No son pocos, ni livianos, los frentes que debe atender el gobierno nacional.

En primer término, la pandemia, con su alto impacto económico y social. Ya este acontecimiento, por sí mismo, sería una gran carga para la gestión de cualquier gobierno. Pero al mismo tiempo tiene  en marcha una negociación de deuda externa impagable, bien aderezada por las amenazas de los acreedores (que son tanto externos como internos), aludiendo a las calamidades que caerían sobre nuestro país si el gobierno no cede a ciertas demandas empobrecedoras. Actualmente los bonistas están solicitando un fuerte pago en efectivo por parte del Estado para “mejorar” la oferta. O sea, empobrecer más a lxs argentinxs.

Pero además está el poder económico local. Muy ofendido por los límites que intenta poner el gobierno al festival de medidas antisociales que le gustaría protagonizar, y por el proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas, que si bien no haría mella en las enormes riquezas acumuladas por la minoría más rica del país, es un antecedente muy preocupante para el sector.

Ocurre que todo movimiento redistributivo, por más acotado que sea, es visto desde la perspectiva del poder económico como una potencial amenaza política que debe ser conjurada.

Desconocemos si es una fantasía ideologizada, o una exageración interesada, pero reaccionan como si toda concesión impositiva o regulatoria pudiera terminar en un tobogán que lleve al comunismo, al chavismo o a Cuba. Recordemos que figuras como Arturo Frondizi, Héctor Cámpora o Raúl Alfonsín fueron tildados de izquierdistas o comunistas por las fuerzas más retrógradas de sus épocas. Hoy esas acusaciones parecen ridículas, pero fueron enunciadas con la misma seriedad y solemnidad que hoy ponen casi todos los medios de comunicación para oponerse al futuro impuesto.

Y no parece casual que se haya activado, en las últimas semanas, el aparato comunicacional de la derecha para –en el contexto de la acentuación de la pandemia por la expansión del virus en las villas— hostigar y debilitar políticamente al gobierno. La derecha local, o al menos su fracción con más respaldo externo, parece no aceptar las apelaciones presidenciales a la unión, al diálogo y a la buena voluntad.

Al mismo tiempo, diversas fracciones empresariales, por el solo hecho de continuar con su prácticas habituales de las últimas décadas –remarcaciones abusivas, desdén por apoyar crediticiamente al sector productivo, acopio de cereales en silobolsas, juegos especulativos con el dólar paralelo, búsqueda de la reducción de salarios—, continúan efectuando un ejercicio de esmerilamiento pasivo del gobierno. Se comportan como si para ellos la pandemia no estuviera ocurriendo. O como si un hecho de esta magnitud no reclamara ningún cambio de actitud atendiendo a la gravedad de lo que vive el resto de la sociedad.

La derecha en camino a la irracionalidad creciente

A medida que pasan las semanas, y a nivel internacional se van comprendiendo las complejidades económicas y sociales que trajo la pandemia y la dificultad para compensarlas rápidamente con dos o tres medidas económicas convencionales, el malestar en los círculos económicos concentrados se acelera y el disgusto con las autoridades políticas que pretenden minimizar los muertos se incrementa. Así es como se empiezan a escuchar, increíblemente, expresiones de desdén hacia los virólogos, infectólogos y epidemiólogos. Se ha dicho “la salud es demasiado importante para dejarla en manos de los infectólogos”, apenas ocultando la furia que producen las medidas de “abstención de acumulación” a las que obliga la pandemia para no generar un tendal gigante de víctimas.

Precisamente en esta época, en la que el mito de la tecnología es tan cultivado ya que se le atribuyen propiedades casi mágicas para aportar soluciones en todos los terrenos de la vida, los conocimientos médicos rigurosos, las evaluaciones prudentes y la actitud científica de estudio y observación frente a la pandemia, empiezan a ser detestados desde el mundo de los negocios.

No es que sea fácil, ni que haya una hoja de ruta muy clara para enfrentar económicamente los efectos de la Covid-19, y de hecho es un gran desafío para el gobierno de Alberto Fernández. Pero las alusiones anticientíficas son cada vez más frecuentes en el discurso del mundo de los negocios. Quienes se dedican a la defensa del medio ambiente lo conocen muy bien: hay un gigantesco lobby de las corporaciones, que cuentan con Donald Trump entre sus militantes, para negar toda la evidencia científica sobre el calentamiento global, que el planeta sufre y vive cotidianamente. Las corporaciones vinculadas a las actividades contaminantes niegan el deterioro acelerado de las condiciones climáticas y los crecientes problemas vinculados a la falta de medidas para contrarrestar la depredación. Hoy los nuevos enemigos pasan a ser los infectólogos, por ser un obstáculo a seguir acumulando sobre una pila de cadáveres, lo que confirma una tendencia creciente del capital concentrado a despreciar al conocimiento, en la medida en que se interponga a su cortoplacismo irresponsable.

Pero el malestar de las élites con el manejo de la pandemia no es un tema estrictamente económico. Un tanque de pensamiento norteamericano, el Carnegie Endowment for International Peace, ha emitido recientemente un documento en que el que releva los peligros políticos que está causando la pandemia. Siempre desde el lugar de la defensa de una imaginaria “democracia liberal”, esta institución pasa revista a una serie de cambios políticos en diversos países del mundo. Así, advierte sobre la “centralización del poder y el cierre del espacio democrático”, la “reducción de los mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo”, la “expansión del Estado para vigilar actividades privadas”. Señala que la pandemia “puede exacerbar la polarización política”, y que pueden presentarse desafíos “a la gobernabilidad local” y “cambios en la relación de poder entre civiles y militares”.  Uno de los puntos más interesantes en la serie de advertencias es “el manejo de la pandemia puede afectar la percepción global sobre el valor de la democracia y el autoritarismo”. Aquí aparece expresada, con estilo académico, la preocupación hegemónica norteamericana por el eventual prestigio que pudiera cosechar China en relación al manejo de la crisis versus el defectuoso manejo estadounidense.

En las mucho más precarias burguesías latinoamericanas, aparecen otro tipo de miedos vinculados al manejo de sus propios países y a sus limitaciones para ofrecer progreso a sus respectivas poblaciones.

Seguramente copiarán y pegarán párrafos de los norteamericanos, para impostar convicción democrática, pero lo que les preocupa realmente es el empoderamiento regulatorio estatal, el surgimiento de nuevos actores o coaliciones sociales organizadas a partir de la pandemia, y la autonomización de los espacios políticos en relación a las demandas de las corporaciones. El encantamiento de un orden social neoliberal aparentemente inmutable y universal ha sido repentinamente resquebrajado por otras prioridades basadas en otro orden de valores. ¿Cómo recuperarse de esa situación?

Vaticinios pos-pandemia

Cada país está realizando su propia trayectoria, pero todos pasan en algún momento por el pico de máxima gravedad de la pandemia, que progresivamente empieza a aliviarse, aunque no a superarse completamente. Las medidas de salida del aislamiento están también en pleno debate mundial, y sujetas a una extraordinaria cantidad de controversias sobre quiénes, cómo y cuándo. Este tipo de situación gris, intermedia, de no estallido sanitario masivo, pero sí de peligro de rebrote potencial que impide asumir normalmente la cotidianeidad, podría prolongarse meses, o quizás más de un año, hasta que aparezca un remedio efectivo. No parece que sea un tiempo demasiado prolongado para que haya vuelcos trascendentales en la vida de la humanidad, en la cultura, en las mentalidades, en la ideología dominante o en la organización económica de la sociedad.

Pero sí pueden proyectarse con absoluta claridad algunas cuestiones: como colectivo, el mundo estará más pobre objetivamente; los Estados, empresas productivas e individuos más endeudados y los mercados más reducidos, tanto por el lado de la demanda como de la producción.

La carencia de instituciones globales para tratar los diversos problemas internacionales en forma sensata y democrática se sentirá con más fuerza, dada la tendencia del núcleo dominante a hacer valer su predominio económico-diplomático-militar y es muy probable que se retome, potenciada, la tendencia al proteccionismo que ya se había manifestado claramente antes de la pandemia. Todos los países necesitarán “ampliar sus mercados”, pero resultará que los demás pensarán exactamente lo mismo.

Hasta ahora el capitalismo resolvió estos problemas inventando consumo y deudores en algún lado, en base a la siempre transitoria magia financiera. Pero ahora el cuadro mostrará límites mucho más estrechos debido a la herencia del endeudamiento incrementado por el paso de la pandemia.

Los Estados ampliados por sus tareas de salvataje y sostén, aunque sea meramente como “bomberos” de la crisis, continuarán en esa situación, porque muchos problemas económicos –quiebras, ruptura de cadena de pagos, inconsistencias macroeconómicas varias— no se esfumarán en el momento en que surja una vacuna contra la Covid-19.

¿Hay espacio para la colaboración internacional, el cambio de patrones de producción y consumo y para reencauzar el crecimiento de una forma más adecuada para el planeta y sus habitantes? Sí. Los conocimientos científicos y las capacidades organizacionales existen. Pero hacen falta cambios importantes en los actores sociales, en el espacio de la política. Si el mundo continúa gobernado por los mismos irresponsables que nos trajeron hasta aquí, no habrá soluciones sino más conflictos.

El loteo de la Patria Grande

En días pasados la Argentina tuvo que evidenciar públicamente e institucionalmente su malestar con el rumbo que viene tomando el MERCOSUR en sus negociaciones internacionales.

En realidad el conflicto no es nuevo. Ya en la gestión de Cristina Kirchner, era el país que más decididamente defendía la protección del espacio regional, y en especial de nuestras capacidades industriales. El Brasil de Dilma ya era muy tibio en ese sentido, y Paraguay y Uruguay parecían más interesados en exportar productos primarios que en sostener un proyecto complejo de integración. Todo se aceleró con el desplazamiento del PT del poder, ya que los liberales brasileños desdeñan el MERCOSUR y creen que al Brasil, o al menos a su clase dominante, le conviene un futuro de mayor internacionalización, dejando de lado una estrategia de autonomía regional. Ni qué hablar de la etapa Bolsonaro, donde se ha llegado a discutir en el gabinete un tratado de libre comercio unilateral con Estados Unidos. Con Venezuela suspendida, la situación argentina es muy minoritaria, aunque los grandes acuerdos externos del ente regional deben ser obligatoriamente refrendados por todos sus miembros.

Macri y Bolsonaro congeniaban, en el mismo espíritu de liquidar la integración regional y ofrecer sus países como meros espacios de negocios a las grandes corporaciones locales y extranjeras. De esa lamentable conjunción salió el proyecto de tratado con la Unión Europea, llamado a profundizar el subdesarrollo y la dependencia de nuestros países, a cambio de negocios para un puñado de empresarios privilegiados en cada país.

El nuevo gobierno argentino se ha encontrado, en ese sentido, con una dinámica institucional hostil a nuestras necesidades de protección del tejido productivo, del empleo y del mercado regional. Claro, en la Argentina volvió al poder una coalición social que refleja los intereses de la mayoría de la población, mientras que los gobiernos conservadores del Mercosur atienden intereses de las fracciones corporativas locales y extranjeras. Por ahora, y hasta tanto no haya cambios políticos populares en nuestros socios, el proyecto integrador ha entrado en un cono de sombra. Lo que agrega una presión adicional sobre la calidad y eficacia de las políticas productivas y distributivas en nuestro país.

El miedo a los delincuentes

Por si todo el cuadro estructural no fuera suficientemente importante para que la sociedad se organice y debata en relación al mismo, surgen otros problemas que se vienen arrastrando  sin una solución aceptable desde el comienzo mismo del período democrático.

Por supuesto, el tema siempre presente de la seguridad ciudadana. Es un problema real,  muy afligente, y no se ha encontrado la forma de resolverlo seriamente en casi 37 años de democracia. Por un lado no hubo continuidad de largo plazo en políticas sociales vigorosas que eliminen la pobreza y la indigencia, pero tampoco ha habido eficacia en remover los vínculos entre delito-policía-sectores políticos y Poder Judicial. Allí hay un entramado que está presente y que hace muy difícil la vida de millones de ciudadanxs.

Ese es el telón de fondo sobre el que se monta otro problema irresuelto de la democracia: la farsa de los medios de comunicación independientes. En realidad, la población está sometida a un oligopolio mediático comunicacional sumamente aceitado, que es capaz no ya de distorsionar la información con fines políticos, sino de inventar directamente “realidades”, instalar temas ficticios, silenciar la voz de las autoridades y direccionar los estados de ánimo de una parte no desdeñable de la “opinión pública”.

Es un problema democrático de fondo, porque los principales medios se han transformado en voceros partidarios del poder económico, operando políticamente en forma abierta sobre la cabeza de la población. Se dirá que no es un problema local, sino mundial. Lo es, pero en otras regiones el poder económico ha mostrado ser un poco más eficiente en ofrecer respuestas a sus sociedades. En nuestra región, los oligopolios mediáticos están a servicio de élites fallidas, que sólo pueden apelar a la alienación colectiva para seguir controlando el devenir político.

El cacerolazo del jueves de “los vecinos asustados por algo que no ocurrió” encierra todos esos problemas, y devela, al mismo tiempo, las características absolutamente irracionales del poder corporativo opositor en nuestro país.

Recordemos que hace pocas semanas, la cartera de Desarrollo Social, que está atendiendo a 11 millones de personas que se alimentan en comedores populares y merenderos, se encontró con que los proveedores del Estado “se le plantaron” y amenazaron con no suministrar productos de primera necesidad, porque los precios que demandaban –por arriba de los precios de mercado— no eran aceptados por los funcionarios.

A ese episodio, el oligopolio comunicacional lo presentó como un hecho de presunta corrupción oficial. No se puede esperar otra cosa ni de ellos, ni de los proveedores del Estado. Repiten, como muñecos a cuerda, el libreto subdesarrollado que se asentó en tantos años de neoliberalismo local.

De quien sí cabe esperar el esfuerzo de romper con los comportamientos irracionales, antisociales, es del Estado, acompañado por las organizaciones sociales y políticas que comprendan su rol en este momento histórico.

En la pandemia, y en la pos-pandemia, lo mejor que nos puede pasar es que el Estado descubra que es capaz de “plantarse” frente a los intereses facciosos, y movilizar el respaldo de la gran mayoría para defender lo público, lo colectivo, el interés general.