Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2022/10/29/alem-o29.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws                Justus Leicht                                                                                   29.10.22

La modificación del párrafo 130 del código penal (incitación al pueblo), decidida a hurtadillas, es un ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de libertad de expresión y asamblea. En vista del rápido retorno del militarismo alemán, cualquier expresión de dudas sobre la ensordecedora propaganda bélica y cualquier oposición a la política de guerra se convertirán en delitos punibles.

En concreto, se modificará la legislación para incluir un párrafo en el que se castigue con hasta tres años de prisión el hecho de que ‘públicamente o en asamblea’ se condone, niegue o trivialice gravemente ‘el genocidio, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra’. Oficialmente, esto aplicará una decisión de la UE de 2008 para combatir el racismo, por lo que la supuesta declaración debe ser ‘probable’ que ‘incite el odio o la violencia’ contra un grupo nacional, racial, religiosa o étnica, contra partes de la población o contra un individuo a causa de su afiliación a ello, y ‘perturbe la paz pública’.

La enmienda a la ley, que se aprobó con los votos de los socialdemócratas (SPD), los liberales (FDP), los Verdes y los demócratas cristianos (CDU/CSU), se redactó deliberadamente de tal manera que no se pone ningún límite al tiempo y al lugar de los citados delitos, ni tienen que ser ‘establecidos definitivamente por un tribunal’. Tal limitación había sido posible gracias a la Decisión Marco de la UE, pero la coalición ‘semáforo’ del SPD, el FDP y los Verdes, junto con la CDU/CSU, no la utilizó deliberadamente, tal y como afirma explícitamente la resolución recomendada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento sobre la ley. Incluso si una declaración de este tipo se hace en una reunión no pública, puede ser procesada.

Esto significa que no importa cuándo o dónde se produjeron los crímenes de guerra o el genocidio, o si tienen una conexión con Alemania o no. Dado que tampoco tienen que establecerse judicialmente, la sospecha de una afirmación propagandística también puede ser suficiente. Basta con que los agentes de policía, los fiscales o los jueces las declaren ciertas.

Al mismo tiempo, la ley proporciona a la judicatura alemana un margen de maniobra prácticamente ilimitado, a través de términos jurídicos no definidos, sobre cuándo perseguirá las declaraciones supuestamente ilegales y cuándo no, cuándo hay ‘trivialización’, cuándo ésta es ‘grave’ y cuándo una declaración es ‘adecuada’ para ‘perturbar la paz pública’ (no se requiere una perturbación real).

A pesar de todos los desmentidos del Ministerio de Justicia, que apuntan a los procedimientos de infracción contra Alemania del año pasado por no aplicar la decisión de la UE de 2008, el motivo del endurecimiento de la ley es, obviamente, la guerra de Ucrania. Se decidió literalmente en una acción de capa y espada, aparentemente se debía evitar la discusión pública, como describió vívidamente el Süddeutsche Zeitung:

No hubo ningún anuncio importante, sino que el Ministerio de Justicia de Marco Buschmann (FDP) entregó una ‘ayuda a la formulación’, inicialmente no pública, a la Comisión de Asuntos Jurídicos. A continuación, la comisión había adjuntado el texto a un discreto proyecto de ley de reforma en el Registro Federal Central el miércoles. De este modo, se pudo avanzar rápidamente: El jueves por la noche, poco antes de las 23 horas, las facciones del semáforo del Bundestag, junto con los democristianos, ya habían dado su aprobación definitiva.

Ahora, sólo el Bundesrat, la segunda cámara, debe dar su visto bueno el 25 de noviembre; tras la ratificación del presidente federal y la publicación en el Boletín Oficial Federal, entra entonces en vigor.

La razón de la prisa y el sigilo con que se está aprobando esta ley es el miedo y la ira de la clase dirigente por el hecho de que la guerra por delegación de la OTAN en Ucrania contra Rusia, a pesar de la incesante propaganda, es rechazada por amplios sectores de la población. A muchos trabajadores no les mueve el deseo de victoria sobre Rusia, sino la preocupación por el aumento del coste de la vida y el miedo a la guerra. La respuesta de la clase dominante es criminalizar el rechazo a la propaganda de atrocidades contra Rusia.

La importancia de la ley, sin embargo, va mucho más allá de la guerra de Ucrania. En la mayoría de las guerras y guerras civiles del mundo, las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio desempeñan un papel político central. A veces son ciertas, pero sólo un pretexto; a menudo resultan ser mentiras.

Así, para justificar la guerra contra Irak, se sacaron a relucir crímenes reales del pasado por parte del régimen de Hussein, como los ataques con gas venenoso contra los kurdos durante la guerra contra Irán, pero también se inventaron historias de atrocidades, como que los soldados iraquíes arrancaron a los bebés kuwaitíes de las incubadoras. La guerra de agresión de la OTAN contra Yugoslavia, que violó el derecho internacional, fue precedida por la propaganda sobre un supuesto ‘plan de herradura’ del presidente yugoslavo Milosevic, que supuestamente planeaba un genocidio contra los albaneses de Kosovo. Una propaganda similar se utilizó para justificar la guerra contra Libia para derrocar y asesinar al líder libio Gadafi. Los ejemplos podrían continuar.

En el futuro, con la nueva ley, cualquiera que cuestione la propaganda de guerra de la clase dirigente podrá ser perseguido. En cambio, el odio y la negación de los crímenes de guerra contra los enemigos de Alemania seguirán sin ser perseguidos. Ningún fiscal procesará a los nacionalistas ucranianos por glorificar a los nazis como el regimiento Azov o el fascista Stepan Bandera e incitar contra los ‘orcos rusos’.

La persecución de los opositores a la guerra tiene una larga tradición en Alemania. Los líderes socialistas August Bebel y Wilhelm Liebknecht fueron condenados a dos años de prisión por sus críticas a la guerra franco-prusiana de 1870. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron encerrados en una penitenciaria por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Los nazis acabaron encarcelando a cientos de miles de comunistas y socialdemócratas en campos de concentración para llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial.

En nombre de la lucha contra la ‘incitación al pueblo’, la clase dominante está reanimando esta tradición. La nueva ley forma parte de los amplios ataques a los derechos democráticos básicos destinados a suprimir la oposición generalizada a la guerra y la devastación social.

Por ejemplo, en la capital, Berlín, las autoridades prohibieron todas las manifestaciones del ‘Día de la Nakba’, que marca la destrucción de la sociedad y la patria palestinas en 1948. Este año, en muchas partes de Berlín, se prohibió conmemorar la liberación del fascismo en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Unión Soviética con banderas soviéticas en los monumentos y memoriales soviéticos el Día de la Liberación, el 9 de mayo. En una sentencia contra el diario de izquierdas Junge Welt en marzo, el Tribunal Administrativo de Berlín justificó que se permitiera a las publicaciones ser espiadas, acosadas y discriminadas por el servicio secreto si abogaban contra el capitalismo y por una sociedad socialista.

Anteriormente, el Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP) había sido sometido a la vigilancia de los servicios secretos e incluido en su informe anual como hostil a la Constitución. Cuando el SGP emprendió acciones legales contra esto, el gobierno federal justificó su acción contra el partido alegando que el SGP se posicionaba en contra del nacionalismo y el militarismo y luchaba por una sociedad igualitaria, democrática y socialista.

Después de que dos tribunales se sumaran a este escandaloso revival de la Gesinnungsjustiz (persecución por ideas o creencias) de los nazis, el SGP presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. Con su campaña, el SGP no sólo defiende sus propios derechos democráticos, sino que se sitúa en la vanguardia de la lucha contra las crecientes tendencias autoritarias, expresadas recientemente en la nueva legislación del párrafo 130. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los lectores del WSWS para que firmen nuestra petición en Change.org y se conviertan hoy en partidarios activos del SGP.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de octubre de 2022)