Río de Janeiro., En medio al torbellino que vive Brasil –al mediodía de ayer el número de infectados por Covid-19 sumó más de 2 millones 400 mil, y el de víctimas fatales se acercó a 90 mil–, surgieron nuevas y graves denuncias contra el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

La más contundente fue la presentación, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de un documento que acusa Bolsonaro de haber cometido un crimen de lesa humanidad y genocidio.

Presentada la noche del domingo, la denuncia trae un peso extra: viene firmada por un millón de trabajadores del sector salud, que incluye enfermeros y médicos. Aunque el Tribunal de La Haya tarda meses en decidir si acepta juzgar las denuncias recibidas, la repercusión ha sido muy fuerte y podrá traer consecuencias.

Los 64 folios del documento están repletos de acusaciones detalladas y de ejemplos impactantes. Su divulgación contribuye para corroer aún más la ya de por sí desgastada imagen del ultraderechista y del país.

El domingo se presentó otra denuncia contra el gobierno brasileño, esta vez en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiendo inmediatas informaciones y providencias.

Se trata de algo que fue creado en tiempos de Sergio Moro, el ex juez que condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un juicio manipulado facilitando la elección de Bolsonaro, de quien luego fue ministro de Justicia: la Seopi (Secretaría de Operaciones Integradas), un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución y la legislación vigente.

Luego de la salida de Moro del gobierno, el sucesor André Mendonça transformó la Seopi en secretaría Nacional. De esa manera se consolidó parte del deseo expresado en reiteradas ocasiones por Bolsonaro: tener un esquema de inteligencia bajo su control directo.

La revelación de las verdaderas actividades del Seopi surgió a través del periodista Rubens Valente, del grupo vinculado al diario Folha de Sao Paulo.

Valente reveló la existencia de intimidadoras fichas idénticas a las de los órganos de represión de la dictadura militar (1964-1985) tan defendida por Bolsonaro y los uniformados esparcidos por su gobierno con nombres, fotos y direcciones en las redes sociales de 597 funcionarios públicos, tanto en activo como jubilados, definidos como antifascistas.

Entre los nombres revelados llamaron la atención los de Luis Eduardo Soares, quien ocupó el puesto de secretario nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Lula (2003-2006) y fue uno de los guionistas de la película Tropa de élite, y principalmente el del embajador Paulo Sergio Pinheiro, ambos profesores universitarios.

Además de haber ocupado la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Pinheiro integró la Comisión de la Verdad instituida durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, preside desde 2011 la comisión independiente de la organización sobre derechos humanos en Siria.

La revelación de la existencia de ese dosier confirma algo que se insinuaba desde la llegada de Bolsonaro a la presidencia: la creación de un aparato estatal destinado a persecución política e ideológica de adversarios. Es fácil suponer la existencia de otros dosiers cuyo blanco sean intelectuales, artistas, periodistas, activistas sociales, ambientales y, claro, políticos opositores.

Al conocer la actividad de la Seopi, Paulo Sergio Pinheiro se dijo absolutamente perplejo, y pidió una inmediata investigación tanto de la Fiscalía como del Congreso.

Luego de trazar la inevitable comparación con los tiempos de la dictadura, Pinheiro ironizó: todo lo que hablo y escribo es público. Además de ilegales, esas prácticas ahora son inocuas. ¿Por qué gastar recursos para espiarme?