El concepto de poder dual retomaba a Lenin y la revolución rusa de 1917: “El doble poder –según Lenin– se manifiesta en la existencia de dos gobiernos: uno es el gobierno principal, el verdadero, el real gobierno de la burguesía (…) el otro es un gobierno suplementario y paralelo, de ‘control’, encarnado por el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, que no tiene en sus manos ningún resorte del poder, pero que descansa directamente en el apoyo de la mayoría indiscutible y absoluta del pueblo, en los obreros y soldados armados”.

Es decir, poder dual alude a un gobierno que tiene la legalidad, pero convive con otro gobierno legítimo conformado por el pueblo organizado.

Esto es lo que coexiste hoy en Bolivia, un gobierno golpista que había llegado con el único objetivo declarado de convocar a elecciones, y un pueblo que se va organizando para resistir y que, además, tiene de su lado a una Asamblea Legis-lativa Plurinacional, donde el Movimiento al Socialismo de Evo Morales tiene la mayoría suficiente para aprobar leyes.

Ese poder dual cristaliza hoy en la convocatoria de unas elecciones previstas para el 3 de mayo, pero que fueron pospuestas por la pandemia global. La Asamblea aprobó la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales, y marcó el 2 de agosto como límite para la celebración de nuevos comicios. Pero esta ley fue recurrida por el gobierno golpista de Áñez ante el Tribunal Constitucional, institución que tras un acuerdo apoyado por Naciones Unidas y la Unión Europea, entre el MAS y la mayoría de partidos de oposición presentó la propuesta del 6 de septiembre como nueva fecha electoral.

Pero en una nueva vuelta de tuerca al poder dual que se vive en Bolivia, Jeani-ne Áñez, quien además es candidata presidencial, mandó una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), pidiéndole un informe técnico y científico que validara la fecha de las elecciones, torpeza política porque si Áñez no promulga la Ley 691 en 10 días, el Senado tiene la facultad de hacerlo.

Es claro que existe una voluntad en retrasar todo lo que se pueda la convocatoria de elecciones, pues están perdiendo aceleradamente apoyos entre la opinión pública debido a los numerosos escándalos de corrupción en los que han incurrido autoridades en el medio año que lleva instalado el gobierno golpista.

En febrero destituyeron al gerente de la principal empresa de telecomunicaciones del país, Entel, nacionalizada durante el gobierno de Evo Morales, y en estos días el presidente de YPFB, la empresa hidrocarburífera estatal, se encuentra en búsqueda y captura tras varios escándalos de corrupción.

Aunque el mayor escándalo ha sido la corrupción destapada por la compra en España de respiradores para hacer frente al Covid-19, que ha llevado al encarcelamiento del ministro de Salud de una Áñez que cada vez tiene más difícil afirmar que llegaron de forma transitoria para convocar a elecciones tras el golpe de Estado, cuando la imagen que dan son de que llegaron para quedarse el mayor tiempo posible, y mientras tanto, saquear y vaciar un Estado que costó poner en pie 14 años de proceso de cambio.

Pero además, los golpistas continúan con sus torpezas y han desaparecido los ministerios de Deportes, Comunicación, y Culturas. El cierre de este último, con un presupuesto de 100 millones de bolivianos (menos de 15 millones de dólares) frente a los 7 mil millones que manejan Gobierno y Defensa, ha supuesto que la comunidad cultural y una parte de la clase media se levante en pie de guerra contra el gobierno.

Esta dinámica deja a los golpistas casi fuera de la carrera electoral, pero aunque el MAS-IPSP pueda recuperar una parte de los apoyos perdidos durante los meses de octubre y noviembre de 2019, en realidad quien más favorecido se ve por la coyuntura es el timorato y cómplice del golpe, Carlos Mesa, que tiene todo un carril central para apostar por ni masistas ni golpistas después de que en las elecciones pasadas consiguiera articular 37 por ciento del voto opositor anti Evo Morales.

Es probable también que los poderes que impulsaron el golpe de Estado, desde las élites económicas a sectores de lapolicía y el ejército, pasando por la estación de la CIA en La Paz, dejen caer a Áñez y su gobierno para articular una unidad parcial en torno a Carlos Mesa como garante de una transición que garantice el control de los recursos naturales y su posterior privatización al mismo tiempo que una relativa paz social.

Será tarea colectiva que el poder dual que hoy impera en Bolivia se mantenga en caso de que el golpe de Estado consumado el 10 de noviembre de 2019 se perpetúe mediante una victoria electoral golpista.