Si bien todos los presos son en definitiva políticos, porque lo están en función de decisiones de un poder del Estado, algunos son presos políticos propiamente dichos o puros, es decir, que están presos en razón del ejercicio arbitrario del poder punitivo y por resultar molestos o disfuncionales al que manda. A esto nos está acostumbrando el llamado lawfarey sus víctimas en nuestro país y en nuestra América (Cristina, Castillo, Glas, etc.), no siendo necesario abundar en lo conocido.

Tanto ha dejado de ser novedad hablar del lawfare que, en verdad, corremos el riesgo de normalizarlo, es decir, de convivir con este fenómeno institucionalmente patológico sin inmutarnos. De todos modos, hay algunos casos que resultan particularmente indignantes, en especial cuando se suman a la selectividad política otras discriminaciones, como el racismo y el género. Típico caso de la primera es el de Pedro Castillo en Perú y del cruce de ambas en el de Milagro Sala en nuestro país, en el que se agrega su duración y crueldad, haciéndolo quizá el más repugnante.

Hace diez años que Milagro está presa, condenada a quince años, incluso en base al falso testimonio de un empleado del gobernador que negó esa condición. Todos vimos las filmaciones del retiro de dinero para pagar sueldos mostradas como de peculado, escuchamos a una jueza que consideraba necesario tenerla presa para poder gobernar y otras bajezas propias de esbirros. Lo cierto es que allí están las 8.000 viviendas y otras obras; los que no están son los autos de lujo de Milagro y su mansión, porque nunca existieron. Ante este escándalo, hasta el pesado y a veces indiferente Sistema Interamericano tomó alguna intervención al respecto. No puedo olvidar la reacción de bronca que a ese inolvidable jurista que fue Julio Maier, le provocaban estas difamaciones y prevaricatos, orquestados desde el poder y reiterados hasta el cansancio por los conductos cloacales de comunicación concentrados.

Una familia judicial provincial que hace coro a su señor feudal condenó sin pruebas a Milagro y la Corte Suprema de la Nación lo consintió. Aun cuando al mero efecto argumentativo aceptásemos la posibilidad de que pudiese imputársele un delito, se trataría de una desprolijidad administrativa, rendiciones de cuentas defectuosas, que es una infracción perfectamente excarcelable y que en ningún caso puede llegar a una pena semejante a la de un homicidio.

En esta década Milagro perdió a su marido y a un hijo, está enferma, cumplió las dos terceras partes de su condena, pero los jueces y fiscales de Jujuy, todos más o menos parientes entre sí, decidieron humillarla poniéndole una tobillera y tratan de abrirle nuevos procesos para impedir su libertad. ¿Tanto miedo le tienen estos descendientes de Cortés, Pizarro y Valdivia a una mujer india y enferma? ¿Le temen porque saben que por su voz hablan quinientos años de genocidio y una cultura que resiste? Aunque parezca mentira, los poderosos locales, dignos herederos de los que en nombre de su particular y aberrante concepto de democracia bombardearon la Plaza de Mayo y fusilaron sin proceso, no se conforman con tener presa a Milagro, sino que es de toda evidencia que quieren eliminarla.

Cabe alegrarse de que al cumplirse diez años de esta prisión política pura se alcen tantas voces de protesta contra esa atrocidad, pero deberían ser muchas más, porque el caso es de gravísima trascendencia institucional para todos los habitantes, cualquiera sea su ideología política. La protesta se impone, no solo por Milagro, sino incluso por todos nosotros.

Frente a diez años de prisión política, una condena absurda, una pena por lo menos desorbitada, una crueldad inusitada y la clara intención de provocarle la muerte, cabe preguntarse si una democracia se caracteriza únicamente porque los ciudadanos puedan optar cada cuatro años entre dos candidatos que se le ofrecen para que ejerzan un poder casi omnímodo, porque si son más, con el ballotage se reducen a dos. Si una vez hecha la opción, el optado legisla por decreto y carece de jueces que controlen sus actos, el sistema no solo deja de ser democrático sino incluso republicano, porque se parece más a una monarquía absoluta o a una dictadura electiva.

Se supone que en una democracia funciona el sistema de pesos y contrapesos para que nadie monopolice el poder político, que es lo que programan todas las constituciones republicanas. Las declaraciones de derechos son muy importantes, pero cuando no funcionan los pesos y contrapesos se reducen a manifestaciones de buena voluntad, la arbitrariedad se vuelve manifiesta, toda la población pasa a estar en libertad condicional y cada vez es más dudoso que podamos seguir presumiendo de democracia y de república. El caso de Milagro es político en letras grandes y luminosas, no solo por ser político puro, sino porque pone en cuestión nuestro sistema de gobierno y la eficacia de nuestros derechos más elementales.

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