El Parlamento polaco acaba de aprobar una ley que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego sin riesgo de ser procesados ​​penalmente. La ley, que aún está pendiente de promulgación presidencial, marca un punto de inflexión en el enfoque de la represión en Europa.

El rearme y la guerra van de la mano del reforzamiento de los privilegios de la policía, que se extienden a los guardias fronterizos, así como a los militares. Tienen patente de corso. Nadie les puede exigir responsabilidades penales en caso de uso de armas o de la fuerza directa, incluso en violación de las normas establecidas.

La ley la han justificado por la necesidad de proteger la seguridad y las crecientes tensiones en la frontera polaco-bielorrusa, donde incidentes violentos, incluido el asesinato de un soldado polaco, han desatado la histeria política y mediática.

Polonia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea y acusa a Moscú de facilitar el paso ilegal de miles de inmigrantes africanos a Europa, utilizando la frontera polaco-bielorrusa como punto de entrada.

No es nada nuevo, porque esos movimientos migratorios ya existían en los años ochenta del siglo pasado, cuando Polonia pertenecía al Pacto de Varsovia y los emigrantes llegaban en tránsito hacia la República Democrática Alemana (que a su vez querían trasladarse a otro lado del Telón de Acero).

Lo mismo que España, Polonia cree que la solución es cerrar las fronteras, levantar vallas más altas y poner al ejército a patrullar las lindes. Como eso nunca ha servido de nada en ninguna frontera del mundo, el gobierno de Varsovia carga contra Bielorrusia, que tiene el mismo problema, acusando a Minsk de “provocaciones constantes”.

La “licencia para matar” que ha aprobado el Parlamento polaco forma parte de esa ola de histerismo por reafirmar la soberanía territorial y la identidad nacional de que hacen gala en Europa los partidos más reaccionarios y xenófobos.

No obstante, la ley va a deparar muchas sorpresas en el futuro porque si la guardia de fronteras mata a discreción a los emigrantes que cruzan sin papeles, nadie va a reclamar, pero si ocurre lo mismo en las calles de cualquier ciudad, va a ser difícil tapar boca a las víctimas del “gatillo fácil”.

La nueva ley es tan disparatada que hasta el Consejo de Europa, a través de su Comisario de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, ha lanzado un aviso sobre las posibles consecuencias de la “licencia para matar”. En Bruselas temen que cree un marco jurídico y político propicio a la impunidad.