Pero tras tres semanas de huelgas y protestas, pese al apoyo masivo de la población, el gobierno francés sigue sin ceder. intenta acorralar al movimiento en la disyuntiva de continuar o no sus movilizaciones durante el período navideño, perder la dinámica de acumulación de fuerzas o arriesgarse a erosionar el apoyo del conjunto de la población ante los paros del transporte ferroviario en estas fechas. La Intersindical ha convocado una nueva jornada de huelgas y luchas para el 9 de enero, con acciones sectoriales el 20, 21 y 23 de diciembre. SP

La obstinación del Gobierno de Macron con el cambio estructural en el sistema de pensiones no sorprende, dado que esta reforma debilita el mundo del trabajo. Permite reducir las transferencias sociales y considerar futuras reducciones de impuestos. Se trata de una reforma profundamente arraigada en el pensamiento neoliberal.

La reforma sistémica de las pensiones es crucial para el Gobierno de Emmanuel Macron. El Ejecutivo se aferra a la « jubilación por puntos » a pesar de la evidencia, en el mejor de los casos, de una indiscutible desconfianza, o bien del rechazo de este sistema por parte de la población. El miércoles 11 de diciembre, el primer ministro francés Édouard Philippe manifestaba su « determinación » a la hora de llevar a cabo esta reforma hasta el final. Esto plantea una cuestión central: ¿Por qué? Para dar respuesta a esta pregunta, se presentan varios elementos del lenguaje del Gobierno, pero todos revelan la verdadera naturaleza de esta reforma: la aceleración de la transformación neoliberal del país.

¿Una reforma justa?

El primero, y probablemente el menos serio de los elementos, es el de la « igualdad » o su variante, la « justicia ». La universalidad del nuevo régimen pondría a todos los franceses frente a los mismos derechos e, incluso se atrevió a decir Édouard Philippe, en su discurso ante el Consejo Económico, Social y Medioambiental (ESCES), consumaría la ambición del Consejo Nacional de la Resistencia (CNR). Este es uno de los argumentos más utilizados, probablemente porque es el más simplista: incluir a todos en el mismo sistema se correspondería a la igualdad. Esto pondría fin a los « privilegios » que, según Édouard Philippe, « ya no pueden seguir justificándose ».

Sin embargo, el argumento no resiste mucho tiempo al análisis. Primero, porque es muy extraño escuchar a este Gobierno preocuparse por una igualdad aparente, cuando ha asumido y reivindicado una política fiscal que, en 2018, aumentó las desigualdades más que nunca en tres décadas. Es extraño, además, querer corregir esta política reformando un sistema de pensiones que es uno de los más redistributivos de Europa y que permite reducir la tasa de pobreza entre las personas mayores.

También cabe señalar que el nuevo régimen ya está plagado de excepciones, en particular para las funciones soberanas del Estado, las que tradicionalmente ha proporcionado el neoliberalismo. Atrincherado durante un año detrás de las fuerzas policiales que le permiten olvidar su impopularidad, el Gobierno se apresuró a conceder a los agentes de policía una nueva excepción a la universalidad del nuevo régimen. Ahí se puede entender cuál será la realidad de esta reforma.

No será un sistema universal, sino, como el sistema actual, un sistema atestado de excepciones. La diferencia radica en que, esta vez, no son las luchas sociales o las relaciones internas de poder en las empresas las que decidirán sobre éstas, sino las prioridades del Gobierno. Sin embargo, todo el mundo sabe cuáles son las prioridades del Estado en la actualidad: se trata de una política de oferta y la reclama el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Las excepciones concedidas reflejarán esta política. Por lo tanto, el Estado ya no es el garante del interés general ni del equilibrio entre capital y trabajo, sino el reflejo de una política favorable al capital.

Detrás del universalismo de fachada y de la igualdad de escaparate, el Estado desmontará el mundo del trabajo y su capacidad para forjar condiciones de trabajo aceptables. Lo que resulta bastante molesto al tratarse de un Ejecutivo que dijo, durante la reforma del mercado laboral, que las decisiones tenían que tomarse lo más cerca posible de la realidad. Pero es cierto que entonces la realidad tenía que ser favorable al capital…

La justicia de un sistema de pensiones no puede lograrse con una sola norma porque no hay igualdad de condiciones de trabajo, ni de esperanza de vida, ni de salidas profesionales, ni de condiciones dentro de las empresas. Colocar al hijo del obrero al mismo nivel que al hijo de un notario significa hacer que el primero arrastre pesadas cadenas en los pies y condenarlo a una jubilación difícil y corta. Según el INSEE de Francia, los más ricos viven, de media, 13 años más que los más pobres. ¿Es justo, pues, hacer que todos se jubilen a la misma edad y con los mismos derechos? ¿No es más apropiado aceptar la compensación por los bajos ingresos a través de beneficios de jubilación específicos? La justicia en este ámbito consiste necesariamente en romper con la igualdad formal. Pero el pensamiento neoliberal no quiere ver ninguna de estas realidades.

¿O debería entenderse la justicia de manera diferente, como un ajuste a la baja? La extensión del cálculo de la pensión a toda la vida laboral no puede considerarse una medida de justicia en comparación con un método de cálculo que favorece los mejores años. Por una razón obvia, el cálculo incluirá los peores años. Es así de simple.

Mientras que algunos podrán adquirir nuevos derechos si trabajan menos de 150 horas de trabajo al trimestre, a muchos otros se les reducirán sus derechos. Cuando el Gobierno anuncia una revalorización muy lenta de la profesión docente para compensar los efectos de la reforma, es porque reconoce que sus pensiones serán mucho más bajas. No en vano, el informe Delevoye se ha tomado cierta libertad con el rigor de sus proyecciones. En cuanto a los más precarios, seguirán viéndose penalizados por partida doble, como señala el economista Eric Berr. En sus carreras y en la jubilación. En otras palabras, la justicia de esta reforma se asemeja mucho a un aplastamiento a la baja en el que algunos « ganadores » irán de casi nada a muy poco. La ilustración de este juego de manos es la famosa jubilación mínima de 1.000 euros al mes, 30 euros más que hoy. Justicia e igualdad para la mayoría. Por lo tanto, se trata sobre todo de compartir la miseria…

La lógica de la jubilación por puntos es imitar al ahorro individual: será necesario acumular tantos puntos como sea posible. Como resumió Jean-Paul Delevoye, « cualquiera que haya tenido una buena carrera tendrá una buena jubilación, alguien que tenga una peor carrera tendrá una peor jubilación ». Y eso es probablemente lo que el Gobierno quiere decir con justicia: reflejar los « esfuerzos »individuales. Los estatutos y por lo tanto las protecciones resultantes de la lucha serían obstáculos para este éxito individual. Y esa es la idea de Justicia defendida por el neoliberalismo: justicia en forma de egoísmo. Y no en vano, el sistema de jubilación por puntos « imita » precisamente el ahorro individual. Es un sistema que promete un retorno a las elecciones personales, sin preocuparse por las condiciones de esos retornos.

En estas condiciones, el argumento más excéntrico de Édouard Philippe es, sin duda, el del atractivo del CNR. Porque esta pretendida « igualdad » consiste sobre todo en reducir los derechos de algunas personas, contrariamente a la ambición del CNR. Cabe recordar que este último ha defendido la universalidad del sistema de pensiones para otorgar derechos a todos en un país en el que el seguro de vejez es una excepción. La universalidad es la del acceso al derecho a una pensión. Pero la ambición del CNR era la igualdad por arriba, lo que motivó el mantenimiento de las excepciones para los regímenes más generosos. Igualar las pensiones y los derechos por abajo es lo contrario al espíritu y la letra del proyecto de 1945.

¿Un déficit que justifica la reforma?

El segundo argumento a favor de la reforma es el de las finanzas. El sistema de pensiones francés estaría supuestamente en peligro debido al creciente desequilibrio entre el número de cotizantes y el número de pensionistas. Así lo repitió el 11 de diciembre Édouard Philippe. Estos pájaros de mal agüero arguyen las previsiones del Consejo de Orientación para la Jubilación (COR) de un déficit de hasta 27.000 millones de euros en 2030. Esta partitura se interpreta en cada reforma para defender la idea de la necesidad de un « esfuerzo » y del aumento del período de cotización. Pero de nuevo, el argumento no se sostiene.

En primer lugar, porque las sucesivas reformas ya han previsto una reducción del importe y de la duración de las futuras pensiones. Las previsiones del COR no prevén superar el 14% del PIB del gasto en pensiones en Francia de aquí a 2030, que es precisamente el límite fijado por la reforma propuesta que, por cierto, no prevé apartarse de estas previsiones. En otras palabras, la jubilación por puntos no ofrece directamente nuevas medidas de ahorro. Por lo tanto, el déficit se debe principalmente a los ingresos, que se basan en dos factores: una dinámica salarial demasiado baja (en particular, por la tasa moderada de aumento del salario mínimo) y, sobre todo, las medidas de ahorro de la función pública. Al contratar menos, el Gobierno contribuye menos y, por lo tanto, aumenta el déficit de las pensiones. Pero, en teoría, este déficit es la contrapartida de los ahorros realizados. Por lo tanto, no es una preocupación en sí misma. Por lo tanto, el modelo de distribución intergeneracional se centra únicamente en el déficit de las pensiones por razones distintas a las financieras.

Sobre todo porque los 27.000 millones de euros de déficit anunciados (cifra sujeta a muchas condiciones y a la incertidumbre natural de este tipo de proyección) no son preocupantes en sí mismos. A partir de 2024, la deuda social, es decir, la deuda de todo el sistema de la Seguridad Social, habrá sido reembolsada. Y esto permitirá generar no menos de 18.000 millones de euros al año de ingresos disponibles para los fondos de la seguridad social, es decir, las pensiones, a través de la contribución al reembolso de la deuda social (CRDS) y de la parte de las CSG que actualmente se destina a la Cades, el organismo que amortiza esta deuda. Como resultado, el déficit puede reducirse significativamente sin subir los impuestos. Por no mencionar que el sistema de pensiones francés es rico: el CDR valora sus activos netos en 127.400 millones de euros, es decir, al menos cinco veces superior al déficit acumulado máximo en 2030. Y de este importe, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRR) creado por Lionel Jospin en 1999 para hacer frente a futuros déficits asciende a 36.400 millones de euros a finales de 2017. Al igual que con el previsible descenso de las pensiones, el sistema debe reequilibrarse de cara a mediados de siglo, por lo que hay que decir que el sistema de pensiones francés no tiene problemas de financiación ni de déficit.

El verdadero problema es la disminución del nivel de vida de los futuros pensionistas, programada por las viejas reformas y que la nueva no pretende corregir. Lejos de ello, ya que el Gobierno tiene la intención de obligar a que el nuevo sistema esté equilibrado para 2027 por sí solo. Dado que las cotizaciones son ahora fijas (este es el principio básico de la jubilación por puntos), sólo podemos jugar con los gastos y, por lo tanto, con las pensiones. Pero entonces, la pregunta sigue siendo por qué el Gobierno quiere a toda costa este equilibrio. Alejémonos del pseudo sentido común neoliberal de « cuentas en orden » desde el principio. El Estado no es un hogar y Francia no está en quiebra, le guste o no a François Fillon. Un déficit de 27.000 millones de euros en 2030 no es un problema.

De hecho, el meollo del asunto está en otra parte. La insistencia del Gobierno en el equilibrio no es por la preocupación de equilibrio financiero. Porque este equilibrio permitirá financiar… recortes fiscales. Para entender esta reforma, es necesario entender el punto de partida de la ideología gubernamental: el gasto público en Francia es demasiado alto porque impide recortes fiscales que promuevan la competitividad del país. Sin embargo, el gasto público es ante todo un gasto social. Con la jubilación por puntos de « cotizaciones definidas », será más fácil controlar estos gastos para asegurar el equilibrio y así financiar futuras reducciones de impuestos y contribuciones. En el sistema actual, se necesita una reforma cada cinco o diez años para gestionar el sistema. A partir de ahora, el sistema se regirá por la regla de oro del equilibrio financiero. Mejor aún, esta dirección será llevada a cabo por los interlocutores sociales, lo que permitirá al Estado cumplir con su responsabilidad.

Por lo tanto, es importante recordar lo que acaba de suceder con el artículo 3 de la Ley de Financiación de la Seguridad Social (PLFSS), que pone fin a la compensación sistemática de las vacaciones contributivas. Este artículo obliga al sistema social a adaptarse a las políticas de competitividad de costes decididas por el Estado. El Gobierno « mata de hambre a la bestia » y luego, como acaba de hacer Édouard Philippe con la jubilación, hace sonar la alarma del déficit y obliga a recortar gastos y prestaciones. Con la jubilación por puntos, este sistema es automático: el comité directivo, sujeto a la obligación de equilibrio e incapaz de influir en el nivel de las cotizaciones, tendrá que amortizar las exenciones futuras por el nivel de sustitución de los salarios de las pensiones. Por lo tanto, es una máquina formidable para permitir futuros recortes de los impuestos sobre el capital y la destrucción del sistema de solidaridad. Inmediatamente, se presentan grandes oportunidades de recortes de impuestos: desde el CSG, pasando por el CRDS, hasta el nivel de las contribuciones, especialmente para los salarios medios. El verdadero desafío de esta reforma está ahí y por eso las élites neoliberales defienden con uñas y dientes esta reforma centralizadora y estatista.

El debilitamiento del mundo del trabajo

Por último, hay una última razón detrás del apego a esta reforma. Está relacionado con la reivindicación gubernamental de Justicia e Igualdad: es la adaptación « a las nuevas realidades del mercado laboral ». La construcción de « la protección social del siglo XXI », según reiteró Édouard Philippe. Esta protección debe tener en cuenta « carreras a veces conflictivas » o el desarrollo del trabajo a tiempo parcial. Muy significativamente, el primer ministro terminó con estas palabras: « Podemos querer cambiar todo eso y con razón: volver al pleno empleo, limitar la precariedad. Pero este es el mundo en el que vivimos y es sabio ver el mundo tal como es ». Este discurso se hace eco de varias de las palabras de Emmanuel Macron, incluyendo un pasaje de su libro-programa Revolución donde cree que « Francia no debe permanecer fuera del curso del mundo », y su entrevista en Forbes el 1 de mayo de 2018, donde el presidente de la República declaró: « La mejor protección, no es decir: “Resistimos” ».

El verdadero pensamiento que motiva esta reforma es, por tanto, el de la sumisión pasiva a lo que se percibe como el orden del mundo y que es sólo el orden del capital. Este orden actúa como una trascendencia que obliga a las reformas. Dado que el mercado laboral está cambiando, el sistema de pensiones debe cambiar para adaptarse a él. Pero detrás de este famoso « sentido común », que Édouard Philippe afirmaría, sólo hay un pensamiento circular que se justifica a sí mismo. Porque estas condiciones de trabajo, esta « realidad que vivimos », esta precariedad del mundo del trabajo, no son el resultado de una fuerza que supere a los hombres y a los Estados. Todo esto proviene de las opciones políticas del Gobierno: las reformas del mercado laboral, la negativa a regular a los trabajadores de las plataformas, el desarrollo del autoemprendimiento. Si quisiéramos garantizar más derechos a estos trabajadores de hecho o de derecho, si quisiéramos reducir el trabajo fragmentado y conflictivo, bastaría con reforzar los contrapoderes en las empresas y en los reglamentos. Hemos hecho lo contrario. Y precisamente porque hemos hecho lo contrario, aprovechamos la oportunidad para justificar la jubilación por puntos.

El sistema de pensiones por puntos es, por tanto, la culminación de las reformas anteriores para destruir el modelo social. El sistema de protección laboral se ha desmantelado, luego se afirma que « el mundo se hace así » y que las pensiones deben adaptarse a esta « realidad ». Esto es tanto más cierto por cuanto estas reformas sucesivas han debilitado la capacidad de los trabajadores para configurar sus salarios, lo que ha conducido a un debilitamiento estructural y radical del sistema de reparto (así como de las condiciones demográficas). Por lo tanto, la necesidad de reforma surgió de reformas anteriores. Este es el principio fundamental del neoliberalismo: cada reforma conduce inevitablemente a otras.

Y aquí es donde reside el problema. Esta reforma sanciona el deterioro de las condiciones sociales y el Gobierno no tiene intención de hacer nada para reducir este deterioro. De hecho, al garantizar un sistema « adaptado » a la precariedad del empleo, el Ejecutivo permite (¿o prepara?) nuevos pasos en la liberalización del mercado laboral. El argumento será sencillo: no habrá razón para rechazar una mayor liberalización del mercado laboral, ya que ahora existe un sistema de pensiones adaptado a la precariedad.

Mejor aún, dado que la reforma por puntos se basa en la acumulación de derechos, los trabajadores tendrán que aceptar el mayor número posible de puestos de trabajo para ganar el mayor número posible de puntos. Por lo tanto, la competencia en el mercado laboral se incrementará y, como resultado, se requerirá aún menos regulación para poder « dar a todos una oportunidad » de tener una mejor jubilación. Dado que, al mismo tiempo, el Gobierno acaba de reducir los derechos al seguro de desempleo, los trabajadores se verán tentados a aceptar el trabajo tal como llega, independientemente de las condiciones y los salarios. Sobre todo porque muchos trabajadores de más edad se verán tentados a permanecer en el mercado laboral para mejorar sus pensiones en los últimos años antes de la jubilación. La jubilación por puntos es, por tanto, una garantía futura para una mayor liberalización del mercado laboral, pero también una garantía adicional de que los costes laborales seguirán siendo bajos. Por lo tanto, es una máquina para desarmar a la mano de obra frente al capital.

En estas circunstancias, la reforma de las pensiones del gobierno no es un simple ajuste técnico. No puede aislarse como un simple « método ». Es, en sí misma, una forma de reducir las transferencias sociales, bajar los impuestos y desarmar el mundo del trabajo. Afirmar, como hacen algunos, que esta reforma es de « izquierdas » requiere mucha audacia. Se trata, en efecto, de una reforma estructural neoliberal. Y es por ello que el Gobierno y el presidente de la República tienen ese apego tan fanático.

Versión española : Mariola Moreno, infoLibre, socio editorial de Mediapart. Edición Irene Casado Sánchez.