Por Iñaki Alrui*
Del terror franquista al boicot institucional: cientos de personas exigen en Sol que se cumpla la Ley de Memoria frente a la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid
Cientos de personas se han concentrado este sábado en la Puerta del Sol para exigir que se cumpla la Ley de Memoria Democrática en la Real Casa de Correos, sede actual de la Comunidad de Madrid y antigua Dirección General de Seguridad (DGS). La protesta organizada por el movimiento memorialista madrileño, ha sido convocada bajo el lema “En defensa de la DGS como lugar de Memoria”, se produce meses después de que el Gobierno central declarara oficialmente el edificio como Lugar de Memoria, una decisión que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido y tratado de boicotear por todos los medios.
El pasado 20 de octubre de 2025, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la resolución por la que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática declaraba la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Este reconocimiento, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, buscaba visibilizar el papel central que el inmueble tuvo durante la dictadura franquista como sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), el organismo encargado de dirigir la represión política.
Según recogía la propia declaración, la DGS “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen”. Los testimonios recabados hablan de la “extrema brutalidad” de las torturas cometidas en sus calabozos, un centro de detención que se convirtió en un “símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo” y la transición.
Quienes se han concentrado en Sol portaban decenas de carteles en los que se podía leer: «En recuerdo de todas las personas aquí detenidas, encarceladas, torturadas y asesinadas en la DGS durante la dictadura franquista y la transición, por defender la libertad, la democracia y la justicia social» que se combinaban con retratos de personas asesinadas y torturadas en la DGS. El acto ha transcurrido con diversas intervenciones de asociaciones memorialistas, y organizaciones sociales y políticas, una de las intervenciones ha sido la de Carlos Serrano Suárez, víctima de torturas en 1975, cuya causa esta activa en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que ha dado un paso excepcional en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, y ha citado a declarar para el próximo 22 de junio a Carlos Serrano Suárez, así como a uno de los agentes imputados miembros de la Brigada Político Social del franquismo.
El manifiesto difundido por los colectivos de memoria democrática y víctimas del franquismo de Madrid, que ha sido leído a los asistentes a la concentración, recuerda que entre esas paredes “se practicaron las mayores atrocidades”, desde los casos de Lluís Companys y Julián Grimau hasta las torturas sufridas por mujeres como Juana Doña o María Jesús Dasca. Asimismo, denuncia que la impunidad se extendió más allá de la muerte de Franco, con casos que van desde el de Enrique Ruano en 1969, a los de José España Vivas (1980) y Joseba Arregi (1981) durante la llamada transición, “ya que no hubo depuración alguna de los cuerpos represivos”.
“Para recordar lo que pasó entre estas paredes, el 20 de octubre de 2025 este lugar fue declarado Lugar de Memoria Democrática. Desde entonces, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a cumplir la Ley de Memoria Democrática”, señala el manifiesto. Los colectivos acusan al gobierno regional de “pretender negar y esconder” el pasado represivo del edificio, incumpliendo la ley e impidiendo la “convivencia democrática”.
Las personas congregadas en Sol han lanzado tres exigencias claras, que se recogen en el manifiesto: la significación plena de la antigua DGS como Lugar de Memoria, la colocación de una placa en recuerdo y homenaje a las víctimas, y la apertura al público de los antiguos calabozos para que sean visitables, instalando listados con los nombres de todas las personas detenidas, torturadas y asesinadas.
Mientras el Tribunal Constitucional debe resolver los recursos presentados, las asociaciones memorialistas insisten en que la Ley de Memoria Democrática es de obligado cumplimiento. Apoyan “las iniciativas del Gobierno del Estado español en aplicación estricta de la ley” y exigen “la máxima firmeza, contundencia y celeridad” para que la Comunidad de Madrid acate la legislación vigente. Para ellas, la antigua sede de la DGS no es solo un edificio histórico, sino un símbolo de la lucha por los derechos humanos que, décadas después, sigue siendo un campo de batalla por la memoria histórica en pleno centro de Madrid.
El acto se ha cerrado con una palabras del hispanista e historiador Ian Gibson.
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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