Ricardo y Antonio fueron secuestrados y desaparecidos el 15 de enero 2023 luego de salir de una asamblea comunal en Aquila, la comunidad donde Antonio Díaz representa a la mayoría de los comuneros, que a su vez trabajan con el apoyo legal del abogado Ricardo Lagunes contra los abusos ambientales, sociales y económicos de la minera Tiernum, con sede en Luxemburgo y filiales en varios países de América Latina.

Las y los familiares de las víctimas consideran que los responsables de la desaparición son esta minera y las autoridades e instituciones estatales y federales, por comisión u omisión. Aunque Tiernum hizo una declaración deslindándose de la violencia, los familiares agregaron en conferencia de prensa que por ser un actor económico dominante, la minera se relaciona con los actores económicos, políticos y también los poderes fácticos regionales, y que sea quien sea que ejecutó la desaparición, la minera tiene la responsabilidad de actuar para que los regresen con vida e inmediatamente (comunicado completo en https://tinyurl.com/2cjwxjak).

Desde el mismo 15 de enero comenzaron las denuncias y movilizaciones en la zona, que se extendieron rápidamente a nivel nacional e internacional. Comuneros de Aquila bloquearon la entrada a la mina de Ternium y se manifiestan también en el puente de Coahuayana, donde se encontró, baleada, la camioneta en que viabajan Ricardo y Antonio. Se sumaron a las protestas comuneros de Ostula, Michoacán, que conocían bien a Toñito Díaz y la lucha en Aquila.

El Movimiento por Justicia del Barrio, organización comunitaria en la ciudad de Nueva York, se hizo eco del llamado y anunciaron que este 29 de enero se manifestarán frente al consulado mexicano en aquella ciudad, con la exigencia de aparición inmediata con vida de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia (https://tinyurl.com/yckd75eu).

En la misma región de Michoacán, la comunidad de Santa María de Ostula que desde hace muchos años resiste en la defensa de su territorio, ha sido también víctima de la violencia de los grupos de poder ilegales y la aquiescencia de las autoridades en la región en repetidas ocasiones. Dan cuenta Magdalena Gómez y el Congreso Nacional Indígena que apenas este 12 de enero 2023 tres guardias comunitarios de Ostula y Aquila fueron asesinados (https://tinyurl.com/39hm2ppz).

De ninguna manera se trata de hechos aislados. Como explica Francisco López Bárcenas, se ha recrudecido la violencia, legal e ilegal, contra pueblos y comunidades indígenas que defienden sus territorios contra megaproyectos (https://tinyurl.com/3x4vxbk9). Tristemente, México fue en 2021 el país con mayor número de asesinatos de defensoras y defensores de la tierra, según el informe anual de Global Witness.

A su vez, la industria minera es mayormente una industria cuasi criminal en sí misma. Conlleva un alto grado de contaminación ambiental, de acuíferos y de la salud de trabajadores y pobladores, acompañada por extrema voracidad y rapiña en sus explotaciones: se llevan grandes cantidades de recursos y pagan ínfimos porcentajes de sus ganancias, cuando pagan.

Para avanzar con impunidad, esta industria se ha caracterizado en su gran mayoría por usar ingeniería de conflictos entre y dentro de las comunidades: desde comprar individuos, financiar campañas de denostación de comuneros opositores, compra o imposición de autoridades que les sean favorables, etcétera. Finalmente, cuando esos métodos no son suficientes, existen demasiadas coincidencias en México y en todo el mundo, donde actúa el crimen organizado con violencia, secuestros y asesinatos, de forma que casualmente favorece y converge con los intereses de las mineras para eliminar la resistencia de las comunidades al avance sobre sus territorios.

Así parece ser también el caso en Aquila. Julián Vázquez Guzmán, miembro de Defensa Legal del Sureste, la organización donde labora Ricardo Lagunes, y Sergio Oceransky, de Fundación Yansa, señalaron en conferencia de prensa que el abogado ha protestado repetidamente contra la inconstitucionalidad y arbitrariedad con la que se han venido imponiendo grupos minoritarios de comuneros [que apoyan a la minera] con la tolerancia del Tribunal Unitario 38 de Colima.

La violencia hacia los defensores es parte de la violencia sistemática realizada por parte de poderes del Estado que no garantiza la libre determinación de los pueblos y por el contrario entorpece la defensa de los pueblos por medio de tribunales agrarios lentos que se ven sometidos a presiones de las empresas extractivistas agregó Julián Vázquez.

Urge actuar ya para regresar con vida a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Y parar la violencia contra las comunidades indígenas que defienden sus territorios.

*Investigadora del Grupo ETC