El gobierno de Moreno, cuya gestión es reprobada actualmente por más de 85 por ciento de ecuatorianos, ha hecho todo lo posible durante los tres años de su desgobierno para desaparecer de la escena a los dirigentes del movimiento político que encabeza Rafael Correa. Dos vías ha utilizado: la persecución judicial ( lawfare) y la proscripción de su partido político.

Lo primero: con el apoyo entusiasta de las empresas propietarias de los grandes medios de comunicación, el régimen de Moreno ha intentado desprestigiar y encarcelar a Rafael Correa y a los principales funcionarios de su gobierno, acusándolos de todo. Pero, tan evidente ha sido la persecución política que está detrás de las falsas acusaciones, que Interpol ha negado cada una de las solicitudes de difusión roja que el gobierno ha intentado contra el ex presidente Correa, su ex canciller, Ricardo Patiño, la asambleísta Sofía Espín, el ex superintendente de Comunicaciones, Carlos Ochoa y muchos otros ex funcionarios.

A pesar de no haber presentado ni una prueba en su contra, el legítimo vicepresidente de los ecuatorianos, Jorge Glas, está privado de su libertad desde hace dos años y siete meses, sólo por la confabulación urdida entre el gobierno y la función judicial. Esta es una cruel injusticia que pesa sobre la frágil democracia ecuatoriana.

En octubre pasado, en medio de las grandes movilizaciones ciudadanas contra el alza en los combustibles, y con acusaciones falsas, fueron encarcelados la prefecta (gobernadora) en funciones de Pichincha, Paola Pabón, la ex alcaldesa Alexandra Arce y el secretario del movimiento político Virgilio Hernández, quienes tuvieron que ser liberados a las pocas semanas porque el gobierno no han podido demostrar ninguna de sus acusaciones.

En esos mismos días, pretendieron apresar a la ex presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira (cuyo domicilio fue allanado), ex asambleístas y representantes de otros organismos del Estado, quienes, se vieron obligados a refugiarse en la embajada de México, país que finalmente les otorgó asilo.

Lo segundo: el gobierno de Moreno quiere impedir a toda costa la participación del movimiento político que lidera el ex presidente Correa. La primera acción fue arrebatarles ilegalmente el movimiento político que dirigieron 10 años (Alianza País); no lo hicieron limpiamente en una disputa interna, sino a través de un tribunal penal, quienes según la ley ecuatoriana tienen prohibido inmiscuirse en discrepancias partidarias.

Después de que Moreno se tomó el Consejo Nacional Electoral, repartido cual botín entre los partidos que lo apoyaron en la consulta inconstitucional de 2018, ese organismo impidió en cuatro ocasiones que los militantes de la Revolución Ciudadana pudieran formar un nuevo partido. Pretextos no faltaron: el eslogan ya estaba usado por otros, el nombre no les gustaba, disputas internas, entre otras.

Ante tales negativas, los militantes revolucionarios tuvieron que incorporarse casi clandestinamente en el movimiento Fuerza Compromiso Social –que ya había participado en dos procesos electorales anteriores– para presentar candidatos en las elecciones seccionales de marzo de 2019.

En vista de que Revolución Ciudadana alcanzó dos de las tres más importantes prefecturas (gubernaturas) del país, el gobierno de Moreno entró en pánico y activó a un nefasto personaje al que sentó fraudulentamente como contralor del Estado (no ganó ningún concurso, no tiene nombramiento y no había tomado posesión en la Asamblea Nacional) para hacerle descubrir que supuestamente en 2017 el CNE otorgó vida jurídica a esa organización política sin haber revisado adecuadamente las firmas entregadas, y que debía quitarle la vida jurídica.

Como el CNE no aceptó tremenda intromisión ilegal, el 22 de junio el falso contralor notificó a tres de los cinco vocales del CNE que serán destituidos porque no han aceptado su insinuación de eliminar del registro de partidos a la primera fuerza electoral del país.

Urge una acción internacional para frenar este atropello a la ley y a la democracia en Ecuador.

* Canciller de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa