El activista español Sergio Toribio, único ciudadano del Estado español a bordo del velero Madleen, presentó este jueves una querella criminal en la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y varios altos cargos militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La acción judicial, impulsada también por el abogado Jaume Asens y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), busca depurar responsabilidades por el asalto militar israelí al barco humanitario, que transportaba ayuda con destino a Gaza.

La querella —que combina una acusación particular, ejercida por Toribio como víctima directa, y una acusación popular promovida por el CSCA— se basa en el principio de jurisdicción universal. Según el texto legal, el abordaje del Madleen, perpetrado en la madrugada del 3 de julio por comandos israelíes a más de 100 millas de la costa, constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario.

“La querella no solo busca justicia para un ciudadano español detenido ilegalmente, sino también defender el derecho de la sociedad civil a ejercer la solidaridad”, ha declarado la defensa jurídica, que solicita que se cite a declarar a los testigos internacionales del abordaje y se emitan órdenes internacionales de detención contra los querellados.

El Madleen, un velero civil perteneciente a la Flotilla de la Libertad, zarpó el 1 de junio desde Catania (Italia) con un cargamento de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Entre sus doce tripulantes se encontraban figuras como la activista climática Greta Thunberg y la eurodiputada Rima Hassan. La interceptación del barco fue ejecutada por la unidad de élite Shayetet 13 de la Armada israelí, utilizando drones, gases lacrimógenos y armas no letales. Todos los activistas fueron detenidos y posteriormente deportados.

Los responsables señalados en la querella incluyen, además de Netanyahu, a Israel Katz, actual Ministro de Defensa y máximo responsable de la operación; David Saar Salama, vicealmirante y comandante de la Armada israelí; Daniel Hagari, portavoz del Ejército y excomandante de la unidad Shayetet 13, así como a varios altos mandos de esta unidad.

La operación ha sido calificada por numerosos actores como un acto de piratería. El Partido Comunista de España (PCE) denunció el abordaje como “una violación flagrante del derecho internacional” y exigió “la liberación inmediata e incondicional de todos los activistas secuestrados”. En un comunicado, el PCE responsabilizó al gobierno israelí de la seguridad de los detenidos y urgió a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a actuar contra lo que denominó “genocidio planificado y asedio inhumano” sobre Gaza.

Desde la organización de la Flotilla de la Libertad, se lanzó un llamamiento urgente: “¡SOS! Los voluntarios del Madleen fueron secuestrados por las fuerzas israelíes. ¡Presionen a sus ministerios de Asuntos Exteriores y ayúdennos a mantenerlos a salvo!”, publicó la Comisión organizadora en la red social X.

La abogada de derechos humanos Huwaida Arraf, coordinadora de la flotilla, subrayó la ilegalidad de la acción israelí: “Esta incautación viola descaradamente el derecho internacional y desafía las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia que requieren acceso humanitario sin obstáculos a Gaza”, afirmó. Arraf añadió que “estos voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal; su detención es arbitraria, ilegal y debe terminar de inmediato”.

La querella presentada hoy remite inevitablemente al precedente del Mavi Marmara en 2010, cuando una acción similar de la Armada israelí en aguas internacionales provocó la muerte de diez activistas y desencadenó una oleada de protestas internacionales. Como entonces, los querellantes denuncian un “patrón sistemático de represión contra misiones civiles de ayuda a Gaza” y acusan a Israel de intentar criminalizar la solidaridad internacional. A la espera de la admisión a trámite por parte del juzgado competente de la Audiencia Nacional, la iniciativa jurídica supone un nuevo intento de combatir, desde el ámbito penal, la impunidad de los crímenes cometidos en el marco del asedio a la Franja de Gaza, en un momento en que se multiplican las voces internacionales que exigen el cese de las hostilidades y la entrada libre de ayuda humanitaria.