anticorrupción. Para ello reformó el artículo 324 LECr, acortando las instrucciones como regla general a seis meses y obligando a las acusaciones a formular peticiones de prórrogas dada la complejidad de los asuntos, lo que en algún caso ha llevado al archivo de las actuaciones. Archivos, dicho sea de paso, por los que a nadie se le han exigido responsabilidades.

La regulación que se resucitaría no es un dechado de perfección, pero la celeridad judicial, cuando la Administración de justicia tiene una dotación de personal inferior a la media de la Unión Europea, es pedir peras al olmo. Y lo sabe todo el mundo.
En fin; son solo unos ejemplos. Sé que lo que propongo no es fácil. Pero, bien mirado, sí es fácil. Técnicamente lo es. Solo se requiere la voluntad política. En pocos días, el BOE dejaría de ser tan sombrío y sería algo más justo.

Otro día habría que hablar de la retirada de recursos e incidentes de ejecución ante el TC. Algo también perfectamente factible. Y esto no sería más que empezar. Como con la amnistía.