El policía que investigó el caso Gürtel y que continuaba indagando en la caja B del Partido Popular ha ascendido a inspector jefe, lo que motiva su cambio de destino. Manuel Morocho será el nuevo jefe de la Sección de Documentación y Extranjería del puesto fronterizo de Canfranc, el destino que había solicitado, después de no haber recibido ofertas internas para seguir vinculado a la investigación de la corrupción y los delitos económicos, han confirmado a eldiario.es fuentes policiales.

La salida de Morocho de la Brigada Anticorrupción, enmarcada en la UDEF, es un capítulo más del abandono que sufre la Unidad desde que fuera utilizada por el Gobierno del PP como un instrumento para blanquear los informes de su policía política contra el procés y Podemos. Al nombramiento de mandos afines al PP por encima de Morocho le siguió la política del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no ha realizado ningún cambio en la estructura de la lucha anticorrupción. El actual director general de la Policía, Francisco Pardo, del círculo de José Bono, ha dejado al frente de la UDEF al mismo comisario que designó Juan Ignacio Zoido.

La UDEF fue una creación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en seguida despuntó por casos como Malaya, Astapa y Gürtel. De aquella época a ahora, la Brigada Anticorrupción de la UDEF ha perdido más del 50% de agente operativos. Policías decepcionados con la trayectoria de la que fuera unidad de élite han pedido otros destinos sin que hayan sido repuestos.

En la época de Fernández Díaz en Interior, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue ganando protagonismo frente a la UDEF y se hizo, con la confianza de la Fiscalía, con los casos de corrupción más significativos de esa época, como Púnica o Lezo, ambos vinculados al PP de Madrid.

Intentos de «desestabilizar» a los investigadores

En la actualidad, Morocho dirigía un grupo de tres personas y continuaba investigando el caso de la financiación irregular del PP, una pieza separada del caso Gürtel que aún permanece abierta. Las revelaciones acerca de la caja B, algunas de ellas incluidas en la sentencia del primer gran juicio de Gürtel, provocaron la moción de censura que acabó con el Gobierno del PP y Mariano Rajoy en 2018.

La única comparecencia pública del policía se produjo en noviembre de 2017, cuando fue llamado a declarar en la comisión de investigación de la financiación irregular del PP en el Congreso. Allí denunció los intentos de «desestabilizar» que había sufrido la investigación del caso Gürtel y la caja B. Dirigentes del Partido Popular habían llegado a poner siete querellas contra los investigadores policiales, del caso, todas ellas desestimadas por los tribunales, según explicó el policía.

El equipo formado por el juez Pablo Ruz, la fiscal Concepción Sabadell y el inspector Morocho llevaron adelante un caso que ha acabado con abultadas condenas a los responsables de la trama Gürtel en las distintas piezas que se han juzgado. Aún resta por llegar a juicio la pieza de la caja B, la presunta financiación irregular del Partido Popular durante más de 20 años.

A las presiones externas, Morocho y sus policías tuvieron que añadir las internas. En tiempos de Fernández Díaz llegaron a ser interrogados por la Unidad de Asuntos Internos al relacionarles de forma infundada con una filtración que les era ajena. Más recientemente se ha conocido la operación fraguada en el Ministerio del Interior para sabotear el caso a través del espionaje a Bárcenas. La brigada política en tiempos del PP utilizó fondos reservados para, supuestamente, descubrir a los testaferros del extesorero y encontrar el dinero que escondía. Esa es la versión de sus protagonistas. Ni el juez Ruz, ni los policías a su cargo fueran nunca informados de ello.

La investigación del espionaje a Bárcenas es una pieza separada del caso Villarejo. Los policías que trabajan en él a las órdenes del juez Manuel García-Castellón pertenecen a la Unidad de Asuntos Internos. Al frente de ese grupo de agentes se sitúa un inspector, Gonzalo F., que ha ascendido en la misma promoción que Morocho. El nuevo inspector jefe ha logrado una plaza en Santiago de Compostela, pero seguirá al frente del caso Villarejo a través de una comisión de servicio, un mecanismo extraordinario que permite a la Dirección de la Policía destinar a un agente en un puesto distinto al que le corresponde por concurso.