Chema Caballero*

Gabón ha denunciado el acuerdo de pesca que firmó hace ocho años con la Unión Europea. Quiere renegociarlo. Las razones que da son un desequilibrio en los beneficios y crecientes preocupaciones sobre la explotación de los recursos. En definitiva, no ha generado la riqueza y el empleo que prometía para el país.

El Acuerdo de Colaboración para la Pesca Sostenible (APSC), firmado en 2007, permite a los barcos europeos pescar en aguas gabonesas a cambio de apoyo financiero al sector pesquero de Gabón. En junio de 2021, se ratificó un nuevo protocolo que, se suponía, mejoraba el tratado. En él, la Unión Europea se comprometía a invertir 17.000 millones de francos CFA (unos 26 millones de euros) para fortalecer la gobernanza pesquera de Gabón, proteger el medio marino y apoyar la creación de empleo y las actividades del sector pesquero.

Las intenciones del acuerdo y su protocolo eran buenas ya que pretendía contribuir a la preservación de los recursos marinos, a la seguridad alimentaria y nutricional y a la diversificación de la economía gabonesa. Todo ello en consonancia con los objetivos del Plan Estratégico Gabón Emergente 2025 (PSGE2025). Además, daba respuesta al deseo de Gabón de fortalecer la industrialización y la competitividad de su sector pesquero, dado el destacado papel de la industria atunera en su zona de pesca, en el océano Atlántico. De hecho, el tonelaje fijado en el acuerdo, que los barcos europeos podían pescar en aguas gabonesas, era de 32.000 toneladas de atún al año. Esto convertía al país centroafricano en el segundo socio más importante de la UE en la pesca del atún, por detrás de Filipinas.

Las flotas pesqueras que más se han beneficiado de este acuerdo son la española y la francesa. España es el primer país productor de atún en conserva de la Unión Europea, con alrededor de 223.000 toneladas anuales, y el segundo a nivel mundial, tras Tailandia. El acuerdo entre Gabón y la Unión Europea garantizaba la pesca en aguas del país africano para 27 atuneros comunitarios, de ellos 15 de bandera española. A ello hay que sumar cinco buques cañeros (embarcaciones que se utilizan para la pesca con caña, liña o anzuelo) y cuatro de arrastre. Lo que hace un total de 24 embarcaciones de bandera española operando en aguas de Gabón. No hay datos de las toneladas exactas de atún pescadas por los barcos españoles.

El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, ha denunciado que el acuerdo con la Unión Europea genera unos beneficios económicos muy insuficientes en comparación con la riqueza que los barcos europeos sacan de sus aguas territoriales. Para el mandatario, el acuerdo no compensa ni el valor real de las capturas ni los costes asumidos por Gabón en materia de vigilancia y control. Tampoco las pérdidas por valor añadido debido a la ausencia de transformación local. Finalmente, ha criticado la debilidad de las inversiones acometidas por la Unión Europea a título de desarrollo local, empleo o refuerzo de las capacidades nacionales. Así como los riesgos vinculados a la sobreexplotación de recursos pesqueros, en ausencia de transparencia compartida y mecanismos de seguimiento científico.

Por todo ello, el presidente gabonés pide que se abra una vía a una posible renegociación sobre bases reequilibradas o explorar nuevas asociaciones más alineadas con las prioridades de Gabón. El objetivo es poner en marcha requisitos esenciales para el país, como la creación de infraestructuras esenciales para el desarrollo del sector pesquero en el país. Ello incluiría zonas de desembarque modernas, almacenes frigoríficos, unidades de tratamiento industrial y astilleros, entre otros elementos. El objetivo de todo esto es crear una verdadera industria pesquera nacional que genere empleo, valor añadido y soberanía.

Lo que denuncia el presidente gabonés no es nada nuevo. Los acuerdos de pesca de la UE con países africanos han sido acusados, en diferentes ocasiones, de ser perjudiciales. Estos pactos pueden permitir la sobrepesca y el agotamiento de las poblaciones locales de peces. Las prácticas de pesca intensivas pueden alterar los ecosistemas marinos, dañando la biodiversidad y comprometiendo la salud de los océanos. Además, en muchas ocasiones, son causa del desplazamiento de las comunidades pesqueras locales y limitan el acceso de estas a los recursos marinos, lo que afecta a sus medios de vida y economías e impulsa a muchos jóvenes a migrar. Tampoco suelen tener en cuenta la necesidad de sostenibilidad de las pesquerías a largo plazo, lo que puede llevar a un uso excesivo de los recursos y a la degradación del medioambiente. Finalmente, se les acusa de falta de transparencia y responsabilidad al carecer de mecanismos de control y seguimiento adecuados, lo que dificulta la identificación y prevención de prácticas pesqueras ilegales. Por todo eso, desde hace tiempo, diversos grupos de activistas piden a la UE que revise sus acuerdos y que priorice la sostenibilidad y los derechos de las comunidades pesqueras locales.

Se dice que el pez grande se come al chico, pero parece que, ahora, el chico ha comenzado a reivindicar sus derechos. Gabón ha dado un paso en ese sentido, habrá que estar atentos a ver si consigue su objetivo.

* En Mundo Negro.

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