Hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas se creó bajo el compromiso político y social de resguardar la paz en el mundo, mediante este organismo y por los gobiernos que se sumaron y ratificaron este pacto. Sin embargo, su obligación internacional se ha visto cuestionada en las últimas décadas al permitir que países con control hegemónico y poder económico continúen invadiendo territorios que les conviene desconocer como gobiernos. Es importante reconocer que los estados-nación surgieron en Europa y como herramienta para la consolidación del sistema capitalista en América Latina, por lo que muchos de los territorios indígenas fueron invadidos, colonizados y destruidos desde su tejido social, invalidando sus costumbres, saberes, personas y relaciones con la tierra.
Ello significó la imposición de las lógicas de los gobiernos expansionistas y capitalistas en espacios donde la dignidad humana fue dañada, y que, ante la resistencia de los pueblos y comunidades originarias, se implantaron las guerras y los genocidios. De acuerdo con Amnistía Internacional, estos últimos son considerados como la matanza de personas, grupos y pueblos étnicos, raciales, religiosos u originarios que tienen como objetivo desaparecer totalmente (exterminar) a esta población, tal como sucedió durante el Holocausto, en Ruanda, Camboya, Bosnia y ahora Palestina.
Si bien, el delito de genocidio no tiene límite de tiempo para exigir justicia, con base en la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la esencia no está en permitir que se concrete el genocidio y después solicitar justicia, sino prevenirlo e incidir para que se detenga la crueldad de estos crímenes. Por tanto, ¿hasta cuándo los países y los diversos organismos de la comunidad internacional se pronunciarán y actuarán para detener este genocidio en Palestina?
Pues, como dijera la activista chicana Gloria Anzaldúa, “cualquiera que sea la razón, nada justifica un acto de terrorismo, ya sea cometido por fundamentalistas religiosos, ejércitos privados o maquillado como una guerra de ‘justicia retributiva’” (Anzaldúa, 2015; p. 24). Para los poderes hegemónicos, siempre habrá razones suficientes para iniciar una guerra, un genocidio, la violencia hacia cualquier población que se resista a ser parte de sus intereses o que luche contra ellos; pero para la sociedad civil organizada, no podemos tener amnesia social sobre los crímenes internacionales, nacionales y locales cometidos por los países con poder económico. Por el contrario, tenemos que buscar siempre la forma de accionar para construir la paz, la comunidad y resistir colectivamente ante los sistemas de opresión que desean apropiarse de nuestros recursos, tierras y vidas.
Ahora que la situación de Palestina se ha recrudecido y se ha visibilizado a gran escala de los actos de violencia que han sufrido desde hace varios años, debemos seguir protestando hasta que el cese de la guerra sea una realidad y exigir a los Estados-Nación que abonen a que esto sea posible, no sólo desde su participación en los organismos internacionales que no son acciones vinculantes, sino de la relación con los países que sostienen y financian la guerra en Gaza. ¿Hasta cuándo los gobiernos seguirán silenciados y apoyando el genocidio en Palestina? ¿Hasta cuándo los gobernantes seguirán sosteniendo un discurso de derechos humanos y construcción de paz para sus poblaciones, mientras que son ciegos y sordos ante el sufrimiento de las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos de su país y Palestina?
Que la violencia y el fuego cese para la población palestina donde se respete la dignidad humana, se haga justicia para quienes perpetúan estos crímenes y violaciones graves a derechos humanos, para que la paz y la libertad sea una realidad para las víctimas en Palestina.
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