En España a los periodistas se les llena la boca cuando se refieren a Hamas o a Hezbollah como “organizaciones terroristas”, o califican el ataque del 7 de octubre de la misma manera, o bien como un “crimen de guerra”.

Es un lenguaje procedente del franquismo, que siempre calificó a los antifascistas de esa manera y los condenó en consejos de guerra. Por lo tanto, la naturaleza política de ese lenguaje es otra herencia del franquismo, que interesadamente se traslada también al terreno jurídico y, muy especialmente, al derecho internacional.

Los listados de las “organizaciones terroristas” del mundo no son obra de tribunales, ni consecuecia de juicios, sino decisiones políticas tomadas por los gobiernos, normalmente siguiendo las directrices de Estados Unidos. Tan pronto a una organización la incluyen dentro como luego la sacan del listado, sin saber ni uno ni otro motivo.

Hamas fue incluido dentro de la lista negra por una decisión del Consejo de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no la revocó. Pero Hamas nunca ha sido condenada por ningún tribunal europeo, por lo que nunca ha sido juzgada ni, en consecuencia, se han presentado pruebas, ni ha tenido tampoco la oportunidad de defenderse de una acusación de “terrorismo”.

Por lo tanto, la inclusión de Hamas en la lista se hizo “por la cara” y jurídicamente no tiene ningún valor… o al menos no debería tenerlo; pero conociendo a los tribunales españoles se podría esperar cualquier chapuza.

En los estatutos del Tribunal Penal Internacional se definen cerca de un centenar de delitos y, sin embargo, el “terrorismo” no es uno de ellos. Lo que sí aparece allí es el “derecho de resistencia”, que deriva de la legítima defensa (artículo 31 del Tratado de Roma). Los pueblos que, como el palestino, luchan por su supervivencia, tienen el derecho de defenderse de sus opresores. No son los opresores, como Israel, los que tienen ese derecho.

Por eso Israel no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y lo ha calificado de “antisemita”, una etiqueta que prodigan los apologistas de los crímenes sionistas.

A mayor abundancia, el Tribunal Penal Internacional es una de las pocas instituciones internacionales que reconoca a Palestina como Estado (sentencia del 5 de febrero de 2021) y la Autoridad Nacional Palestina ha firmado el Tratado de Roma. En consecuencia, los crímenes que cometan los sionistas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este, como el bombardeo del hospital Al Ahli, son competencia del Tribunal, que puede iniciar una investigación en cualquier momento… si tiene agallas para ello (lo cual está por ver).