En mayo, el responsable de la oposición del ministerio de hacienda, John McDonnell, reveló que el partido estaba considerando pruebas piloto en Liverpool y Sheffield, ambas ciudades habían buscado apoyo. Pero tras la reciente derrota electoral del laborismo, el futuro renqueante de la RBU solo pervive en Escocia, donde los partidos locales han estado poniendo en práctica programas piloto en Fife, North Ayrshire, Edimburgo y Glasgow desde 2017. Sus comités de dirección informarán a los ministros del Gobierno escocés sobre su plan en marzo de 2020.

Sin demasiada sorpresa, la RBU ha atraído denuncias histéricas del establishment periodístico, lleno de pronunciamientos convencidos de que tal programa sería ruinosamente caro y que desincentivaría el trabajo. Un columnista del Daily Telegraph dijo que puede que los beneficiarios más pobres pasen “su tiempo emborrachándose, viendo pornografía o drogándose”. El Financial Times afirmó que “recompensar a la gente por quedarse en casa es lo que hay tras la decadencia social”.

Estas escabrosas fantasías están decisivamente refutadas por la evidencia empírica de programas de transferencia de dinero condicional que han surgido por todo el mundo desde la década de los 2000. El éxito de estos programas demuestra que, al contrario que las transferencias en especie o los subsidios de combustible y grano, “simplemente dar dinero a los pobres” tiene un impacto positivo sobre la pobreza y resultados sobre el capital humano. Un informe del Banco Mundial de 2019, La naturaleza cambiante del trabajo, concluyó que “la evidencia disponible confirma que tanto la RBU como otras formas de asistencia social tienen un impacto limitado sobre los incentivos a trabajar”. El Banco publicó un libro sobre la RBU esta semana. Ha habido 22 pruebas piloto de RBU o similares por todo el mundo, y hay más planeadas.

El modelo más cercano a una RBU sostenida es el dividendo permanente de Alaska, una programa de pagos derivado del Alaska Permanent Fund, poseído y administrado por el estado. El fondo es una inversión en derechos de explotación de petróleo y gas establecido por el gobernador republicano Jay Hammond en 1976 y pagado por compañías mineras. Los dividendos del fondo -valorados ahora en 65 mil millones de dólares- se distribuyen entre prácticamente todos los ciudadanos de Alaska y varían de 1000 y 2000 dólares al año. Sorprendentemente, Alaska tenía las tasas de pobreza y desigualdad más altas de todos los estados de EE.UU. cuando se instituyó el fondo. Veinte años después tenía las tasas más bajas.

El programa del Partido Verde era más específico sobre sus planes de RBU que los laboristas. En la versión de los verdes de la RBU, las transferencias se establecerían para asegurar que los beneficiarios cubren sus necesidades de subsistencia. Cada adulto en Reino Unido recibiría 89 libras por semana y cada pensionista 178. Pensionistas que están solos, padres o madres solteros y discapacitados recibirían un pago suplementario. El coste de la RBU del Partido Verde sería de 86,2 mil millones de libras. Su programa reemplazaría el actual sistema de crédito universal, con la excepción de los actuales programas de vivienda, y sería financiado mediante un impuesto al carbono y depósitos de ahorro.

Un informe sobre renta básica comisionado por el partido laborista expuso sus motivos. De acuerdo a su autor, el profesor de la SOAS Guy Standing, la renta básica aumentaría la capacidad para actuar de quienes la reciban, su salud y su seguridad básica, también reduciría sustancialmente la pobreza y la desigualdad. “Vivimos en una era de incertidumbre económica”, escribe, “para la cual los sistemas de seguridad social basados en las cotizaciones son inapropiados o insuficientes”.

El informe sugiere que una renta básica no requeriría un gran aumento de impuestos directos, sino que podría ser financiado mediante el reemplazamiento de los caros subsidios basados en el nivel de recursos de los beneficiarios, aboliendo desgravaciones fiscales, convirtiendo la actual exención fiscal en un pago a cada ciudadano, instituyendo un fondo (como en Alaska), y gravando bienes que actualmente no lo están, como los datos. Finalmente, los receptores de la RBU, libres de la precariedad y la incertidumbre, podrían usar los servicios de salud menos a menudo y ser más productivos.

Que el Reino Unido se encuentra en la urgente necesidad de un programa de este tipo queda claro por cómo Standing destripa el sistema de crédito universal instituido por el gobierno de coalición conservador-liberal-demócrata en 2010. Entre sus múltiples crueldades, el sistema recuerda a la Ley de pobres de 1834 al concentrarse en presionar a los pobres por ser pobres. Tal y como concluye, la dependencia de controles de recursos, comportamientos y actitudes que determinan idoneidad de los candidatos es intrusiva, arbitraria, cara, tiende a errar y excluye a una gran proporción de aquellos que tienen derecho a los subsidios. Aunque promocionado como un medio para estimular a los solicitantes, de otro modo vagos, a que encuentren trabajo, claramente les disuade, ya que la tasa impositiva marginal efectiva para los que ganan menos en el Reino Unido es un asombroso 80 por ciento. Como ejemplo de las humillaciones infligidas por los controles de recursos y “pruebas de comportamiento” a quienes buscan ayuda, Standing cita a una mujer que le dijo a su médico: “Usted quiere demostrarle al estado que está tan enfermo, discapacitado e incapaz como sea posible; de lo contrario, sus hijos podrían morir de hambre”.

Una nota de prensa reciente del Trussell Trust, la red de bancos de alimentos más grande de Reino Unido, apoya las críticas de Standing al actual régimen de bienestar. El sesenta y cinco por ciento de las personas que acudieron a sus instalaciones para obtener alimentos entre abril y septiembre de este año lo hicieron porque sus subsidios del sistema de crédito universal se retrasaron. Más que nunca, las personas, incluidas las que tienen trabajo, dependen de los bancos de alimentos para alimentarse y alimentar a sus familias. La demanda ha aumentado un 73 por ciento en los últimos cinco años. Mientras que en 2012 Belfast tenía solo un banco de alimentos, en 2018 había 17.

Aproximadamente durante el mismo período, de 2010-11 a 2015-16, un análisis de Observer revela que el ingreso promedio del 10% más rico de los británicos proveniente de propiedades, intereses, dividendos y otras inversiones, a veces llamado ingreso no derivado del trabajo, ya que no se deriva de trabajo, se ha duplicado a 38.000 libras.

Dadas las consecuencias de los diez años de poder de los conservadores, parece probable que sus próximos cinco garanticen aún más bancos de alimentos, desigualdad y programas de bienestar mezquinos. Uno se imagina que el empeoramiento de la pobreza y la precariedad podrían dominar las próximas elecciones tanto como lo hizo el Brexit este año. En ese debate, la RBU continuará siendo una de las pocas soluciones serias.