Las protestas masivas que se iniciaron y se prolongarán entre el 7 y 9 de diciembre  de 2023 y que seguramente se extenderán por más tiempo en diversas ciudades y poblados del Perú, son portadoras de las demandas de la liberación de distintos dirigentes políticos, sociales y populares presos en diversas prisiones (entre ellos el presidente depuesto por el Congreso, Pedro Castillo Terrones); un cambio radical de la actual Constitución Política; la instalación de una nueva Asamblea Constituyente y por supuesto las renuncias de la presidente usurpadora (Dina Boluarte) y de los miembros del Congreso de la República. Se trata de puntos programáticos de amplios sectores sindicales, populares, comunales y políticos del Perú, los cuales se resumen en una consigna clave de la gran movilización de amplias masas de la sociedad peruana: “Que se vayan todos”.

En ese contexto del primer aniversario del golpe de Estado con el que fue destituido y procesado el presidente Castillo Terrones, los sectores ultraconservadores que encabeza la mandataria golpista, Dina Boluarte, el llamado Tribunal Constitucional en una reunión fraudulenta de únicamente cuatro magistrados, faltando dos más que no fueron convocados (Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich), se decidió por el magistrado Francisco Morales (presidente), Luz Pachecho (vipresidente) y Gustavo Gutiérrez, y con el voto en contra de Helder Domínguez, suscribir la resolución que acordó la espuria excarcelación del expresidente y exdictador del Perú, Alberto Fujimori.

Recordemos que el exmandatario de 85 años fue condenado a un cuarto de siglo al comprobársele su involucramiento como autor tras autorizar el asesinato de 25 ciudadanos peruanos en 1991 y 1992, durante una etapa de su Gobierno cuando se combatía a la guerrilla de la nación andina. Así, su liberación de la prisión en la que purgaba su condena fue, sin duda, la forma de celebrar la ultraderecha peruana el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Pero también fue otra expresión del poderío de la familia Fujimori y de su alianza con los sectores que dominan en la Presidencia, sus componendas con el Poder Judicial y con las filas castrenses y de la seguridad peruanas.

Dentro de ese escenario político del país andino también figura la incapacidad de los sectores gobernantes por recomponer la economía del país, la cual atraviesa una grave crisis. El desempeño de una nación esencialmente minera muestra que la mandataria peruana ha tenido un tremendo fracaso en recomponer la situación económica, lo que muestra un tremendo colapso de las inversiones y que esa mismas condiciones han acelerado y acumulado el descontento económico y político de amplias capas sociales de la nación andina. A toda esta situación se suma la crisis de credibilidad gubernamental cuando se generó la suspensión de la fiscal general por una investigación criminal al interior del Ministerio Público, Se trata de la misma fiscalía que presentó a fines de noviembre la acusación constitucional por el delito de homicidio, en la que Dina Boluarte figura como responsable de más de 50 personas fallecidas.

En ese escenario, a nivel de la región latinoamericana, el reconocimiento al Gobierno de Baluarte sigue muy deteriorado. Por ejemplo, con el Gobierno mexicano que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, es más que evidente el duro enfriamiento en sus relaciones diplomáticas. Por un lado destacó el asilo político que México le brindó a la familia del mandatario depuesto con el golpe de Estado. Por ese hecho, la Administración de la mandataria peruana decretó la expulsión del embajador mexicano (Pablo Monroy) en el Perú. Pero también AMLO llegó a manifestar en su viaje en el mes de septiembre a Colombia y a Chile que evitaría que el avión que lo transportaba cruzara por los aires del espacio aéreo peruano, ya que podría contar con un contratiempo con el Gobierno de Boluarte. “Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo peruano. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. Vamos a volar más tiempo, como una hora más por el rodeo”. El mismo López Obrador calificó a Baluarte como “espuria”. A lo que el Gobierno peruano declaró al presidente mexicano como “persona non grata por las autoridades peruanas”.

Situación muy semejante también sostiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro, de Colombia, que junto con el de México se han negado a reconocer a la señora Baluarte como la presidenta legítima de ese hermano país andino. Cuestión en la que han coincidido otros mandatarios de la región latinoamericana. Esto ha evidenciado el aislamiento diplomático de la mandataria, que representa a lo más rancio de la oligarquía económica y política peruana. Lo que explica que en amplios sectores de ese pueblo, cobre cada día mayor fuerza la consigna: “Que se vayan todos”.