El pasado miércoles el preso corso Yvan Colonna sufrió un brutal ataque en la presión occitana de Arles y desde entonces se debate entre la vida y la muerte. La indignación por la agresión es patente en Corsica. La familia de Colonna señaló que el Estado deberá rendir cuentas por lo ocurrido. Se suceden las movilizaciones de protesta y para el domingo hay convocada una manifestación unitaria. Dentro de esa dinámica de denuncia, ayer los trabajadores bloquearon el puerto de Aiacciu para impedir la llegada de la policía a la isla.

La agresión que ha sufrido Yvan Colonna podía haber ocurrido en cualquier otra cárcel y a cualquier otro preso político corso o vasco, ya que, desgraciadamente, el abandono de la lucha armada no se ha traducido en avances que ayuden a resolver la situación de los presos políticos, algo que tampoco ayuda a superar las consecuencias del conflicto, ni en el Estado francés ni en el Estado español. Con casi 20 años de condena cumplida, Colonna continúa manteniendo el estatus DPS de especial peligrosidad y Paris le ha negado reiteradamente el traslado a la isla, a pesar de que el año pasado el Parlamento de Corsica aprobó por unanimidad una petición en ese sentido. En relación con esa actitud del Ejecutivo galo, Malik Salemkour, presidente de la sección francesa de la Liga de Derechos Humanos (LDH), denunciaba hace unos días que los llamamientos públicos de asociaciones y electos de distintas sensibilidades políticas a continuar con el diálogo se ven bloqueados por un gobierno francés que rechaza, sin ninguna razón legítima, cualquier avance concreto.Una obstinación que puede deberse a un cálculo electoral, pero tiene poco sentido cuando los pronunciamientos públicos son prácticamente unánimes. Paris debe dejar de lado esos cálculos, que no responden al sentir social mayoritario, y respetar y garantizar los derechos de los presos políticos, paso imprescindible para empezar a construir una sociedad democrática y en paz.