Ayer escribí un artículo sobre las consecuencias económicas que, a mi juicio, se pueden derivar de la puesta en práctica del acuerdo al que han llegado el gobierno, el PSOE o el PSC, no se sabe bien, con Esquerra Republicana. Creo que utilicé argumentos objetivos, puesto que estaban basados en lo que sabemos que ha ocurrido en otras experiencias en las que se ha hecho lo mismo. Y he podido comprobar, además, que son muy parecidos a los que han utilizado en estos días economistas de todas las tendencias ideológicas.

Hoy quiero referirme a otro aspecto de la cuestión, a sus implicaciones políticas o, mejor dicho, sobre la política, algo que es mucho más subjetivo y soy consciente de ello.

La política es una actividad a la que debemos venerar porque es la que determina qué hacer con las cosas que nos son comunes a todas las personas de una polis, de una «ciudad», en su sentido más amplio. Es tan importante que los griegos llamaban idiotas a quienes no se preocupaban de ella, como hoy ocurre con tantas personas. Por tanto, todo lo que degrade a la política, termina por degradarnos a todas las personas sin excepción.

La cuestión que quiero comentar es la siguiente.

Hace un par de semanas, la ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, rechazaba la posibilidad de que estableciera algo así como un cupo para financiar a Cataluña, es decir, lo que se acaba de acordar. Diferentes medios de comunicación han informado que la ministra consideraba que una solución de ese tipo no tendría encaje ni en la Constitución ni en el Estatut.

¿Cómo es posible que ahora su partido (del que es segunda autoridad) o el gobierno (del que es vicepresidenta) lo acepten y a ella le de igual? ¿Cómo puede ser igual ocho que ochenta para una ministra de Hacienda? ¿Cómo puede ocurrir eso sin que tenga consecuencias de ningún tipo?

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se preguntaba ayer para justificar su decisión: «¿Si Aznar transfiere el 30% del IRPF a Catalunya eso es pacto de Estado, pero si lo hacemos nosotros se rompe España?

En ambas circunstancias me parece que hay una falta total de principios. En el caso de la ministra de Hacienda, porque no se puede aceptar como bueno algo que hace quince días se aseguraba que era malo. En el del presidente, porque hace trampa. La cuestión no es la que plantea, sino si la decisión que ha tomado él, con independencia de la que antes tomara otro, es buena o mala. Que Aznar hiciera daño a España (en realidad, a la población y a los territorios de por sí más pobres y desfavorecidos) con esa medida, como se le hizo cuando se introdujeron los cupos vasco y navarro en la Constitución, no puede servir como justificación cuando se toma una medida semejante.

Al PSOE le ha pasado exactamente igual que le ocurrió con la amnistía y que yo critiqué en su día. Y lo mismo que la ocurre a la derecha y a la extrema derecha cada dos por tres y que igualmente critico cuando ocurre, me entero y tengo tiempo o posibilidad de hacerlo. No se puede decir que algo es negativo e inaceptable y darlo por bueno al poco tiempo, porque interesa para obtener un beneficio. Eso es actuar sin principios, entendiendo que un principio es lo que dice la Real Academia, la norma fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

Actuar sin principios y mucho más en política es aceptar que uno se permite hacer cualquier cosa o la contraria sin atender a si eso que hace tiene una consecuencia u otra, si está bien para la mayoría o si le hace daño. Y actuar afirmando que se lucha por ideales, cuando en realidad se actúa en virtud de cómo vaya el viento del interés propio en cada momento, es convertirse en un impostor o impostora, es decir, en una persona que se hace pasar por quien no es.

Quien me lea habitualmente sabe que he defendido en muchas ocasiones a este gobierno, a quienes lo apoyan, al PSOE y a Pedro Sánchez, en particular. Ahora no puedo hacerlo y siento mucho tener que decirlo: hacer política sin principios, es una impostura que degrada la política y perjudica a toda la ciudadanía.