En primer lugar, el tema de mi artículo no era la crisis en Venezuela sino el hecho que la intervención estadounidense no viola el derecho internacional. Insisto en ese punto.

El derecho internacional no es un código. Es sólo un compromiso a respetar la palabra dada y a no comportarnos como bárbaros.

Dicho eso, desde el punto de vista de Washington, Nicolás Maduro es un traficante de droga. El hecho que se trate de una afirmación estúpida no viene al caso. La justicia estadounidense tendrá que demostrar la veracidad de esa acusación. Por mi parte, yo afirmé que autorizó traficantes a pasar por el territorio de su país para llevar cocaína a Estados Unidos. Nunca lo acusé de traficar personalmente con drogas, ni con cocaína, ni con fentanilo (especialidad del mexicano Cártel de Sinaloa). No me basé en investigaciones de la DEA, ni en la propaganda israelí sino en confidencias de cabecillas libaneses del tráfico de droga. Incluso precisé que los traficantes chiitas venezolanos no eran miembros del Hezbollah sino que pagaban el zakat [2] al Hezbollah libanés.

En todo caso, Estados Unidos actuó en Venezuela como ya lo había hecho en Panamá, en 1989. En Panamá, Estados Unidos había acusado al general Manuel Antonio Noriega de ser un traficante de droga y lo secuestró [Luego de bombardear e invadir el país. Nota del Traductor.], dejando además miles de muertos. Nunca se demostró que Noriega hubiese traficado con drogas, sino que había pagado contrarrevolucionarios nicaragüenses con dinero del Cártel de Medellín. Hoy sabemos que el montaje revelado en el escándalo Irán-Contras fue concebido por Klaus Barbie, el criminal nazi que vivía en Bolivia bajo el nombre de Klaus Altman, quien era además el verdadero organizador del Cártel de Medellín [3].

Visto desde la perspectiva estadounidense, Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. En mi artículo no discutí esa afirmación, pero incluí una nota al pie con el vínculo hacia otro artículo que publiqué sobre ese asunto en agosto de 2024 [4]. En aquel artículo yo explicaba que la versión occidental sobre la elección presidencial venezolana es totalmente falsa –aunque en esa elección se registró menos del 60% de participación, no cabe duda de que Nicolás Maduro fue electo. Pero, en este caso tampoco es ese el problema. Una cuarta parte de los Estados miembros de la ONU –incluyendo a Estados Unidos– no lo reconocen como presidente. O sea, desde la perspectiva de Washington, Estados Unidos no violó la inmunidad de un jefe de Estado, inmunidad que habría tenido que respetar como firmante de la Convención de Viena.

Además, nosotros, como franceses, no somos precisamente los más autorizados a acusar a Estados Unidos de haber secuestrado al presidente de Venezuela. No hay que olvidar que Francia –a través de su entonces ministro del Interior Dominique de Villepin, de Regis Debray y en colaboración con las fuerzas especiales estadounidenses– secuestró en 2004 al presidente electo de Haití Jean-Bertrand Aristide [5]. En ese caso Estados Unidos también había puesto en duda la validez de la elección del presidente Aristide, invocando para ello una disposición de la Constitución haitiana. Así que Estados Unidos secuestró al presidente haitiano, lo entregó a las fuerzas especiales de Francia, que lo envió secuestrado a la República Centroafricana. En aquel momento, prácticamente nadie condenó aquella acción.

Por supuesto, yo no pienso que secuestrar Noriega, a Aristide y a Maduro haya sido correcto, como tampoco lo fue poner en el poder al ayatola Khomeiny en Irán o a Mijaíl Saakachvili en Georgia. Lo que explico es que técnicamente no hubo violación del derecho internacional, aunque los hechos mismos nos resulten chocantes, tanto a nosotros como a las Naciones Unidas.

Ciertamente, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a abstenerse «en sus relaciones internacionales, a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, tanto contra la integridad territorial o contra la independencia política de cualquier Estado, como de cualquier otra manera incompatible con los objetivos de las Naciones Unidas» (Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas). Pero todos reconocen también un «droit de suite» [“derecho a seguir” o a “perseguir”. Nota del Traductor.] si son atacados por alguna organización no estatal desde un país que no trata de impedir esos ataques.

Por ejemplo, en 2015 Francia realizó operaciones militares en Siria, sin autorización alguna, supuestamente para luchar contra el Emirato Islámico (Daesh [6]) que había cometido la masacre del teatro Bataclan, en París [7]. Más recientemente, en 2022, Francia continuaba en Mali la operación Barkhane, a pesar de que el gobierno de Mali estaba en contra. El gobierno maliense sabía que los servicios secretos de Francia apoyaban a los mismo yihadistas que el ejército francés decía combatir. Fue por eso que el ejército francés fue expulsado del Sahel [8].

Al hacer estas precisiones no estoy aprobando lo que Estados Unidos hace contra Venezuela. Sólo estoy señalando que Estados Unidos no ha violado sus compromisos y, por consiguiente, no ha violado el concepto mismo de derecho internacional.

Es importante entender lo siguiente: el derecho internacional fue fundado, conjuntamente por Rusia y Francia, sólo a finales del siglo XIX y dejó de aplicarse desde que terminó la guerra fría. El derecho internacional no permite resolver crisis como la de Venezuela, pero será la referencia en el mundo multipolar que Rusia, China y Estados Unidos están construyendo. Así que es importante que entendamos su lógica.

Nuestra reacción [como occidentales] no debe ser llorar por el orden de la guerra fría y del mundo sin la URSS, el orden que hemos conocido hasta ahora. Las reglas del G7 nos protegieron [a los occidentales] y nosotros abusamos de ellas. [En Occidente] no fuimos víctimas de esas reglas pero muchos Estados sufrieron sus consecuencias. Hoy estamos entrando en un mundo regido por el derecho internacional y, en ese mundo, tres superpotencias podrán utilizar la fuerza en las situaciones no previstas por ese derecho. Y esos casos son numerosos.

Ese sistema, basado en el respeto de la firma que cada Estado inscribe al pie de cada tratado, sólo puede funcionar si nadie miente. Pero, en 2002, la administración Bush-Cheney se dotó de un grupo especial, que se componía exclusivamente de straussianos [9], alrededor de Paul Wolfowitz y de Douglas Feith (incluyendo además al inevitable Elliott Abrams). La misión de ese grupo especial, denominado Buró de Planes Especiales del Pentágono, consistía única y exclusivamente en fabricar mentiras [10]. Ese grupo inventó la fábula según la cual el Irak de Sadam Husein tenía “armas de destrucción masiva” y estaba a punto de usarlas contra Estados Unidos. Aquel grupo logró convencer a la población estadounidense de que estaba en peligro.

Por otro lado, Reino Unido, campeón universal en la manipulación de agencias de prensa [11], garantizó la divulgación de las elucubraciones de los straussianos estadounidenses. Elucubraciones alimentadas también por el primer ministro británico Tony Blair, quien también se dedicó a divulgar aquellas estupideces. Es por eso que el presidente Trump y su vicepresidente J.D. Vance insisten tanto en la libertad de expresión, única arma de la democracia contra la mentira. Hay que observar que esos mismos straussianos, reunidos después alrededor de la ex embajadora de George W. Bush ante la OTAN, Victoria Nuland, fabricaron la narrativa occidental que niega la existencia de nazis en Ucrania. Los straussianos preparan así la guerra contra Rusia, como antes prepararon la guerra contra Irak.

Pero volvamos a la operación Absolute Resolve, que puede interpretarse tanto en función del corolario Trump de la doctrina Monroe [12], como en función de la crisis entre Estados Unidos e Irán. Yo no abordé el primer enfoque en mi artículo de la semana pasada, pero en el sitio web de Red Voltaire publicamos el trabajo del mexicano Alfredo Jalife-Rahme sobre la cuestión [13]. Si yo hubiese abordado ese aspecto, habría escrito –como Alfredo Jalife– que ahora Estados Unidos tiene bajo su control los principales recursos petrolíferos de todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia –no controla un 40% de las reservas mundiales de petróleo sino de la producción mundial de petróleo. Pero sí señalé que el objetivo de Washington no es robar el petróleo venezolano sino garantizar que ese petróleo no se venda a ciertos Estados.

El italiano Manlio Dinucci precisó, por su parte, que Washington trata, en primer lugar, de garantizar que ese petróleo se venda en dólares y no en yuanes o en otras monedas [14]. Siempre he insistido en el hecho que la economía de Estados Unidos está gravemente enferma, en que acumula una deuda considerable, imposible de reembolsar. El presidente Trump, como el presidente Gorbatchov en su época, está obligado a enfrentar ese desafío, antes que cualquier otra cosa.

Para terminar, la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez declaró al día siguiente de la agresión estadounidense: «Los gobiernos del mundo entero están simplemente choqueados de que la República Bolivariana de Venezuela haya sido víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza, que tiene, sin duda, un tinte sionista.»

Recordemos que Israel manipuló el parlamento de Brasil para sacar del poder a la presidente brasileña Dilma Rousseff, en 2013, y que en 2009 había apoyado el secuestro del presidente de Honduras Manuel Zelaya y el golpe de Estado en ese país de Centroamérica.

Desde un punto de vista geopolítico, si Estados Unidos no interviene militarmente en Irán, cuya alianza con Venezuela ha sido una de las causas que motivó el secuestro del presidente Maduro, tendremos que llegar a la conclusión de que Estados Unidos no se considera con derecho a intervenir fuera de la zona de influencia que se le asignó en Anchorage, el 15 de agosto de 2025. Eso significaría que el mapa que Martyanov publicó es correcto [15].